Ximo Puig. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. "(El PP) tendrá que explicar a los ciudadanos por qué está intentando cercenar las posibilidades de futuro de los servicios públicos fundamentales"."Se han cambiado las reglas en positivo para las comunidades y el PP lo quiere boicotear usando el Senado como dique". "El veto a la flexibilización del déficit sería una mala noticia para los valencianos porque nos quita 220 millones para sanidad, educación y protección social". "Significa que tendremos menos posibilidades para continuar mejorando la sanidad o erradicar barracones, cosas elementales que afectan a la vida cotidiana de los valencianos". "Todo este tipo de medidas son positivas y fundamentales para poder respirar". "Sería terrible".
Las dos primeras frases son de Ximo Puig, la semana pasada. Las otras del conseller de Hacienda, Vicent Soler. El futuro de los valencianos se ennegrecía tras el anuncio de Pablo Casado de que el PP vetaría en el Senado la nueva senda de estabilidad pactada por Pedro Sánchez con la Unión Europea. Esta nueva senda suponía 2.312 millones de euros adicionales para gastar por parte de las Comunidades Autónomas en 2019, al aumentar del 0,1% al 0,3% el límite de déficit, de los que 217 millones correspondían a la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, el silencio se impuso en ambos dirigentes este viernes cuando no fue el PP sino los socios de Ximo Puig en el Pacte del Botànic, Podemos y Compromís, los que con su abstención, y la de otros partidos, impidieron la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021 y el límite de gasto no financiero para 2019, conocido como 'techo de gasto'.
No hubo pataleta gubernamental, como cuando el veto lo anunció el PP, todo lo contrario. El único pronunciamiento del Consell lo dio su portavoz, Mónica Oltra, quien justificó la abstención de su partido con el argumento de que "la Comunitat Valenciana se está desangrando" por "la falta de ingresos justos" y por ello "no necesita más tiritas, sino que nos cosan la herida y una transfusión" de dinero con un nuevo sistema de financiación. "La solución no es aumentar la deuda sino la financiación", añadió.
Preguntada por las consecuencias que tendrá para la Comunitat el rechazado en el Congreso, destacó que "en un mes se tiene que producir otra votación" y dijo que confía en que para entonces haya "una solución satisfactoria" para "todos los territorios y para las formaciones políticas plurales que conforman el Congreso".
Las palabras de Oltra no sentaron nada bien en el PSPV, que se había mordido la lengua para evitar criticar a Compromís. Valiéndose de la metáfora utilizada por Oltra, el vicesecretario general del PSPV, Manuel Mata, lamentó que la "insólita alianza de grupos tan dispares" como PP, Ciudadanos, Podemos y Compromís hubiera evitado que la Comunitat Valenciana tenga "un torniquete que evite desangrarnos por falta de fondos".
"Cuando hay una herida, es verdad que una tirita no lo resuelve, pero cuando alguien se está desangrando, o hay un torniquete urgente o la muerte es segura", añadió, para rematar con una referencia directa a sus socios: "Por muchas explicaciones que Podemos y Compromís ofrezcan, no van más allá del absurdo". Según Mata, lo ocurrido en el Parlamento "es que no han querido ayudar al pueblo valenciano que tanto lo necesita".
Como afirmaba el portavoz socialista, PP y Ciudadanos votaron en contra, pero con ese voto negativo ya se contaba. Fue la abstención de parte del bloque de izquierdas, el que aupó a Sánchez a La Moncloa, el que con su abstención impidió que la propuesta saliera adelante.
El resultado de la votación fue de 88 votos a favor -los 84 diputados del PSOE y cuatro del PNV-, frente a 173 'noes' del PP (134 diputados), Ciudadanos (32), UPN (2), Bildu (2), Foro Asturias (1) y Coalición Canaria (1) y el diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero, quien, según confirmó él mismo a Europa Press se equivocó. Se abstuvieron 86 diputados: 66 de Unidos Podemos, los cuatro de Compromís, los nueve de ERC y los siete del PDeCAT.
Ignasi Candela, de Compromis, justificó la abstención porque su grupo ve "insuficiente" la senda para recuperar la autonomía financiera, aunque mostró la disposición de la formación valenciana al diálogo, para que su abstención se convierta en un sí en septiembre. En esa idea abundó en la segunda intervención el portavoz de Compromis, Joan Baldoví.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Ejecutivo configurará un proyecto presupuestario para 2019 y presentará en un mes la misma senda, descartando en declaraciones posteriores una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto, el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes.
No obstante, esta ley en ningún momento establece que su aprobación sea imprescindible para la aprobación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el cual debe ser remitido por el Gobierno a las Cortes antes del 30 de septiembre, según recoge la propia Constitución.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
