Los diputados del PSPV, Manolo Mata y Alfred Boix. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Este miércoles Podemos presentó una proposición de ley para vaciar de competencias las diputaciones. Un objetivo marcado en el Acuerdo del Botánico que PSPV, Compromís y los morados firmaron en mayo de 2015 para conformar el Gobierno valenciano. La propuesta de la formación que dirige Antonio Estañ no será registrada hasta el próximo lunes, fecha límite que se han marcado para que sus socios parlamentarios puedan realizar aportaciones al texto legal y así poder llegar a acuerdos que permitan sacar adelante la norma.
Sin embargo, a priori, los socialistas guardan ciertas dudas respecto al contenido -que no el fin- de la ley. En concreto son dos los interrogantes que tienen. En primer lugar desconocen qué pasaría con el personal empleado en las corporaciones provinciales si estas viesen reducidas considerablemente sus competencias y solo mantuvieran las básicas que no fuesen "del interés general para la Comunitat Valenciana". La ley presentada por Podemos determina que se respetarían sus derechos, pero no desarrolla cómo o de qué manera se garantizarían.
Por otra parte, en el PSPV tampoco saben qué sucedería con el presupuesto que anualmente reciben las diputaciones para desarrollar sus potestades. O dicho de otra manera, con qué se financiarían las competencias que la Generalitat asumiese de las corporaciones provinciales que según la propuesta de los morados serían: Infraestructuras, Educación, Turismo, Cultura y Deportes, Salud y Bienestar Social, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Empleo, Seguridad y Orden Público.
En este punto conviene señalar que el Estado financia a las entidades locales -como son las diputaciones- con un porcentaje de los impuestos que es diferente de la partida para la financiación de las Comunidades Autónomas. Y son las diputaciones las que, con el presupuesto asignado, distribuyen los gastos de la manera que creen conveniente. Si, como quiere Podemos, es la Generalitat la que asume las competencias que quiere retirar a las diputaciones, parece complejo, por una parte, que el Estado traspase parte de la financiación local a la financiación autonómica para compensar ese traspaso de competencias. Y por otra, aunque esto fuera posible, tampoco sería sencillo establecer qué porcentaje de la financiación estatal que llega a cada una de las tres diputaciones valencianas debería pasar a la Generalitat, pues las corporaciones son soberanas para distribuir sus recursos.
La norma presentada por Podemos no especifica cómo se regularía este aspecto. Y aunque el secretario general de la formación aseguró este miércoles que la metodología sería que el Estado siguiera transfiriendo a las diputaciones el presupuesto para las competencias que mantenga y la Generalitat recibiría las transferencias correspondientes a las que asuma como "ha pasado en comunidades uniprovinciales", los socialistas dudan de que esto sea así de fácil.
La intención del partido de Estañ es que esta ley salga adelante por procedimiento de lectura única. Es decir, un método que no permite enmiendas ni modificaciones al texto presentado porque reúne el suficiente consenso por parte de una mayoría parlamentaria y que, por tanto, aceleraría su tramitación porque no tendría que superar todos los procesos que supera una norma de manera habitual.
Así, se ahorraría toda la fase de negociación de enmiendas y la ley podría entrar en vigor antes de la próxima legislatura. No obstante, para que la norma fuese aprobada mediante esta fórmula, el PSPV, Compromís y Podemos deberían llegar a numerosos acuerdos para cerrar un texto que agradase a las tres formaciones.
