Podemos pedirá más gasto social en los presupuestos... pero deberá elegir de dónde lo resta

VALÈNCIA. Las negociaciones entre el Consell y Podemos del pasado fin de semana para pactar el anteproyecto de presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2018 no dio sus frutos. Los morados, ante la rebaja considerable de sus demandas, decidieron no garantizar su apoyo a las cuentas del ejecutivo valenciano y lo dejaron todo para el trámite parlamentario. El partido que lidera Antonio Estañ consideró insuficiente haber conseguido 15,1 millones en Vivienda y 33 en pobreza farmacológica.

El reencuentro entre los dos partidos que integran el Gobierno valenciano -PSPV y Compromís- y Podemos este jueves en la comisión de seguimiento de un Pacto del Botánico sirvió para seguir con las conversaciones. Pero también para constatar que a partir de ahora es a la formación encabezada por Estañ a quien le tocará mover ficha para conseguir incrementar las partidas en las que han quedado insatisfechos. 

Hasta ahora el partido de los círculos había ido realizando peticiones que exigían que estuvieran reflejadas en las cuentas. "La pelota está en el tejado del Consell", señalaban fuentes parlamentarias de Podemos la pasada semana. Sin embargo, ahora el balón está en su tejado. El aumento del gasto social que exigen deberán detraerlo de alguna otra partida. Es decir, si lo que quieren es incrementar la consignación presupuestaria en sanidad para acercarse más a los 80 millones que solicitaron y de los que tan solo han conseguido arrancar 33 al Consell, los morados deberán decidir de dónde restan esa cantidad. 

Si bien es cierto que las modificaciones que permite el anteproyecto de ley de presupuestos ya en la fase de enmiendas son menores, la dirección del grupo parlamentario morado admite que no renuncia a "incrementar" las dotaciones en esas dos áreas que para ellos son fundamentales: vivienda y sanidad. Y en ellas centrarán sus enmiendas. 

Así, en la misma comisión se reiteró que, de momento, Podemos sigue sin poder "garantizar el voto afirmativo". No obstante, el pasado martes se producía un pequeño avance cuando el síndic de la formación, Antonio Estañ, aseguró que veía "improbable" apoyar una enmienda a la totalidad del PP a los presupuestos, ya que hacerlo supondría que el Consell tuviera que volver a elaborarlos o reencajar las cuentas de cada consellería. 

Ahora bien, la tasa turística, una medida a la cual se oponen los socialistas y que Compromís no ve con malos ojos, sigue siendo el principal obstáculo para que se cierre el acuerdo. Los morados trasladarán en los próximos días al resto de integrantes de la comisión un diseño de tasa turística. Y éste, será un boceto que tanto PSPV como Compromís se comprometieron a estudiar. En función del resultado, se abordará la posibilidad de incluir dicha medida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2018.

La otra medida que imposibilita el pacto a día de hoy, más allá de las cuestiones sociales con traslación contable, es la implantación del sistema de reciclaje de depósitos y envases SDDR, del que, de hecho, ni siquiera se habló en la comisión. 

El propio enfrentamiento en el seno de la Conselleria de Medio Ambiente entre la consellera Elena Cebrián y el secretario autonómico Julià Àlvaro a cuenta de este sistema hace muy complicado que Podemos consiga cualquier avance en este sentido. Y más con el posicionamiento claro de los socialistas, y que ya expresó en una entrevista reciente en Valencia Plaza el síndic del PSPV, Manolo Mata. "Es imposible que el SDDR se pueda aplicar antes del 2019", avisó. 

La auditoría ciudadana, más cerca 

Al margen de la negociación por las cuentas del 2018, las tres fuerzas políticas debatieron la propuesta estrella de Estañ de celebrar una auditoría ciudadana al Pacto del Botánico con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento en cada ámbito. Aunque se seguirá afinando los detalles de la propuesta, sí se debatió hacerlo de manera interna o externa a la Generalitat Valenciana. Según fuentes de la reunión, se apuntó a la posibilidad de que la misma Generalitat sea quien haga un concurso para elegir el ente independiente que coordine y organice un examen en el que las principales asociaciones y colectivos de cada ámbito deban ser quienes pongan nota al ejecutivo.