La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Foto: GVAVALÈNCIA. Casi dos semanas han pasado desde que saltara el escándalo de que en 13 centros de menores –algunos gestionados por la Generalitat– del total de 80 que existen en la Comunitat se detectara una grave situación de "desamparo": maltratos, comida caducada, colchones en el suelo e incluso abusos sexuales en algunos de ellos. Por este último motivo, la lupa se posó desde el primer momento en dos de ellos: Monteolivete, tutelado por la Administración, y Segorbe, dirigido por la congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas.
Y casi dos semanas ha tardado también la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en hacer autocrítica del departamento que ella dirige, que es el competente en la materia. Después de que el miércoles defendiera en Les Corts la gestión que han llevado desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sobre este asunto, se distanciara de la gestión del Consell del PP, y señalara a personas, instituciones y organismos públicos como responsables, este viernes en la rueda de prensa del Consell reconoció errores.
Si algo hubiera cambiado de su gestión la número dos del Ejecutivo valenciano, seria haber creado "desde el minuto cero" la dirección general de Infancia y Adolescencia y "haber estructurado de otra manera la planificación y organización". Algo que no hizo porque cuando llegó a la consellera se dejó "llevar por la invisibilidad que había en el tema de menores".
"Sabíamos que la dependencia estaba mal, también la discapacidad o el sistema de accesibilidad… Eran los temas donde se había centrado la atención informativa. Nos dejamos llevar por un prejuicio, que era pensar que como el PP nos tenía acostumbrados a darse golpes de pecho en la gestión de la infancia y a defender a los niños, esto no estaría tan mal como el resto", declaró.
Por otra parte, inquirida sobre el presunto caso de prostitución de menores en el centro de Monteolivete que investiga la Fiscalía y sobre por qué no lo había dado a conocer en su comparecencia en las Corts el miércoles, Oltra aseguró que en ese momento lo desconocía y se enteró a través de los medios. "La Delegación de Gobierno no me lo trasladó, que era quien tenía conocimiento", puntualizó la consellera, que agregaba además que "había diputados que sí conocían esa información antes que el Gobierno valenciano".
A pesar de que Monteolivete está gestionado por la Generalitat y, por tanto, por trabajadores de la Administración, la vicepresidenta rechazó que pudiera darse una negligencia en la custodia de las menores, pues los hechos tuvieron lugar fuera del centro, a diferencia del caso de Segorbe. "Son niños en situación de protección, no están encerrados. Cuando tienen una edad tienen derecho a salir con sus amigos a tomarse un helado o al cine", justificó.
Por otra parte, sí que cuestionó por qué los gestores del centro de Segorbe dieron la opción al presunto agresor de la menor entre "denuncia o despido", y no que fuera una cosa aparejada a la otra. "Cuando una persona que dirige un centro de menores tiene conocimiento de un presunto caso de abuso sexual debe ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía, del juzgado o de la Policía", indicó.
Tras rechazar que con el relato cronológico de los hechos en este centro gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas y con la descripción exhaustiva del caso en la comparecencia pudiera haber facilitado la identificación de la víctima, Oltra lamentaba que ahora las gestoras del centro sí conozcan "el camino" para ir al juzgado, pues le hubiera gustado que lo hubiera conocido también para ir a "denunciar al presunto abusador sexual" que tenían con ellas trabajando.
Momentos antes a que comenzara la rueda de prensa tras el pleno del Consell, el Partido Popular solicitaba que se abriera una comisión de investigación en Les Corts. Una petición que a la consellera de Igualdad y Políticas inclusivas le parece "muy bien" al considerar necesario "esclarecer e investigar, sobre todo en un ámbito tan sensible por qué en la etapa del PP no se inspeccionaban los centros" o "por qué se daban consignas verbales de no inspeccionarlos", así como "por qué un centro de menores sostenido con fondos públicos está apuntado en el Banco de Alimentos".
"¿Qué proyecto educativo había tras esto?", cuestionó la consellera tras juzgar por qué los propios menores tenían que comprar "con dinero de su bolsillo" productos de higiene o que ocho niñas tuviesen que compartir un desodorante. Además, señalaba que algún diputado estaría interesado en preguntar por qué desde la dirección del centro se calificó a la víctima de los abusos de tener "tendencia acusada a los hombres", una expresión con la que se culpabiliza a la víctima y no al agresor.
