VALÈNCIA. Un día después de que el president de la Generalitat, Ximo Puig, y su homólogo de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, anunciaran la constitución de dos comisiones para mejorar la coordinación entre ambas administraciones y evitar duplicidades, Podemos ha dado un paso adelante. La formación morada registró este miércoles la ley sobre competencias de las diputaciones que venía anunciando hace ya dos semanas. Una norma que, finalmente, tiene más sello socialista que de la propia formación morada.
Esto es, al inicio de todo el debate el partido que lidera Antonio Estañ presentó una proposición de ley para vaciar de competencias las corporaciones provinciales. En ella, recogía que la Generalitat asumiría como propias las competencias que le son exclusivas pero que actualmente tiene delegadas en las diputaciones. Estas son "Infraestructuras; Turismo; Cultura y Deportes; Educación; Salud y Bienestar Social; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Empleo; Seguridad y Orden Público". También determinaba que el Gobierno valenciano podía delegar en las corporaciones provinciales algunas de estas potestades -denominadas de interés general para la Comunitat Valenciana-, pero siempre debía hacerlo de manera expresa.
Sin embargo, no llegaron a registrar la norma porque querían que PSPV y Compromís hicieran aportaciones al texto legal para que fuera una redacción lo más consensuada posible y pudiera salir adelante por procedimiento de lectura única -sin posibilidad de enmiendas ni modificaciones porque la norma reúne el suficiente consenso para que una amplia mayoría parlamentaria la apruebe-. Así, mientras la coalición valencianista apenas realizó retoques sobre el texto, los socialistas reescribieron la ley planteada. Una propuesta que, finalmente, ha sido la que han registrado los morados y que poco tiene que ver con la original.
Por una parte, la ley de los socialistas no especificaba que se le fueran a retirar a las diputaciones las competencias que son de interés general de la autonomía para que las asumiera por completo el Gobierno valenciano, sino que tan solo dejaba la puerta abierta a que esto pudiera ocurrir. Además, regulaban que las corporaciones provinciales no podrían ejercer "competencias distintas de las propias ni de las atribuidas por delegación". Es decir, lo que ya hacen.
El PSPV también determinaba que las competencias propias de las corporaciones provinciales -recogidas en la ley estatal de Bases de Régimen Local- se ejercieran en régimen de autonomía pero atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas. Unas facultades que, como novedad, deberán priorizar por encima de las delegadas.
El texto asumido ahora por Podemos también fijaba que en los municipios de menos de 20.000 habitantes los órganos provinciales coordinarán la prestación de servicios de recogida y tratamientos de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio, evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público. Todo ello preferentemente mediante fórmulas de gestión compartida a través de mancomunidades o consorcios.
Un artículo clave para que Podemos haya finalmente apoyado –y registrado– la ley es el que regula los planes sectoriales de coordinación de las competencias distintas de las propias que tienen las diputaciones o las propias de interés general. En este apartado se establece que es el Consell el que "ostenta la facultad de coordinar la actividad, servicios o prestaciones en ejercicio de competencias de las diputaciones provinciales distintas a las propias o de interés general". Unos planes que, además, serán aprobados por el Ejecutivo valenciano.
Con esto, en Podemos entienden que aunque las diputaciones provinciales seguirán ejerciendo las competencias que no le son propias, siempre lo harán siguiendo la hoja de ruta política que diseñe o marque la Generalitat.
Desde el grupo parlamentario que lidera Estañ subrayan la importancia de que esta norma salga adelante, ya que engloba a las diputaciones de las tres provincias de la Comunitat y no solo a la de Valencia "que es del mismo color político que el Gobierno valenciano".
En los próximos días, comenzará a tramitarse la norma. Sin embargo, habrá diferencias respecto al procedimiento. A los socialistas no les acaba de agradar la idea de que sea por procedimiento de lectura única; consideran que es un tema lo suficientemente trascendental como para que cada grupo parlamentario realice aportaciones.