VALÈNCIA. A lo largo de la legislatura pasada, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, manifestó en varias ocasiones que el estado del sistema de dependencia y, en general, de los servicios sociales que encontró el Botànic en julio de 2015 cuando PSPV y Compromís entraron a gobernar era "desastroso". Un juicio sobre la gestión del PP y "la herencia recibida" que puso de manifiesto el primer informe que hizo la Sindicatura de Greuges con el cambio de gestores en la Generalitat Valenciana.
A las eternas listas de espera, se sumaba además una importante carencia en infraestructuras sociales. Una escasez que a lo largo del mandato anterior la conselleria trató de revertir con actuaciones puntuales en colaboración con la Diputación de Valencia y a la que ahora se le quiere dar un impulso si llegan los famosos fondos europeos Next Generation.
La intención con este Plan de Infraestructuras Sociales es destinar 500 millones de euros a la construcción de centros residenciales y asistenciales, y la ampliación de plazas en los ya existentes. Para ello, se seguiría el nuevo modelo social que busca que los centros sean lo más parecido a un hogar: "Se ha demostrado muy efectivo en la lucha contra la covid", explicó Oltra esta misma semana. La duda, sin embargo, se centra en la fórmula a emplear para ejecutarlos, si bien la aplicada en el Pla Edificant que utiliza Educación para construir colegios es una de las que se hallan sobre la mesa.
Por el momento, Políticas Inclusivas ya tiene diseñado un mapa de las infraestructuras que serían necesarias en la Comunitat Valenciana. No en vano, con el cambio de gobierno hace ya cinco años, esta área del Consell comenzó a dibujar una suerte de esquema con las necesidades existentes en cada municipio del territorio. Un análisis demográfico que refleja la población de cada uno de ellos, el nivel de envejecimiento, o el número de personas con diversidad funcional, entre otras cuestiones.
En base a esto, la conselleria esbozó un mapa con las infraestructuras que serían más precisas en la autonomía para poder prestar servicios y permitir, por una parte, que la población tuviera acceso a los recursos que necesitara independientemente de dónde viviera y, por otra, que creara puestos de trabajo. Así, en 2017 ya comenzaron a construir parte de este mapa gracias a un convenio firmado entre Políticas Inclusivas y la Diputación de Valencia. A través de este, los municipios ponían a disposición el solar en el que se iba a construir el centro o el edificio a rehabilitar, la corporación provincial edificaba o rehabilitaba y la conselleria equipaba, tanto con mobiliario como con personal para ponerlo en funcionamiento.
Una metodología de colaboración entre administraciones por el que ya se han agilizado la construcción de hasta 10 centros: un centro de día y de integración y rehabilitación (CRIS) de 70 plazas en Carcaixent para personas con enfermedad mental para el que la diputación destinó en torno a 800.000 euros; una residencia en Paterna para personas con diversidad funcional intelectual de 36 plazas cuyo presupuesto alcanzó 1,6 millones de euros; otro igual en Sueca por 2,2 millones de euros que, además, es centro de día y que cuenta con 40 plazas; y una residencia de primera acogida de menores en Llíria al que se destinaron 910.478 euros.
Durante los ejercicios siguientes, en 2018 y 2019, se proyectaron un centro de día de mayores con 25 plazas en Agullent, donde se destinarían en torno a 600.000 euros; otro en Meliana para dar cobertura desde 60 a 100 personas y cuyo presupuesto se situaba en 3,7 millones de euros; otro centro de día en la Font de la Figuera de 40 plazas cuyo coste aumentaba a 1,3 millones de euros; una residencia de la tercera edad con capacidad para 40 usuarios que, además, fuera centro de día para 100 personas en Mislata cuya obra se encuentra en marcha -la covid-19 ha retrasado la ejecución- por 4,4 millones de euros; la rehabilitación de un centro social al que acuden las personas mayores de 65 años que viven solas en Aras de los Olmos por 177.142 euros; y varias actuaciones en Ademuz entre las que se encuentran la construcción de un centro día de mayores de 40 plazas por 446.607 euros y la rehabilitación de un edificio municipal cuyas instalaciones se utilizan para poder hacer talleres ocupacionales con personas con diversidad funcional por 369.832 euros.
La fórmula empleada ha permitido, aseguran, "agilizar los trámites burocráticos", ya que si se hubiera realizado por completo desde la administración autonómica el proceso "se hubiera eternizado". Sin embargo, todavía queda mucho por hacer y los ojos se encuentran puestos en esos 500 millones de Next Generation. Un presupuesto que permitiría acelerar el proceso de construcción iniciado hace ya tres años.
De llegar los 500 millones necesarios para acometer el Plan de Infraestructuras anunciado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el Debate de Política General la semana pasada, la Conselleria deberá analizar cómo ejecutar el presupuesto, ya que se baraja desde tramitarlo a través del convenio con la Diputación de Valencia -Alicante y Castellón no quisieron en su momento firmar un contrato similar para las respectivas provincias-, hasta realizar encargos a Tragsa u optar por un Pla Edificant "puro", cuya metodología se basa en transferir a los ayuntamientos los fondos y se delega en ellos la construcción de los centros.
Con la incógnita aún en el aire -pues todo el proyecto se encuentra aún en una fase embrionaria-, lo que es cierto es que la conselleria busca con esto agilizar la edificación de residencias de la misma manera que Edificant trata de acelerar desde 2018 la construcción de colegios, por lo que la esencia de ambos planes, a grosso modo, es la misma: a través de la colaboración entre administraciones, acabar el mapa de infraestructuras pendientes en dos pilares del estado de bienestar, educación y dependencia.
