Foto: MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EPVALÈNCIA (EP). El Real Decreto-ley que incorpora el plan de rescate por importe de 4.220 millones de euros para la hostelería, el comercio y el turismo, sectores más castigados por la pandemia, entrará en vigor mañana, 24 de diciembre, tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El plan contempla una batería de medidas fiscales y laborales para el sector turístico, la hostelería y el comercio, con rebajas en la factura fiscal, moratoria de pagos y exoneraciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social, entre otras iniciativas.
Respecto a las medidas dirigidas a arrendamientos de locales de negocios, la norma establece que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (10 o más locales), si las partes no llegan a un acuerdo, el arrendatario podrá optar entre una quita del 50%, o alternativamente un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma. El pago aplazado de estas rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria.
El número potencial de locales beneficiarios serían de 190.000, de los que 33.000 corresponderían a establecimientos relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.
Para el resto de arrendadores de locales se establece un incentivo fiscal para que las personas físicas que alquilan a estos sectores acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante esos meses.
Este incentivo tiene un coste estimado de 324 millones de euros y permite deducir hasta el 100% de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. Se estima que 323.701 arrendadores se pueden acoger a esta medida.
En relación a las medidas de liquidez y solvencia, el norma amplía la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas con reafianzamiento de CERSA, así como de su periodo de amortización.
El Gobierno ha destacado la creación de un nuevo tramo de la línea de avales del ICO para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotada con 500 millones de euros y con hasta un 90% de garantía.
Una medida que permitirá obtener financiación a empresas muy afectadas por la crisis como las agencias de viajes, el transporte discrecional y el sector alojativo al incrementarse la garantía pública de los avales en 10 puntos respecto a la línea ICO Covid-19.
Respecto a las medidas tributarias, la norma contempla una nueva edición del aplazamiento de deudas tributarias, que permite aplazar durante 6 meses, con tres de carencia de intereses, deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, de modo que en lugar de ingresar en abril se ingresarían las deudas en octubre.
De esta forma, se evitan las posibles tensiones de tesorería que puedan experimentar las pymes y autónomos, según el Ejecutivo. El importe potencialmente aplazado ascendería a unos 2.668 millones de euros y se beneficiarían unos 617.000 contribuyentes, de los cuales unos 92.000 son del sector Horeca y 68.000 de comercio al por menor.
Otra medida que recoge este real decreto es aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con carácter general para 2020. Sin embargo, para los sectores como el caso de la hostelería, el comercio y el turismo esa reducción en la tributación por módulos llegará al 35%.
Esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. De hecho, las reducciones del 20% con carácter general y del 35% para el turismo, la hostelería y el comercio también se aplicarán en la tributación del régimen simplificado del IVA correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a la primera cuota trimestral de 2021.
El importe estimado de esta medida ascendería a 117 millones de euros, de los que se beneficiarían 132.000 contribuyentes del sector.
Otras medidas tributarias son la reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF; la exención prevista para las retribuciones en especie del servicio de comedor de empresa, aplicable el consumo de comida tanto en 'delivery' como 'take away', entre otras.
La norma refuerza la protección de actividades como el comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas y establecimientos de bebidas, que pasarán a formar parte de las actividades CNAE protegidas en la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
De esta forma, las exenciones de cuotas a la Seguridad Social previstas a las empresas de estos sectores que han prorrogado sus ERTE tanto con su actividad suspendida como reiniciada podrán alcanzar hasta el 85%.
La inclusión de estos sectores en el listado CNAE responde a que la tasa de cobertura de los trabajadores todavía amparados por los ERTE es superior al 15% de los afiliados en su código de CNAE y su tasa de recuperación desde primeros de mayo es inferior al 65%.
Asimismo, la norma extiende las bonificaciones a los trabajadores fijos discontinuos, aplicables además de a las empresas encuadradas en el sector del turismo, también al comercio y la hostelería, siempre que estén vinculadas al sector turístico.
El decreto mantiene las bonificaciones del 50% por extensión del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos desde el mes de abril hasta el mes de octubre de 2021 complementariamente al periodo ya previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 de los meses de febrero, marzo y noviembre. Estas bonificaciones serán compatibles con las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social que, eventualmente, pudieran ser aplicables.
Por último, el plan flexibiliza requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales. Así, estima que esta medida beneficiará a unos 615 proyectos de inversión empresarial que están en vigor o en fase de mantenimiento del empleo y las inversiones, con una subvención total asociada de más de 740 millones de euros, de los que en torno a un 40% se corresponden con ayudas al sector turístico.
Además, en las medidas regulatorias también se amplía la moratoria para presentar concurso de acreedores.
