Foto:F.G. GUERRERO/EFEVALÈNCIA (EFE). El sindicato JUPOL ha presentado una denuncia en los juzgados para que se investigue por un presunto delito de prevaricación al jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita, tras haber ordenado controles policiales en los vuelos y barcos que llegan desde Canarias y Baleares con inmigrantes irregulares.
Con esta denuncia el sindicato policial pide que un juez determine si la decisión del mando policial se ajusta a derecho, obligando a los funcionarios a cumplir estas instrucciones que pueden derivar en denuncias de los inmigrantes que llegan en pateras o cayucos.
Según ha indicado en un comunicado el secretario regional de JUPOL en la Comunitat Valenciana, Sebastián Gómez, "la excusa esgrimida por el mando policial es que estos viajeros ignoran las prohibiciones sanitarias de confinamiento perimetral que existen en esta región al pretender llegar a la península para establecerse o trasladarse a otros países europeos".
En la denuncia se pone de manifiesto que las instrucciones dadas a los efectivos policiales podrían ser irregulares, ya que estos desplazamientos -denominados internos nacionales- no están sujetos a controles policiales al no producirse el cruce de frontera alguna.
En caso de ser cierto que la finalidad de esta medida es hacer efectivo el cierre perimetral de la región, estos controles no deberían limitarse únicamente a los procedentes de Canarias y Baleares, ni únicamente dirigido a los posibles inmigrantes, sino que debería realizarse sobre todos los desplazamientos que tuvieran su origen fuera de la región y sobre todos sus viajeros, asegura el sindicato.
Para Gómez, con la decisión adoptada por el jefe superior de la Policía Nacional "se podría dejar desprotegidos jurídicamente a los funcionarios policiales encargados de llevar a cabo los controles ordenados y muy especialmente a los responsables de los puestos fronterizos y Unidades de Extranjería afectados, ante posibles denuncias o acciones legales por parte de los inmigrantes, sus representantes legales u organizaciones no gubernamentales de apoyo a estas personas".
Lamenta que se haya tenido que acudir a los tribunales "para que se aclaren los términos legales de esta imposición y por tanto resuelva esta compleja situación".
