Isabel Bonig (PPCV) y Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos). Foto: CORTSVALÈNCIA. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, la calificó de "la chapuza del siglo", y el diputado de Ciudadanos Tony Woodward la bautizó como la "fake law". A pesar de ello, sus grupos parlamentarios apoyarán la proposición de ley que modificará la ley de Acompañamiento para rebajar sustancialmente los tramos del impuesto sobre la incineración y vertido de residuos industriales que han presentado PSPV, Compromís y Podemos.
Una reforma planteada antes siquiera de que el gravamen entre en vigor y las empresas deban hacer la primera autoliquidación. La proposición de ley llegará al pleno de Les Corts del 4 y 5 de julio por lectura única. Es decir, un método que no admite modificaciones al texto legislativo propuesto y que se emplea cuando existe un amplio consenso al respecto.
Algunas de las rebajas planteadas en el nuevo texto normativo negociado a instancia de los socialistas alcanzan el 100%. No en vano, se incluyen tres nuevos grupos de exenciones y otros tres nuevos supuestos de no sujeción al impuesto –equivalentes a las exenciones, a efectos prácticos–. También añaden reducciones sustanciosas de los tipos de gravámenes. La mayor de todas, del 75%.
Destaca la rebaja de los residuos no peligrosos –excluidos los procedentes de la construcción y demolición– cuando sean susceptibles de ser reciclados o reutilizados. En este caso, las empresas pasarán de pagar 30 euros por tonelada a 7,5 euros.
Por los que procedan de la construcción y demolición, se deberá abonar 1 euro por metro cúbico aunque la demanda del sector era rebajarlo hasta 0,75 euros. Antes de ser modificada, la cuota era de 3 euros.
Por lo que respecta a la reducción del coste por incinerar y verter residuos peligrosos, las reducciones que se plantean son más bajas. No en vano, la cuota íntegra a abonar por los residuos peligrosos incinerados y vertidos que sean susceptibles de valorización apenas se reduce en un 29%. Las empresas deberán abonar 30 euros por tonelada métrica cuando en la ley original estaba previsto que fueran 42 euros.
En el caso de que los residuos peligrosos "no sean susceptibles de valorización", la reducción será de un 42%. Según fuentes del PSPV, pasarán de los 35 euros previstos a 15 euros.
El motivo por el que se reduce en menor medida las cuantías a pagar por aquellos residuos peligrosos que puedan ser reutilizables o reciclables es porque se pretende desincentivar la incineración y fomentar el reciclaje para ir reduciendo el porcentaje de rechazo y "avanzar hacia una economía circular" tal y como recomienda la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
El recorrido de este impuesto desde que se aprobó en diciembre hasta ahora no ha estado exento de polémica. El nuevo tributo afectaba principalmente a las industrias cementeras y azulejeras, y estas no tardaron en manifestar sus críticas al mismo. En una visita a la patronal de la cerámica Ascer, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que se estudiarían bonificaciones de este nuevo tributo para que no afectara a la competitividad de las empresas.
Sin embargo, estas no podían ser aprobadas si no eran en una norma con rango de ley. Es decir, en la ley de Acompañamiento del año siguiente. Con este escenario, el PSPV inició los contactos con sus socios del Botànic hace unas semanas para registrar una proposición de ley que modificara los tipos de gravámenes antes de que las empresas tuvieran que comenzar a abonar este impuesto. Es decir, reformar una ley aprobada seis meses antes por Compromís, Podemos y los socialistas para que la implantación fuera progresiva.
La intención era que las nuevas cuantías que se aprobarán en el próximo pleno se aplicasen solo al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 1 de julio de 2019, fecha a partir de la cual el sector debería comenzar a pagar las cuotas fijadas en la ley de Acompañamiento original. Sin embargo, la redacción final no ha quedado así, sino que describe que serán Les Corts las que deberán negociar las "condiciones de aplicación" de los gravámenes aprobados en la ley de Acompañamiento del año pasado.
