Rocio Segura, Antonio Estañ, Fabiola Meco y David Torres. Foto: VPVALÈNCIA. Junto a la agencia antifraude, la reforma de la ley del Estatuto de expresidentes de la Generalitat Valenciana fue uno de los proyectos estrella de Podemos al inicio de la presente legislatura. Aunque la iniciativa no consiguió ver la luz y fue rechazada por unanimidad en el pleno tras superar todo un trámite parlamentario, el contexto actual –las recientes novedades del caso Gürtel que salpican al ex jefe del Consell, Francisco Camps, que actualmente ocupa un puesto en el Consell Jurídic Consultiu (CJC)– ha provocado que la formación morada quiera retomar aquella propuesta.
Cuando el partido que lideraba entonces Antonio Montiel obtuvo 13 diputados en Les Corts Valencianes, apenas tardó días (30 de julio de 2015, aunque se publicó en septiembre en el Boletín Oficial de Les Corts Valencianes) en registrar esta proposición de ley para modificar la norma aprobada por el Consell de Eduardo Zaplana. La intención era que se derogaran distintos preceptos que el texto atribuye a los Molt Honorables como, por ejemplo, el apoyo de servicios de la Generalitat en sus desplazamientos fuera del territorio, coche oficial, despacho, e, incluso, la desaparición del puesto permanente en el CJC que pueden llegar a ocupar 15 años.
La propuesta pasó por comisión, donde los grupos registraron distintas enmiendas para rectificar cuestiones que no veían del todo claras. De hecho, PSPV y PP no solo coincidieron en rechazar que la reforma fuese con carácter retroactivo, sino que pactaron para evitar que prosperara una de las piedras angulares que planteaba Podemos: eliminar que los expresidentes fueran miembros natos del CJC. Aquella alianza generó malestar y fricción entre los socios del Botànic, ya que permitir que los ex jefes del Gobierno valenciano tuviesen un cargo en el órgano no sólo era algo que los morados querían tumbar, sino que también Compromís -y Ciudadanos- votaron a favor de la enmienda del partido de los círculos.
Con la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat resuelta, la proposición de ley llegó al pleno en julio de 2016. Y tal fue el aluvión de enmiendas y modificaciones que quedaron en el cajón por el frente común que formaron el partido que dirige Isabel Bonig y el que lidera Manolo Mata en el parlamento valenciano, que incluso llegado el momento de las votaciones el partido proponente de la reforma de la ley, Podemos, votó en contra.
"Ha perdido su esencia durante la tramitación parlamentaria", denunció la diputada de la formación morada Fabiola Meco. "Ha sido una oportunidad perdida y una partida que ha ganado el statu quo de los privilegios", añadió. La votación, impedía revertir situaciones como la de tener "a un indigno (Francisco) Camps en el CJC que cuesta 74.400 euros, más de lo que cobra (Ximo) Puig", como también acuñó la parlamentaria.
Ahora, tras la confesión de este martes de Francisco Correa en la que denunciaba que el PP de Camps le pagó en 'B' con facturas falsas, la formación morada exigió al expresident que renunciara al Consell Jurídic Consultiu. A su vez, pidieron a la presidenta regional del partido de la gaviota que dejara de "defender" la figura de Camps para "hacer honor a esa supuesta regeneración".
Con este escenario, desde el grupo parlamentario aseguran que volverán a presentar la proposición de modificación de la ley del Estatuto de expresidentes. "Recogeremos todos los acuerdos a los que se llegaron en la comisión y ahondaremos en la cuestión de que el Consell Jurídic no sea una puerta giratoria para los expresidents", subrayan a Valencia Plaza.
