Podemos pide por ley que los bancos informen a sus clientes si venden sus hipotecas a fondos de inversión

VALÈNCIA. Lo intentaron en Andalucía, pero no consiguieron que saliera adelante. Y ahora, el debate se traslada a la Comunitat Valenciana. El pasado 2 de febrero, el parlamento andaluz tumbó una proposición de ley de información a los consumidores sobre la "titulización" de préstamos hipotecarios y de otro tipo. Un texto normativo impulsado por Podemos cuyo fin último era obligar a los bancos a informar a sus clientes si vendían el préstamo que habían contratado a fondos de inversión para que pasaran a ser gestionados por estos. 

La propuesta, sin embargo, quedó encallada, ya que con la abstención de PP y Ciudadanos y los votos en contra de los socialistas de Susana Díaz, los escaños que sumaban Podemos e Izquierda Unida no resultaron suficientes para aprobarla. Ahora, no obstante, la formación morada que dirige Antonio Estañ tratará de ver aprobada esta ley para que entre en vigor en la autonomía valenciana. 

Así, el partido de los círculos registró el pasado viernes 9 de marzo la Proposición de Ley para obligar a las entidades financieras a que informen a sus consumidores -aquellos a los que se les haya cedido un crédito hipotecario u otro tipo de créditos- si esta prestación ha pasado a ser gestionada por un tercero -fondo de inversión-. Una comunicación, según el texto que modificaría además el Estatuto del Consumidor, que los bancos deberán hacer por escrito en el momento en que se produzca. Y, para ello, les fija un plazo máximo de cinco días hábiles que no podrán superar.

La entidad que no lo haga incurrirá en una infracción grave y si la falta de información impide al afectado defenderse en un proceso de ejecución hipotecaria, la infracción pasará a ser muy grave.

Conviene señalar que, tal y como detalla los antecedentes de la ley, desde 1992 "los bancos y las cajas disfrutan de un marco legislativo para la cesión a terceros de los créditos hipotecarios contraídos con sus clientes, y hacerlo además formando paquetes de centenares o miles de créditos sin necesidad de informar a las personas o familias afectadas". "Un mecanismo intensificado a partir de 2007", añade. 

Según el portavoz de Vivienda de Podem, Antonio Montiel, no informar del proceso al deudor es una violación de los derechos del consumidor porque lo deja en un estado de "indefensión total" ante procesos de ejecución de la deuda, ya que es el banco quien se persona en el desahucio en lugar de hacerlo el titular real del impago, que es el que después se quedará con la casa.

Con esto, además, podrían paralizarse -o al menos ralentizarse- los desahucios, ya que si los bancos ya no son los propietarios de las hipotecas, no podrían ejecutar el desalojo. Ahora bien, este sí podría ser demandado por el fondo de inversión, en cuyo caso la ejecución podría realizarse igualmente. 

Garantizar el derecho a una vivienda digna ha sido una de las prioridades de Podemos desde que nació la formación. De hecho, en octubre de 2014 la Asamblea de la formación morada aprobó una resolución -'Ganar el derecho a la vivienda y acabar con la impunidad financiera'- que pedía acabar con la "impunidad financiera" que permitía que el derecho a la vivienda se vulnerase "sistemáticamente" en España.