Les Corts, obligadas a reformar sus normas para registrar las reuniones con lobbies

VALÈNCIA. La vuelta a Les Corts Valencianes después de las vacaciones de verano promete ser movida. Los grupos parlamentarios tienen una infinidad de cuestiones que negociar sobre las que existen pocos puntos comunes. La mayoría, a debatir en la comisión de Gobierno interior, la que se celebra a puerta cerrada, y que afectan a la reforma del Reglamento de la Cámara. 

Son tantas que, incluso, ya hay algún grupo parlamentario que da por hecho que aunque ahora se pongan manos a la obra, pocas cosas cambiarán por los escasos meses que quedan hasta las próximas elecciones autonómicas, pues tras el Debate de Política General, la actividad se centrará principalmente en la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat de 2023. Pero a pesar de las bajas expectativas de algunos, también los hay que confían en poder cerrar algunas modificaciones de las normas internas del Parlamento.

Al menos, una que se daba por hecho que no podría acometerse por no sumar la mayoría requerida y que, finalmente, los partidos deberán afrontar por obligación: la de exigir a los partidos de Les Corts a registrar las reuniones que mantienen con los grupos de interés. Una reforma que impulsó Unides Podem en julio de 2021 que, sin embargo, se topó con el rechazo del resto de formaciones. También con la de su socio de Gobierno, el PSPV. 

Los morados planteaban en una propuesta que, de la misma manera que ya se hace en el Consell desde la entrada en vigor de la Ley Reguladora de la Actividad de los Grupos de Interés -más comúnmente conocida como ley de lobbies-, el Parlamento se viera obligado a hacer lo propio y publicar sus reuniones con grupos de presión con todo detalle: día, hora, temas tratados en el encuentro…

También pretendían que si la cita había servido para introducir una enmienda o realizar algún cambio en alguna ley durante el trámite parlamentario, esto quedara reflejado en la propia norma. Las formaciones, no obstante, se opusieron y Unides Podem dio por hecho que sin el consenso no podrían hacer los cambios que anhelaban. Pero una disposición adicional introducida en la ley que aprobó el Consell no solo deja la puerta abierta a que Les Corts hagan lo mismo que los altos cargos del Consell, sino que obligaba a sus señorías a regular esta actividad en sus normas internas. 

La disposición adicional segunda de la citada ley fija que de acuerdo con el régimen institucional y la independencia de Les Corts, la institución "promoverá, en el plazo máximo de nueve meses desde la publicación de la ley, las modificaciones necesarias de su reglamento o de sus normas para adaptar su régimen y funcionamiento a los principios y obligaciones que contiene" la ley. 

Y, aunque en principio la norma solo afectaba a los altos cargos del Gobierno valenciano, también recoge que, en particular, las modificaciones de las normas de la Cámara deberán "regular la publicidad de los contactos mantenidos con los grupos de interés en el marco de la elaboración y tramitación de iniciativas legislativas y d sus aportaciones". 

Además, tendrán que "regular la organización del registro de grupos de interés en su ámbito"; "regular la transparencia" de los lobbies; "crear códigos de conducta" para los grupos de interés en el ámbito parlamentario; "establecer los sistemas de control y fiscalización adecuados para garantizar el cumplimiento de las normas de transparencia"; y "definir el ámbito subjetivo de aplicación". 

Una batería de obligaciones a las que se habían opuesto los grupos y que, ahora, los partidos habrán de cumplir: poner negro sobre blanco y definir su alcance. 

La ley se centra en altos cargos y funcionarios

La ley de lobbies, así como el registro regulado por un decreto que aprobó el Consell en octubre tan solo obliga a los altos cargos de la administración autonómica y los funcionarios durante la elaboración normativa de anteproyectos de ley y proyectos de decreto del Consell. 

Pero no ocurre lo mismo con las proposiciones de ley que parten de Les Corts Valencianes porque los diputados no están obligados a través de esa norma. Y de momento siguen exentos de esta exigencia porque el Reglamento de Les Corts sigue sin modificarse, pero los grupos debían haber abordado su reforma a los nueve meses de aprobar la ley. Un tiempo que ya ha transcurrido y para el que ya llegan tarde.