El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Foto: GVAVALÈNCIA. (EP). El pleno de Les Corts ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podem, Cs y la abstención del PP, la ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana, que recoge multas para las infracciones muy graves que van desde los 100.001 a 600.000 euros o la clausura del establecimiento o cese de la actividad o del servicio turístico.
La norma se sustenta en los principios de estabilidad en el paisaje, hospitalidad y cultura de acogimiento, ética y responsabilidad social, vertebración del territorio, competitividad, calidad y diversificación, capital humano y conocimiento, transparencia participación y corresponsabilidad.
Otra de las novedades es que contempla la posibilidad de que los municipios puedan elaborar sus planes de ordenación de los recursos turísticos (PORT) y, además, regula las viviendas de uso turístico que define como "los inmuebles completos, cualquiera que sea su tipología, que, contando con el informe municipal de compatibilidad urbanística que permita dicho uso, se ceda mediante precio, con habitualidad, en condiciones de inmediata disponibilidad y con fines turísticos, vacacionales o de ocio".
Asimismo, se considerará que existe "habitualidad" cuando se dé alguna de estas circunstancias: que sea cedido para su uso turístico por empresas gestoras de viviendas turísticas; que sea puesto a disposición de los usuarios turísticos por sus propietarios o titulares con independencia de cuál sea el tiempo contratado y siempre que se presten servicios propios de la industria hostelera, o cuando se utilicen canales de comercialización turística, a través de operadores turísticos o cualquier otro canal, incluido internet u otros sistemas de nuevas tecnologías.
Durante el debate parlamentario, la diputada de Cs Rosa García ha manifestado que la ley "no es perfecta" y tienen ciertas reservas hacia algunas cuestiones en las que entienden que se "invaden aspectos en los que no se debería entrar" como dejar "en manos de los ayuntamientos competencias de la Generalitat", pero "en general sí recoge aspectos necesarios buen funcionamiento del turismo en nuestra comunidad", ha manifestado.
Ha indicado que el marco turístico ha cambiado a nivel global y nacional con nuevas demandas y aportaciones, lo que ha provocado situaciones que en la antigua ley no estaban bien reguladas. Por ello, ha enfatizado que la norma era "necesaria" y concentra puntos vista "novedosos" como la sostenibilidad. No obstante, ha remarcado que para hacer frente a la problemática del alquiler de pisos hay que conseguir un marco jurídico estatal con criterios claros y sencillos que "combata la economía sumergida y el fraude fiscal" para asegurar "un turismo de calidad"
Desde Podem, David Torres ha comentado que era "necesaria" la norma para abordar ciertas problemáticas que en la actualidad afectan al sector y para crear un régimen sancionador que fuera "severo". Asimismo, ha valorado que en la norma "se haya conseguido instalar" el fundamento que impulsaría "un impuesto sobre la actividad turística".
En este punto, se ha referido al punto 4 del artículo 22 que señala que "se pondrán en marcha estrategias que garanticen la sostenibilidad turística, permitiendo que tanto residentes como agentes turísticos puedan contribuir a la mejora de servicios; de las infraestructuras; al impulso de buenas prácticas laborales; a la lucha contra el intrusismo y el fraude; a la promoción del medio ambiente y a la promoción turística". De hecho, desde el PP se ha criticado que se incluya el "fantasma de la tasa" en el documento.
No obstante, Torres ha considerado que para poder hacer efectivas estas medidas "falta valentía". "Sería una lástima que esta ley fuera de fundamentos y no efectiva", ha señalado para incidir en la necesidad de proteger los derechos laborales de algunos colectivos como las Kellys y luchar contra la precariedad laboral.
Por parte de Compromís, la parlamentaria Teresa García ha considerado la norma "necesaria y positiva" porque la regulación que había estaba "obsoleta" frente a los "nuevos tiempos". Por ello, ha reivindicado el nuevo modelo que recoge la norma y que se basa en la "calidad y sostenibilidad" con la estrategia puesta en "vertebrar el territorio" en contraste con la antigua política que "nos reducía al 'sol y la 'playa' y a la celebración de los grandes eventos".
García ha enfatizado que es una ley "valiente" porque introduce el concepto de hospitalidad que incluye valores como "la convivencia o la sostenibilidad", así como ha destacado que combate la precariedad laboral en el sector y se trabaja por la "dignidad y seguridad en el trabajo". "Ley que hace de los valencianos un pueblo más hospitalario, amable con los visitantes", ha valorado.
El parlamentario 'socialista' Vicent Arques ha enfatizado que la ley es "oportuna, necesaria e innovadora" porque se evita "la autocomplacencia, incluyo compromisos como la participación, corresponsabilidad y respeto a los derechos de turistas y vecinos".
Ha destacado que es innovadora porque "garantiza la sostenibilidad, calidad y competitividad del modelo turístico, contempla los nuevos fenómenos como la economía colaborativa el uso de las nuevas tecnologías o el uso de las redes sociales y la gestión inteligente de los destinos". "Es una ley que pone en valor la historia, la tradiciones, el territorio y el paisaje de la Comunitat Valenciana", ha reivindicado para destacar que al sector le "gusta la norma y no le produce rechazo".
Sin embargo, para el diputado del PP Fernando Pastor, no es la "mejor" norma turística posible porque "está llamada a la revisión con carácter inmediato porque no resuelve los problemas". A su juicio, en ciertos aspectos como es el sector de los alojamientos turísticos en la Comunitat provoca "enfrentamientos" y crea "inseguridad" y eso "nunca es bueno".
Asimismo, ha reprobado que incluye "el fantasma de la tasa turística" y en el caso de los apartamentos turísticos se ceden las competencias a los ayuntamientos, por lo que ha recriminado a la Generalitat que evite "coger el toro por los cuernos" y eluda su responsabilidad en esta materia. "Esta ley no es la mejor porque no resuelve los problemas", ha remarcado.
