VALÈNCIA. (EP). La Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana contempla la posibilidad de que los municipios puedan elaborar sus propios planes de ordenación de los recursos turísticos (PORT), permite elaborar en la región planes de intervención para delimitar zonas turísticas saturadas y establece que el alquiler de una vivienda en propiedad que sea residencia permanente por un plazo máximo de 45 días al año no estará sujeta a la normativa de viviendas turísticas.
La comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías de Les Corts ha debatido este martes las enmiendas a este proyecto de ley, que pasará tras este trámite a la votación final en el pleno, tras aprobarse, entre otras, 44 enmiendas de aproximación que han sido consensuadas por los grupos.
Algunas de las modificaciones que se introducen en el texto original tienen que ver con las modalidades de alojamiento turístico, ya que se especifica que el alquiler compartido llevado a cabo por personas físicas en una vivienda de su propiedad y su residencia permanente por un plazo máximo de 45 días en un período de un año en caso de vivienda completa o sin límite en el caso de una única habitación siempre que convivan el titular de la vivienda y el turista, no se sujetará a las disposiciones de la normativa de viviendas turísticas.
A efectos de controlar esta duración, las plataformas digitales y el resto de empresas turísticas deberán facilitar toda la información requerida por la administración competente en la materia.
Además, se incorpora la figura de los planes de intervención en ámbitos turísticos (PIAT) con el objetivo de regular el planeamiento, la ejecución y la gestión de los sistemas generales de las infraestructuras, los equipamientos, los servicios y las actividades de explotación de recursos en el ámbito de la ordenación turística.
Estos planes pueden establecer la densidad global máxima de población, plazas de alojamiento totales, delimitar zonas y ámbitos turísticos y de protección, y fijar el tamaño y las características, así como establecer parámetros mínimos o máximos de superficie, volumetría, edificabilidad y equipamientos.
También pueden delimitar las zonas turísticas saturadas o maduras, de acuerdo con los criterios establecidos legales, así como las excepciones que por la ubicación o las características especiales así lo aconsejen.
La norma también confiere autonomía a los municipios para elaborar un plan de ordenación de los recursos turísticos (PORT) para regular en el planeamiento la ejecución y la gestión de los sistemas generales de las infraestructuras, los equipamientos, los servicios y las actividades de explotación de recursos en el ámbito de la ordenación turística.
Estos planes podrán delimitar zonas y ámbitos turísticos y de protección, los recursos turísticos, establecer la densidad global máxima de población y plazas de alojamiento totales, y fijar su tamaño y sus características, así como establecer parámetros mínimos o máximos de superficie, volumetría, edificabilidad y equipamientos.
El proceso de enmiendas no ha supuesto cambios en las sanciones a imponer en caso de infracciones y sanciones, que supondrán en el caso de infracciones muy graves multas desde 100.001 a 600.000 euros o la clausura del establecimiento o cese de la actividad o del servicio turístico.
Se consideran infracciones muy graves, entre otras, no reunir los requisitos esenciales, ejercer la actividad turística sin haber comunicado su inicio legalmente, el incumplimiento de la normativa en seguridad cualquier acción que intencionadamente denigre las costumbres, tradiciones, creencias o indumentaria de un usuario de los servicios.
El diputado del PSPV Vicente Arques ha destacado que esta ley, que sustituye a la actual, de 1998, era "oportuna, necesaria e innovadora" y supone un compromiso "con la sostenibilidad, la hospitalidad, la vertebración territorial, la competitividad del sector turístico, la transparencia, la participación y la corresponsabilidad". Según ha destacado, la Comunitat vive "un momento dulce" en turismo, pero hay que seguir preparándola para el futuro.
Teresa García (Compromís) ha destacado que introducir en el propio título de la ley la hospitalidad "la dota de un sentido que supera la regulación de un sector económico" y ha indicado que cada vez más el fenómeno turístico no se liga a una visita, sino "a una experiencia" y por tanto, había que abordar los aspectos que ofrecen un valor añadido y también la "cohesión social" para hablar de turismofilia y no turismofobia.
El diputado de Podemos David Torres ha explicado que sus aportaciones han consistido principalmente en resaltar la sostenibilidad turística en el texto, apostar por la prevención de riesgos laborales y por la convivencia y dar mayor autonomía a los municipios para que "según su casuística" establezcan las medidas adecuadas para regular el sector.
El 'popular' Fernando Pastor ha agradecido a los grupos la predisposición a "tender puentes" para acercar posturas y ha señalado que una parte importante de sus propuestas han sido aceptadas aunque "siguen quedando cuestiones trascendentes sin resolver" como la reglamentación de los órganos de gobernanza turística o "el tema complejo de los apartamentos turísticos que no queda del todo bien resuelto".
Por su parte, Rosa García (Ciudadanos) ha defendido la necesidad de proteger el interés de los agentes turísticos legalmente establecidos ante la "competencia desleal" que genera el intrusismo, y también de paliar las posibles molestias que la actividad turística pueda generar en la población receptora "en los casos en que haya riesgo suficiente y probado de gentrificación".
Mientras el texto se debatía, a las puertas de Les Corts la red Entre Barris ha realizado una acción de protesta alertando de que esta ley "va a tener consecuencias negativas en el acceso y el mantenimiento en las viviendas de muchos vecinos" de València "al dejar pasar la ocasión de regular de forma sustantiva los establecimientos turísticos".
Han colocado una fila de maletas en las que podía leerse "esta ley nos echa de casa", aludiendo a los efectos en distintos barrios del proceso de "turistificación" de València. Mijo Miquel, promotora de la acción, ha señalado que el gobierno del Botànic "debe mostrar que está con las necesidades de los vecinos en materia de vivienda y no en promover la especulación inmobiliaria y la turistificación de la ciudad".
