Joan Baldoví y Pedro Sánchez. Foto: EFE/ J.j. Guillen MADRID (AP/EP) El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este jueves que si llega a gobernar como consecuencia de la moción de censura no podrá reformar el sistema de financiación autonómica, una tarea pendiente desde 2014, por falta de "mimbres" para un consenso.
"Nosotros no vamos a resolver ni a renovar la financiación autonómica porque muy probablemente no va a haber mimbres para poder lograrlo", dijo en su respuesta al diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, durante el debate parlamentario de la moción. "Tendrán mi empatía, tendrán mi simpatía", le consoló Sánchez, antes de echar el jarro de agua fría sobre la reivindicación del asturiano, que también lo es para los valencianos y no pocas Comunidades Autónomas.
En su turno de dúplica, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, se vio obligado a endurecer el tono amable que había utilizado su primera intervención: "Ustedes no son mayoría, ustedes tiene que negociar, y mire usted, señor Sánchez, para los valencianos el sistema de financiación autonómica es primordial. Nos gusta su simpatía, nos gusta su empatía, pero lo que queremos es un compromiso de reforma de la financiación", le espetó Baldoví.
En el último turno entre ambos, el candidato a presidente no calmó la preocupación del diputado valenciano, sino todo lo contrario: "Sabe cuál es la posición del president de la Generalitat, Ximo Puig, las iniciativas que hemos traído aquí, las declaraciones que he hecho al respecto, pero nosotros no vamos a poder resolverlo todo. A su petición, trataré de estar a la altura".
El diputado de Foro, que anunció que no apoyará a Sánchez, no había hecho alusión a este asunto, pero Sánchez ha subrayado que el presidente asturiano, Javier Fernández, lo considera un asunto importante para la comunidad.
Por eso, pese a reconocer que "no habrá consenso suficiente" para abordar la negociación, tendió la mano al Grupo Mixto y al propio Martínez Oblanca para poder "al menos empezar a construir el consenso necesario para financiar el Estado del bienestar que hoy está en manos de las comunidades autónomas".
Sánchez respondió al Grupo Mixto cuando ya se conocía que el PNV apoyaría su moción de censura contra Mariano Rajoy y aseguró que esperaba poder paliar las reticencias de los que no le darán su voto en el Congreso.
Lo que sí anunció Sánchez es que si gobierna propondrá al Congreso abrir el debate sobre la necesidad de reformar la Constitución y así renovar el pacto constitucional de 1978. "Esto será algo que nosotros propondremos a la Cámara y la Cámara podrá decidir si sigue o no al Gobierno que pudiera salir de esta moción de censura", manifestó a Martínez Oblanca.
Este le había advertido de que un Gobierno apoyado por los nacionalistas dañaría la unidad de España, y Sánchez le respondió garantizándole que el compromiso del PSOE con la Constitución es "inequívoco" y que ese compromiso es lo que está en la base de su disposición a "actualizarla", porque la sociedad de 2018 no es la misma de 1978.
"Cuestiones como la comisión de evaluación del modelo territorial o el eventual debate que se puede abrir en esta Cámara, si así lo convienen los grupos, sobre la necesidad de renovar el pacto constitucional creo que es una buena forma de reivindicar la vigencia y fortaleza de nuestra Constitución", argumentó Sánchez.
Otra sonada renuncia de Sánchez en el Pleno del Congreso fue la de derogar la reforma de pensiones de 2013: "Tendrá que ser otra Administración, nosotros no lo vamos a poder hacer", admitió.
En todo caso, el candidato a presidente abogó por introducir cambios en caso de contar con una mejor situación parlamentaria. "Lógicamente, no vamos a renunciar a que en el futuro, si contamos con la mayoría de votos de los españoles, podamos poner en marcha un sistema público de pensiones sostenible y digno, en cuanto a la cuantía de las pensiones", concluyó.
La reforma de 2013 se sustentaba en dos elementos: el índice de revalorización, que sustituye al IPC como referente para la revalorización anual de las pensiones y que garantiza una subida mínima del 0,25% y máxima del IPC más 0,5%, y el factor de sostenibilidad, cuya aplicación se estableció desde 2019 cada cinco años a los nuevos pensionistas para ajustar el importe inicial de la pensión.
Sin embargo, para intentar sacar adelante los presupuestos generales del Estado de 2018, el Gobierno pactó con el PNV que tanto este año como el próximo las pensiones quedaran ligadas al IPC y que el factor de sostenibilidad no se comience a aplicar hasta 2023.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
