Ximo Puig, presidente de la Generalitat, y Mónica Oltra, vicepresidenta. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Habrá recortes, pero no de las partidas sociales. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reconoció este viernes que el Consell no tendrá más remedio que revisar algunos de los gastos previstos de aquí a final de año porque la falta de Gobierno y de unos nuevos Presupuestos Generales privarán a la Comunitat de recibir recursos del Estado con los que contaba para 2019.
En concreto, Puig estima en nada menos que mil millones de euros la cantidad que la Generalitat no va a poder ingresar porque el hecho de que el Gobierno central esté en funciones le impide tomar las decisiones vinculadas a la llegada de ese dinero.
Por ello, el jefe de la Generalitat reconoció en entrevistas concedidas a la SER y La Sexta que todas las conselleries del Botànic2os están revisando las respectivas partidas previstas de gasto aún no ejecutado para determinar cuáles de ellas se pueden llevar al próximo año. Una labor de "cirugía fina" que, según dijo, no afectará al "corazón" del Estado del Bienestar. La decisión de dónde caerán los recortes se tomará "en las próximas semanas".
El fracaso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 elaborado por Pedro Sánchez obligó a prorrogar las cuentas de 2018 y privó a la Comunitat de una serie de inversiones y transferencias que el Consell ha estimado en 2.500 millones de euros.
La no recepción de esos recursos ha coincidido, además, con el hecho de que el Consell aprobase para el último año de la legislatura un presupuesto expansivo con un aumento del gasto del 9,9% basado en previsiones que no se han cumplido.
El hecho de que no haya un Gobierno constituido ha impedido, entre otras cuestiones, actualizar las entregas a cuenta que el Estado realiza a las comunidades autónomas, unos 4.500 millones de euros retenidos por la situación del bloqueo político ante las que otras comunidades ya han tomado medidas. Cataluña, por ejemplo, ha anunciado el cierre anticipado de su presupuesto.
En el caso de la Comunitat, esta partida supone 450 millones de euros que no llegarán este año a menos que Pedro Sánchez consiga ser investido presidente en su nuevo intento de septiembre. Pese a todo, el Gobierno se ha comprometido con las comunidades a que su primer Real Decreto una vez constituido sea para enviar ese dinero a las comunidades, incluso aunque no haya unos nuevos PGE.
Los frustrados PGE de 2019 también incluían para la Comunitat 280 millones de euros por la devolución de una mensualidad de IVA pendiente de 2017. El Gobierno en funciones también ha prometido priorizar esta devolución, pero en este caso sí que es necesaria la aprobación de unos nuevos PGE, algo que en el mejor de los casos podría suceder a partir del 1 de enero de 2020.
En los mil millones de euros en los que Puig cifró el perjuicio para la Comunitat por la falta de Gobierno también están los cerca de 237 millones de euros en los que se ha reducido el margen de gasto de la Comunitat al no prosperar la propuesta de flexibilizar el objetivo de déficit de este año para las comunidades del 0,1% previsto inicialmente al 0,3% que previeron los socialistas.
Como publicó Valencia Plaza, el Gobierno central ya había advertido a la la Comunitat del riesgo de exceder el déficit en el informe de seguimiento del Plan Económico Financiero (PEF) 2018-19 de la Comunitat del primer trimestre. Por ello, el departamento que dirige en funciones María Jesús Espinosa exigía ya medidas para una "contención de gasto significativa" hasta cerrar el año.
Cumplir el tope de déficit de este año, fijado en el -0,1% del PIB, requeriría un recorte de 1.450 millones respecto a la desviación con la que acabó 2018, un objetivo del todo inalcanzable para la Comunitat.
Los gastos no financieros ya aumentaron un 7,89% al cierre de marzo, "tasa muy superior a la prevista para el cierre del ejercicio del 1,67%". Por ello, el Gobierno central consideró que la situación exigía "intensificar los esfuerzos" en los tres trimestres restantes del ejercicio para contener el gasto.
Por otro lado, el jefe del Consell continuó avivando las acusaciones contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras anunciar "la mayor rebaja" de impuestos de la historia en Madrid para "compensar la voracidad fiscal" del Gobierno central del PSOE. Para Puig, "no se puede jugar a la demagogia fiscal porque si juegas a la demagogia fiscal no vas a poder financiar el sistema social".
El jefe del Consell llamentó que, mientras "algunas CCAA estamos absolutamente ahogadas por la infrafinanciación y necesitamos mantener los impuestos porque si no se van al traste la sanidad, la educación y los servicios sociales, lo que no se puede hacer es este dumping que genera más desigualdad".
Por su parte, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, dijo al respecto que la competencia fiscal a la baja entre las comunidades "es la manera de prolongar los recortes que la crisis trajo a la sanidad y la educación públicas y la atención a los dependientes".
"La contribución fiscal de los valencianos es 2.500 millones superior a la que le corresponde por su renta relativa. Madrid, como capital, es la principal beneficiaria de ese saldo fiscal", lamentó Soler.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
