VALÈNCIA. La propuesta del Gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica da la espalda a las aspiraciones básicas de la Comunitat para mejorar su situación respecto al sistema vigente, en el que resulta claramente perjudicada. El Ministerio de Hacienda no está dispuesto a aceptar la propuestas de la Generalitat de poder subir el IVA para poder contar con más recursos ni la posibilidad de aplicar una quita a la abultada deuda que arrastra la Generalitat, el 80% de la cual es con el Estado.
Así consta en un informe que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro remitió a última hora del lunes a las diferentes comunidades autónomas a modo de conclusión de las reuniones del Comité Técnico Permanente para la reforma del sistema de financiación. Aunque el documento no es como tal la propuesta del Gobierno central para la reforma del modelo, Hacienda si manifiesta su posicionamiento sobre las cuestiones planteadas en esas reuniones por los representantes de las distintas autonomías.
El Ministerio ha dado un plazo hasta el próximo viernes 25 de mayo para que los gobiernos autonómicos planteen alegaciones a este documento y, posteriormente, procederá a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), reunión que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió para antes de que finalizase el mes.
Una de las propuestas de la Generalitat consistía en poder subir el IVA y los impuesto especiales (sobre el tabaco, alcohol o hidrocarburos) en sus tramos autonómicos, de manera armonizada con las otras Comunidades Autónomas, para aumentar los ingresos. La razón es que las autonomías soportan el 67% del gasto del Estado del Bienestar, que es financiado con impuestos, y deberían, según los expertos, participan en la misma proporción de la recaudación de los principales impuestos que lo cubren: IRPF, IVA e Impuestos Especiales.
En el documento, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el Ministerio de Hacienda se muestra contrario a la posibilidad de instrumentar un tramo colegiado en el IVA o los impuestos especiales porque no existe consenso para su articulación.
Además de las dificultades puestas de manifiesto por algunas comunidades a la hora de implementarlo, el Ministerio de Hacienda se refiere al riesgo de que se generase "competencia fiscal" manifestado por los representantes regionales para justificar esa falta de consenso.
En cuanto a la modificación de la cesión del IRPF como propuesta alternativa a los impuestos colegiados, la Administración General considera que "no procede" una modificación de esta cesión porque "se alteraría la capacidad redistributiva de la Administración central".
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La otra reivindicación en la que la Comunitat Valenciana puede quedarse en minoría es la de una solución para la deuda provocada por la infrafinanciación, cifrada en unos 16.000 millones de euros, algo mas de un tercio de la deuda total de la Generalitat. En el informe de los expertos se planteó una quita que fue rechazada por la mayoría, por lo que el representante valenciano en esa comisión, Francisco Pérez -director del Ivie-, formuló un voto particular.
El propio Pérez reflexionó después sobre la conveniencia de no hablar de una quita, fórmula que provoca rechazo entre los economistas, sino de otras fórmulas como mutualización de la deuda o compensación vía financiación adicional. Un ejemplo lo acaba de dar el País Vasco, que en el nuevo acuerdo sobre el concierto ha logrado que el Estado le compense con 1.400 millones de euros, a plazos durante cinco años, por una supuesta deuda histórica acumulada desde 2007 calculada en base al Cupo que creían que merecían.
El informe de los expertos recomendaba dar a las CCAA capacidad normativa sobre el tramo autonómico del IVA y de los impuestos especiales para facilitar la suficiencia financiera. Las CCAA reciben el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales, pero no tienen capacidad normativa porque la Unión Europea dijo en 2001 que no podía haber diferenciación de tipos impositivos porque creaba barreras entre territorios.
La Comisión de Expertos dijo en su informe de julio que las CCAA podrían tener capacidad normativa, pero colegiada y dentro de los límites que marca la UE. Es decir, habría que establecer un procedimiento para ponerse de acuerdo y subir o bajar todas el tramo autonómico.
Otro punto importante del informe es la necesidad de más dinero del sistema para las Comunidades Autónomas, que son las que gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales de sus territorios. La propuesta no gustó nada a los expertos designados por Montoro, ya que ese dinero debe parir de la Administración General del Estado.
Los expertos cifraban en al menos 11.000 millones de euros el dinero adicional que deberían recibir las CCAA, que deberá salir de otras partida o de una subida de impuestos.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral