El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. El pasado 2 de agosto el Consejo de Ministros aprobó la licitación de cuatro contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la AP7 en el tramo entre Salou (Tarragona) y Alicante por valor estimado de 129,17 millones de euros. Una operación que suponía un primer paso para la liberalización de esta autopista explotada en la actualidad por Abertis y cuya concesión vence el próximo 31 de diciembre.
El movimiento no fue baladí, pues era la primera respuesta a una reivindicación reiterada de los partidos que integran el Consell del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- durante la pasada legislatura, bien a través de Proposiciones No de Ley o resoluciones en las que se le pedía al Ejecutivo valenciano que instara al Gobierno de España a emprender las acciones para liberalizar la autopista y que esta fuera gratuita.
Sin embargo, las declaraciones del actual secretario general de Infraestructuras en funciones del Ministerio de Fomento, Julián López (socialista), en una entrevista concedida a Alicante Plaza sobre la forma en la que se afrontará esta "liberalización" han levantado ampollas en Compromís. Para la coalición valencianista, lo que se pedía al PP, también vale para el PSPV, ahora al frente del Gobierno central.
Así, en el encuentro, López advertía que a partir del fin de la concesión a Abertis se mantendría abierto un debate en el seno de una subcomisión en el Congreso de los Diputados sobre mantener un "peaje blando" para mantener la infraestructura. Y apuntaba que en ella debería establecerse mediante pago de "impuestos o no".
Julián López: "La AP7 se liberalizará, pero va a seguir el debate de los peajes blandos"
La reacción de Compromís no se hizo esperar. El senador Carles Mulet salió a la palestra a reclamar a los socialistas que fueran "leales y transparentes". "El PSOE no puede a estas alturas disfrazando la realidad y transmitir que se van a acabar los peajes por circular cuando está estudiando recaudar por otras vías y mantiene viva una subcomisión que estudia cómo financiar el mantenimiento de estas carreteras cuando reviertan la administración de nuevo, algo que no ha hecho en el resto de carreteras", denunció.
Las declaraciones del representante de Compromís en la Cámara Alta no quedaron ahí. Acusó al actual ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, de mentir "de forma compulsiva al privar de bonificaciones en los peajes a los valencianos cuando sí los ha tolerado en Cataluña", algo que consideró "especialmente hiriente" para los valencianos.
Unas palabras de las que el PSOE trató de zafarse de inmediato. El senador socialista por Castellón Artemi Rallo aseguró que la gratuidad de la AP7 a partir de enero del año 2020 sería una realidad. A su vez, aprovechó para tachar a Mulet -sin llegar a citarlo, ya que se dirigió a él de forma indirecta mencionando a los "representantes políticos"- de "irresponsable" por "intentar extender manto de duda sobre una realidad que podrá constatarse de forma clara e inequívoca a partir del 1 de enero del 2020".
En medio de todo este embrollo, cabe recordar que PSPV y Compromís aprobaron en septiembre de 2018 una resolución en Les Corts Valencianes en la que se pedía al Consell que demandara al Estado la gratuidad de la AP-7 a partir de1 1 de enero de 2020. En ella se especificaba que debía diseñarse "de forma coordinada con la Generalitat, un conjunto de conexiones entre esta autopista y el resto de carreteras de las redes estatal y autonómica estatal en la Comunitat Valenciana" para que el sistema viario fuera "lo más eficiente posible". En el texto, no se incluyó ningún tipo de matiz como la del "peaje blando" vía impuestos para mantener la infraestructura.
