VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat y candidato del PSPV-PSOE a reeditar su cargo, Ximo Puig, presentó este lunes su programa electoral ante dos centenares de representantes de la sociedad civil en el Centre del Carme. Unas propuestas que, a diferencia del resto de partidos, vienen acompañadas de una memoria económica que explica cuánto costará cada medida y de dónde saldrán los fondos de cada una de estas iniciativas.
Así, según el informe preparado desde el Palau de la Generalitat, la estimación realizada proporciona una mejora neta de los recursos no financieros para el periodo 2020-2023 con una horquilla de entre 1.200 y 1.400 millones de euros. Un cálculo en el que no se ha tenido en cuenta la reforma del sistema de financiación autonómica pendiente y prometida por todos los partidos políticos desde la caducidad del modelo cinco años atrás.
Una postura que, según indican fuentes de la Generalitat, se debe a que una hipotética remodelación del citado sistema iría a parar a la contención del déficit de la Generalitat, que continúa creciendo, como ha señalado en un reciente informe la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha pedido al Ministerio de Hacienda que ponga bajo estrecha vigilancia la Hacienda valenciana.
En este sentido, según la memoria presentada por el PSPV-PSOE este lunes, la asunción de las propuestas presentadas en el programa electoral se cubrirían "con el incremento de los ingresos de la mejora de la economía, con una estimación en la que la previsión de incremento el PIB nominal ha sido matizada por el deflactor de la inflación y su impacto sobre el coste de los salarios y servicios". Además, para este cálculo se estima un comportamiento estable de la economía en todo el período además de no contemplarse modificaciones en el marco fiscal.
Más gasto
La memoria refleja que se programa a cuatro años de mandato, teniéndose en cuenta además una orientación de los próximos Presupuestos Generales del Estado y también de la Unión Europea.
El coste de las inversiones y el aumento de gasto de las medidas del programa electoral suman 1.178 millones de euros en toda la legislatura, cifra que no incluye otros gastos adicionales como las subidas de sueldo de los funcionarios, el aumento de los gastos corrientes o el de los gastos financieros -la deuda de la Generalitat sigue creciendo y se prevé un aumento de los tipos de interés-.
Así pues, en el cuadro presentado por el PSPV, se estima que el anuncio proclamado por el socialista Ximo Puig de la matrícula universitaria gratuita para estudiantes que aprueben el curso completo costará un total de 120 millones de euros. De la misma manera, el incremento de las becas Erasmus está cifrado en 13,6 millones de euros y la educación gratuita en niños de hasta dos años en 61 millones de euros. En el área de 'Seguir Sumando Conocimiento', se otorgan 16 millones de euros para las plazas de auxiliares en inglés, y seis millones de euros para el Centro de Envejecimiento de Alicante.
No son las únicas iniciativas cifradas en este apartado. Se reservan 10 millones de euros para el centro de conducción autónoma de Ciudad de la Luz, tres millones para un departamento de Big Data y cinco millones -más dos del Gobierno de España y sendos de colaboración público-privada y Unión Europea- para un nuevo instituto tecnológico dedicado a la transformación digital de las empresas.
Empresas, empleo, vivienda y sanidad
No son las únicas partidas detalladas en el programa de Puig. También se reservan 100 millones de euros para la modernización de regadíos, 35 para el postravase Xúquer-Vinalopó, 20 para la desestacionalización del turismo o para el plan de estructuras agrarias. En este área de 'Seguir Sumando Crecimiento' vinculada al tejido productivo también destacan los 12 millones para la exención fiscal de la empresa familiar o los 15 millones para el plan de urgencia de transformación digital para el tejido productivo valenciana.
Una de los compromisos más cuantiosos para el futuro gobierno de Puig es el relacionado con las medidas para el fomento del empleo. 230 millones de euros son los que el Consell que lidere planea gastar en cuatro años a lo que hay que sumar la previsión otros 235 millones procedentes del Gobierno de España y de 14,5 millones de la Unión Europea. En este ámbito, también se comprometen a la ampliación de la tarifa plana de autónomos por un montante de 13 millones de euros.
Reducción de las listas de espera, otra prioridad
Otro desembolso importante que se cuantifica en el programa de Puig se dirige a las listas de espera, un problema en el que la oposición ha incidido insistentemente en las últimas semanas.
Así, en la memoria económica del programa de los socialistas, se especifica que se destinarán 200 millones de euros para la reducción de este problema, acompañados de 100 millones dirigidos a infraestructuras de atención primaria. En este ámbito, también se contemplan 44 millones para la atención bucodental desde los 0 hasta los 16 años y 25 millones para las residencias y centros de día, con los que se cuenta además con otros 25 de diputaciones y ayuntamientos, 12 del Gobierno de España y 120 de la colaboración público-privada, cifra esta última que supera la de todas las administraciones juntas.
La reversión de La Marina
En este punto, llama la atención que se limite a 16 millones de euros en cuatro años el montante con el que el PSPV de Puig plantea resolver la reversión de departamento de salud de La Marina. Ese es el precio que la Generalitat ha ofrecido a DKV y Ribera Salud, pero de producirse la reversión el coste en cuatro años sería mucho mayor. Baste observar lo ocurrido en Alzira, revertida a coste cero al terminar el período de concesión pero que ha conllevado inversiones de más de 8 millones de euros y la contratación de 466 personas.
En cuanto a vivienda, se estiman 16,5 millones para 1.000 viviendas para universitarios en alquiler, si bien se calculan otros 8 de diputaciones y ayuntamientos y 31,5 de colaboración público-privada. En esta línea, también se prevé una inversión de 10,5 millones en 500 viviendas colaborativas.
Por último, se calculan 20 millones en infraestructuras deportivas -más 20 de diputaciones y ayuntamientos- y 30 en un fondo contra el cambio climático al que se espera que contribuyan con 50 millones desde otras instituciones.