EL CAMPELLO. Los grupos municipales de Podemos y Esquerra Unida en El Campello presentarán una serie de medidas para frenar la proliferación de las casas de apuestas y promover alternativas de ocio saludables e inclusivas.
El pasado martes 3 de noviembre se aprobó en el Consejo de Ministros el nuevo Real Decreto-ley de Publicidad del Juego. Este RDL incorpora una serie de medidas muy importantes como la prohibición de los bonos de bienvenida, la limitación de los anuncios de juegos de apuestas y azar y la prohibición de los patrocinios en equipaciones deportivas, entre otras. Todo esto viene a acabar con "la ley de la selva" existente que había provocado el bombardeo constante de publicidad en todo tipo de medios y espacios publicitarios.
En la Comunidad Valenciana somos referente estatal en cuanto a legislación en materia de prevención de la ludopatía. Los principales avances que incorpora la LEY 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana, que recoge cuatro aspectos fundamentales: la regulación de las distancias mínimas entre locales y a 850 metros de centros educativos; mayores restricciones al acceso a los locales de apuestas y a las máquinas, que permanecerán apagadas sin no se usan; adopción de prohibiciones a la publicidad en vallas, exterior de locales y promociones engañosas y estrategia integral de prevención del juego patológico, incluyendo la perspectiva inclusiva en materia de género y vulnerabilidades sociales.
Con esta moción, ambas formaciones pretenden poner el foco en la necesidad de espacios alternativos de ocio para la juventud y en el aumento de personas usuarias de las casas de apuestas, las cuales son un 65% más respecto al año 2016.
El problema de la ludopatía tiene consecuencias gravísimas en las personas a todos los niveles: problemas académicos, laborales, económicos y sociales. Además entiende de clases sociales, ya que la clase trabajadora precaria es la más vulnerable a esta problemática.
Por todo ello, pensamos que es el momento de que las diferentes instituciones adapten la normativa a la realidad social, económica y tecnológica de la actividad del juego antes de que se convierta en una lacra sin retorno.