Foto: ÁNGEL NAVARRETE (POOL)MADRID (EP). El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y podrá solicitar la colaboración de los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" como es el acceso a la información veraz.
En esta línea, la orden señala que la información permite a la ciudadanía adquirir conciencia y fundamento para participar en los debates públicos y, entre otros derechos democráticos, en los procesos electorales. "Sin embargo, estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada" de las propias 'fake news'.
Asimismo, el Ejecutivo se escuda en que este plan tiene como finalidad dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Unión Europea e implementar a nivel nacional las políticas y estrategias promulgadas en el ámbito de la lucha contra la desinformación. Para ello, explican que urge redefinir los aspectos implicados mediante la identificación de los órganos, organismos y autoridades que forman el sistema, y marcar el procedimiento sus actuaciones.
Para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.
Con este último, el Gobierno ha señalado que podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere "oportuna y relevante" para combatir las 'fake news'. En la orden se argumenta que el sector de la comunicación puede contribuir a este objetivo "con acciones como la identificación y no contribución a su difusión".
Además, en este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.
A su vez, la denominada Comisión Permanente contra la desinformación estará coordinada por la Secretaria de Estado de Comunicación y presidida por el director del Departamento de Seguridad Nacional, e integrada por representantes de Defensa, Interior, Exteriores, y del Ministerio de Asuntos Económicos.
Suya será la responsabilidad de elaborar la propuesta de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación al Consejo de Seguridad Nacional, y para ello podrán convocar en calidad de expertos a funcionarios, cargos autonómicos e, incluso, a representantes del sector privado.
Para ejecutar todo el procedimiento, el Gobierno ha establecido cuatro niveles de activación que sirven tanto para la detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas.
El primer nivel permite actuar a nivel técnico para detectar, realizar la alerta temprana y notificar según su comunidad de referencia. La monitorización de la información está contemplada en esta parte, así como la investigación de su posible origen y propósito.
El segundo nivel comienza con la convocatoria y la evaluación de la alerta por parte de la mencionada comisión. En este estadio, se activará una célula de Coordinación contra la desinformación por parte del director del Departamento de Seguridad Nacional. Será ahí cuando se decida si se realiza una campaña de comunicación pública dirigida por la Secretaría de Estado de Comunicación en función de la naturaleza de la campaña de desinformación.
El tercero de los niveles estará centrado en la gestión estratégica y política de los aspectos de la crisis, y adopción de medidas con arreglo al marco para una respuesta conjunta, que vendrá determinada por el Comité de Situación.
El último nivel contempla la gestión política de la respuesta a una crisis y la adopción de medidas en el caso de la atribución pública a un tercer Estado de una campaña de desinformación.
Ransomware, ataques a las cadenas de suministro, explotación y uso indiscriminado de 'fake news'… son conceptos que hay que tener muy en cuenta
