VALÈNCIA. El Consell ha aprobado el proyecto de ley que regula la actividad del lobby en el ámbito de la Generalitat y su sector público instrumental, texto normativo que aporta claridad y representa una garantía de transparencia en las relaciones de los grupos de interés con la administración valenciana.
El Gobierno del Botànic sigue trabajando en una arquitectura institucional en las materias de transparencia, participación y buen gobierno, áreas que ya cuentan con un conjunto de normas aprobadas, como la Ley de Cuentas Abiertas; la Ley de Incompatibilidades; la Ley que crea la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción; y los decretos de desarrollo de la Ley de Transparencia, como el Reglamento valenciano de Transparencia.
El proyecto de Ley reguladora de la actividad del lobby forma parte de esta nueva arquitectura. De hecho, el texto aprobado contempla un código de conducta que incluirá las prácticas y actitudes que deben seguir los lobbies en su actuación, evitando la opacidad, garantizando el interés general y fiscalizando con buen criterio la actuación de los poderes públicos.
La participación de los lobbies, de manera transparente y plural, permite desarrollar una administración colaborativa que forma parte de la noción de buen gobierno, evitando que los poderes públicos puedan favorecer a unos grupos de interés frente a otros.
El proyecto de Ley reguladora de la actividad del lobby en la Comunitat es de carácter innovador, dado que no existe legislación a nivel estatal y sólo tres autonomías la han desarrollado: Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón, siendo la valenciana la única que está tramitando una ley específica que regule el fenómeno de los lobbies.
El nuevo texto normativo, que cuenta con 34 artículos agrupados en cinco capítulos, define qué es la actividad de lobby en el primero de ellos, además de explicar qué se considera lobby y los sujetos que están obligados por esta ley.
En este sentido, se considera actividad de lobby toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los cargos o empleados públicos, con la finalidad de influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental en beneficio de sus propios intereses o de terceros.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a las personas y organizaciones que, teniendo o no personalidad jurídica, y en nombre propio o de terceras partes, lleven a cabo la actividad de lobby.
A su vez, afectará a los cargos públicos y al personal empleado público de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental.
Entre otros asuntos, el proyecto de ley regula el Registro de lobbies, que viene a hacer efectiva la identificación pública de las actividades que desarrollan los grupos de interés.
El citado registro será de carácter electrónico, administrativo, gratuito y obligatorio. De esta forma, se pone al alcance de la ciudadanía la información sobre la actividad e influencia de los grupos de interés en sus relaciones con la administración.
En el registro se harán constar las actividades que desarrolla el lobby y se publicarán en el Portal de Transparencia de la Generalitat, como reuniones, audiencias y comunicaciones de todo tipo.
El nuevo texto normativo también regula lo que se denomina "huella normativa" referida a la publicidad de los contactos que la administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, asegurando así que la influencia de estos grupos en la confección de las normas sea transparente y no desproporcionada.
Esto supone que se anexará un informe a los textos normativos y se publicará en el Portal de Transparencia, incluyendo las aportaciones realizadas por los lobbies durante la elaboración y tramitación de leyes y decretos.
La aplicación de la "huella normativa", nos situará como la tercera autonomía que aplica este procedimiento, después de Madrid y el País Vasco.
En el capítulo cuarto del proyecto se contempla la posibilidad de que ciertas normas, como anteproyectos de ley y decretos del Consell, puedan ser negociadas con los lobbies, sin que ello sustituya la participación ciudadana y el trámite de audiencia, previstos en la normativa vigente.
El resultado de esta negociación no será vinculante. No obstante, en el caso de separarse del resultado del proceso de negociación, el Consell habrá de motivar las razones de su posición negativa.
En cualquier caso, se trata de una nueva herramienta de participación, con la que se persigue mejorar la calidad de las normas, ahondar en las prácticas que definen el buen gobierno y facilitar la resolución de conflictos antes de la aprobación de las normas.
Por último, recoge el régimen sancionador específico en materia de lobbies y lobbismo, tipificando los hechos que se consideran infracción para el lobby, cargo y empleado público, y las sanciones que pueden suponer.
