Alfred Boix (PSPV), Fran Ferri (Compromís) y Rosa García (Ciudadanos). Foto: APVALÈNCIA. La burbuja de los apartamentos turísticos en la Comunitat Valenciana se ha convertido en un dilema. Con grandes ciudades como València empezando a notar los efectos de ese 'boom', la ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad que impulsó el Consell y que ahora se encuentra en trámite parlamentario en Les Corts debía buscar el delicado equilibrio entre regular este tipo de alojamientos y no frenar en seco una actividad económica relevante para la autonomía. Sin embargo, la redacción original de la ley no terminó de definir los márgenes o la manera de hacerlo. Sí lo han hecho, sin embargo, los grupos parlamentarios a través de sus enmiendas. En ellas, PSPV, Compromís y Ciudadanos coinciden en la necesidad de tener un control de estas viviendas de uso turístico para garantizar tanto la sostenibilidad y convivencia en los municipios, como para evitar el intrusismo en el sector.
Así, los socialistas y valencianistas proponen de manera conjunta que el régimen de estos apartamentos esté sujeto "a las limitaciones y normativas que las administraciones puedan establecer al respecto con motivo de la afección que estos servicios puedan tener en la convivencia y el planteamiento urbanístico". Esto es, tanto los del puño y la rosa como la UTE electoral integrada por el Bloc, Iniciativa y Verds-Equo pretenden dar cierto margen de maniobra y competencias a las administraciones locales de municipios turísticos para que estas puedan regular o "limitar" el número de apartamentos atendiendo a la convivencia de las zonas de cada localidad.
Ahora bien, las dos formaciones van aún más allá. No se quedan solo en dar capacidad a los consistorios -o, en su defecto, otra administración competente- para crear herramientas jurídicas que les permita controlar un sector con un elevado grado de desregulación. También hacen especial hincapié en la necesidad de velar por la sostenibilidad de las zonas turísticas que tienen las ciudades con el objetivo de que no se conviertan en espacios saturados turísticamente. Así, introducen en la normativa el requisito de fomentar la "elaboración, de acuerdo a las diferentes escalas territoriales y administraciones competentes, de planes específicos de sostenibilidad del sector turístico, orientados a garantizar la convivencia, la sostenibilidad ambiental y social así como asegurar las sinergias con el resto del sistema productivo valenciano".
En una de las enmiendas presentadas en solitario, Compromís propone además elaborar un Plan de Ordenación de los Recursos Turísticos. Este instrumento jurídico permitiría "delimitar zonas y ámbitos turísticos y de protección, delimitar los recursos turísticos, establecer la densidad global máxima de población, plazas de alojamientos totales, y fijar el tamaño y las características". Es decir, cada municipio debería realizar una suerte de mapa turístico que demarcaría qué distritos son los que acumulan más actividad del sector servicios. De esta manera, los consistorios podrían contar con indicadores que les ayudasen a conocer, por ejemplo, qué retorno tiene el alquiler turístico, cómo influye el precio de estos apartamentos turísticos en los residentes, qué tipo de problemas de convivencia social producen en el vecindario, etc. En definitiva, datos que permitieran a los ayuntamientos saber si tienen que limitar el número de viviendas turísticas.
La coalición que lidera Fran Ferri en Les Corts, a su vez, plantea crear otro elemento jurídico para limitar el boom de este tipo de viviendas. "Se establece la posibilidad de aprobar Planes de Intervención en ámbitos turísticos para delimitar las zonas turísticas saturadas o maduras de acuerdo a los criterios legalmente establecidos, así como las excepciones que, por la ubicación o características especiales lo aconsejen", indican en una de sus enmiendas a la ley elaborada por la secretaría autonómica de Turismo que dirige el socialista Francesc Colomer.
Ciudadanos, que coincide con Compromís en los mecanismos para acotar el crecimiento exponencial de estos alojamientos en ciudades turísticas, quiere introducir unos planos que concentran similitudes con los Planes de Intervención que defienden los valencianistas. Con una denominación diferente, pero más restrictiva aún, el partido naranja propone crear los denominados Planes de Intervención en Ámbitos Turísticos y Zonas Turísticamente Saturadas (PIAT). A través de estos, se regularía "el planeamiento, la ejecución y la gestión de los sistemas generales de las infraestructuras, los equipamientos, los servicios y las actividades de explotación de recursos en el ámbito de la ordenación turística".
Para el partido que encabeza Mari Carmen Sánchez en el parlamento valenciano, estos PIAT servirían para "establecer la densidad global máxima de población, plazas de alojamiento totales, delimitar zonas y ámbitos turísticos y de protección". "También delimitar las zonas turísticas saturadas, de acuerdo con los criterios establecidos legales, así como las excepciones que por la ubicación o las características especiales así lo aconsejen", señala la enmienda de Ciudadanos.
Con todos los elementos propuestos por las tres fuerzas políticas, como los planes de sostenibilidad y los de intervención en ámbitos turísticos, los ayuntamientos podrían disponer de todos los datos suficientes para poder cercar con mayor seguridad jurídica los alojamientos turísticos. No en vano, a través de los mapas de saturación turística podrían gozar de estadísticas referidas al precio o los problemas de convivencia social que hay en los barrios derivados de estas actividades económicas como son El Carme o Velluters en València.
Por su parte, Podemos no ha registrado enmiendas en este sentido -permitir a los ayuntamientos que delimiten el número de apartamentos turísticos por zonas-. No obstante, fuentes de la formación aseguran a Valencia Plaza que en el transcurso de la comisión que debata la ley podrían secundar estas prerrogativas, ya que comparten la esencia de las mismas. Con una sintonía amplia entre estas cuatro fuerzas políticas, estas modificaciones podrían salir adelante sin muchos impedimentos.
Otro de los aspectos clave de esta ley se basa en cómo regular estas viviendas, más allá de los instrumentos para poder delimitar su presencia en las zonas de las urbes más saturadas. Para ello, Compromís añade una nueva disposición transitoria a la ley que amplía el decreto 92/2009 del Consell. En ella, señala que los municipios turísticos deben presentar en el registro de las empresas gestoras un documento de compatibilidad urbanística de la administración local competente.
Los socialistas, a su vez, se manifiestan en la misma línea. Incluyen un párrafo al artículo 62 de la norma, que hace referencia a los modelos de viviendas turísticas. Así, el PSPV establece que estos apartamentos "de uso turístico deben obtener previamente un informe urbanístico de compatibilidad que permita dicho uso".
Ahora bien, si socialistas y valencianistas coinciden con Ciudadanos para poner las herramientas que permitan detectar las zonas más 'afectadas' y en dotar de instrumentos a los ayuntamientos para regular esta actividad económica, el Botànic se distancia de los naranjas al no hacer mención de las fórmulas a emplear en las plataformas de economía colaborativa. El grupo de Mari Carmen Sánchez en Les Corts sí coincide, sin embargo, con Podemos en las medidas a tomar.
Las dos formaciones establecen la obligatoriedad de que los pisos que se anuncien en plataformas colaborativas como Airbnb tengan el número de registro válido de vivienda turística visible. En caso contrario, contemplan sanciones. Así, el partido que dirige Antonio Estañ recoge en sus modificaciones a la ley que las plataformas digitales de alojamiento "tendrán que cumplir con sus obligaciones legales en tanto empresas de servicios turísticos y, más en concreto, colaborar, bajo pena de sanción económica, con las diferentes administraciones públicas para facilitar la supervisión y control. En igual sentido, las plataformas deberá solicitar al titular de la vivienda turística a ofrecer en alquiler que acredite el número de registro válido". Una propuesta casi calcada por el partido de Albert Rivera en la Comunitat.
