VALÈNCIA. Cuando Podemos presentó la propuesta de resolución en el Debate de Política General que instaba al Consell a implantar una tasa turística, cuatro eran los fines que pretendían que tuviera este impuesto. Contribuir a la mejora de los servicios que disfruten los turistas que visiten la Comunitat Valenciana, mejorar las infraestructuras y dotaciones turísticas de la autonomía y municipios, impulsar las buenas prácticas laborales en el sector y fomentar y desarrollar el sector turístico. Es decir, la promoción turística.
No obstante, de aquel texto al diseño definitivo de esta tasa que los morados han plasmado en la enmienda a la ley de Acompañamiento de 2018, que presentaron este miércoles, han desaparecido algunos de aquellos elementos. Concretamente, la parte destinada a la promoción turística. Y ni los motivos son casuales ni esta elipsis es fruto de un inocente olvido.
El partido que dirige Antonio Estañ ha estado trabajando y reuniéndose con sindicatos y empresarios del sector durante estas últimas semanas para conseguir esbozar una propuesta que contentara a los distintos agentes implicados. Querían que esta tuviera una gran aceptación y así conseguir que pudiera implantarse ya el próximo año.
La promoción turística era una de las principales preocupaciones de la patronal Hosbec, según señalan fuentes de Podemos a este diario. Sin embargo, "la falta de colaboración desde la primera y única reunión" que han mantenido y "el escaso interés" por escuchar la propuesta final, ha llevado a los morados a mover ficha y a eliminar esta reivindicación -es decir, que parte de lo recaudado con la tasa fuera destinado a la promoción del turismo-. En la rueda de prensa que ofreció la formación, el diputado David Torres lamentó no haber recibido ninguna propuesta del sector empresarial "para mejorar el turismo en la Comunitat Valenciana".
Así, en la enmienda de Podemos queda recogido que lo recaudado a través de este impuesto finalista, en caso de entrar en vigor, se invertiría en la mejora de los servicios que disfrutan los turistas, el mantenimiento de infraestructuras, el impulso de buenas prácticas laborales, la lucha contra el intrusismo de los apartamentos ilegales y la promoción del medio ambiente y desarrollo de un turismo sostenible.
La propuesta que presentó Podemos consta de un tramo fijo autonómico que oscila entre 0,5 y los 2 euros por persona y noche, y otro variable municipal que cada ayuntamiento deberá decidir si aplica o no. Un impuesto directo, instantáneo y finalista que se aplicaría durante los 10 primeros días de estancia, pero que también contaría con exenciones.
Así, aquellos que tengan 16 años o menos no pagarían tasa turística. Tampoco abonarían este impuesto los que realicen estancias por fuerza mayor, aquellos que realizaran estancias motivadas por razones de salud en el sistema público de Sanidad, incluidos los acompañantes del enfermo, y las estancias subvencionadas por programas sociales de administraciones públicas, como el Imserso.
Con este diseño, la formación calcula que con el tramo autonómico se podría llegar a recaudar entre 30 y 40 millones, mientras que si el Ayuntamiento de València decidiera en un pleno aplicar también el tramo municipal podría "sumar entre 1 y 2,5 millones de euros", según detalla Torres a Alicante Plaza. De salir adelante, aunque la negativa del PSPV lo hace casi imposible, la tasa turística no llevaría ningún aspecto reivindicado por la patronal hotelera.