VALENCIA. Natxo Costa, lejos de tirar la toalla, se envalentona con cada golpe que recibe. El director general de Comercio de la Generalitat acaba de fallar en su segundo intento de restringir la apertura comercial en domingo que heredó del PP. Pero casi al mismo tiempo, como publicó este diario, ha saltado a la palestra el nuevo ataque de su formación (Compromís) en la misma línea: lograr un gran pacto en el Congreso de los Diputados que deje en minoría a los populares y tumbe la obligación a las grandes ciudades españolas de contar con un área liberalizada. Así es Natxo Costa; combativo: "Lograremos restringir los horarios comerciales del PP, ya veremos con qué fórmula", asevera. El tiempo dirá.
-¿Cómo ve la situación en Alicante tras la sentencia que reconoce el derecho a tres centros comerciales para abrir en domingo?
-Veo que es coherente con nuestro planteamiento. La Zona de Gran Afluencia Turística de Alicante se decretó de forma irregular. Como las empresas han reclamado la nulidad, es coherente con la petición, y con lo que ha dicho la juez; se decretó mal.
-¿Le parece adecuado que el Ayuntamiento de Alicante recurra?
-Es una decisión que debe tomar el ayuntamiento. Si hay algo que parte de un error inicial, al final no hay una respuesta correcta. El ayuntamiento deberá valorar las consecuencias a futuro, lo deberán hacer los servicios jurídicos, y después tomar una decisión. Yo me he manifestado que la solución del ayuntamiento no es la mejor, así que no voy a hacer más valoraciones.
-Hay un precedente, el caso de la sentencia de Media Markt en Valencia, en el que el ayuntamiento no recurrió porque se concluyó que la acción no prosperaría...
-Es que no sólo no prosperaría sino que se comienzan a poder generar impactos económicos para la administración. La sentencia no da la razón ahora en el lucro cesante, pero hay muchas posibilidades de que pase. Hay un riesgo. Es más peligroso. Hay una reiteración. Los centros han anunciado que podrían solicitar la ejecución provisional de la sentencia. Es una valoración que debe hacer el Ayuntamiento de Alicante.
-¿Cree que una administración puede condicionar la ZGAT a aspectos laborales que no están recogidos en la Ley de Comercio, como está haciendo Alicante?
-Creo que sería una muy buena solución. Al final gran parte de la problemática de la libertad horaria parte de un conflicto en esencia laboral, tanto respecto a los trabajadores, como en la conflictividad que genera al pequeño comercio. En la medida en que las grandes empresas no pagan las festividades, lo que hace que los trabajadores no tengan interés en trabajar en festivo porque van a cobrar igual que un martes y eso genera conflictividad, también genera una situación en la que los costes para la gran empresa que abre el domingo, son inferiores que para la pequeña que quiera abrir y que sí tiene que pagar la festividad a sus trabajadores en cumplimiento de su convenio laboral. Partimos de una situación de desigualdad en la que, no sería una solución, pero sí mitigaría mucho los efectos de la apertura dominical. Si al final los costes fueran iguales, a lo mejor a la gran empresa no le interesaba tanto abrir. Sí tiene mucha relación.
-¿El Consell va a recurrir la regulación de las ZGAT ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias como ha sugerido por ejemplo el alcalde de Alicante?
"Comprar terrenos para Ikea no es función del Consell; ahora si hay suelo público, se puede hablar"
-No, no podemos. Estamos fuera de plazo. Eso lo tenía que haber hecho cuando se aprobó la ley. No lo hizo el PP, como sí lo hicieron otras comunidades, y el PP dejó que el Estado, en la regulación de las ZGAT, invadiese las competencias en materia de comercio. No podemos recurrirlo, estamos fuera de plazo. Es cierto es una clara invasión de competencias. En este sentido, invito al alcalde de Alicante a que se mueva dentro de su partido para que el PSOE apoye la Proposición No de Ley (PNL) que hemos presentado en el Congreso -y la enmienda a los presupuestos que vamos a hacer en la misma línea-. Si el PSOE nos apoya podremos tumbar que las zonas liberalizadas sean obligatorias y acabar así con la invasión de competencias.
-¿Contempla la instalación de Ikea en Alicante? ¿Bajo qué condiciones?
-¿Vería viable que el Consell comprase terrenos para ofrecérselos a Ikea o a otros operadores para instalarse alrededor?
-Esa no es la función del Consell. Ahora, si hay un suelo público que sea de interés para una empresa, se puede hablar. Pero también es cierto que toda regla tiene su excepción, si hay una oferta concreta sobre la mesa que yo desconozco, cuando la conozca me posicionaré, pero sin conocerla, no puedo valorarlo.
-¿Cómo está llevando la Dirección General de Comercio la relación en esa materia con la Alcaldía de Alicante?
-Una relación institucional. Es público y notorio que no ha habido feeling en determinados momentos. Sí lo hubo en un primer momento pero esa relación se rompió. Es una relación institucional. Tratamos con los concejales de Alicante y el conseller sí tiene más relación con el alcalde. La relación es correcta como no puede ser de otra manera, como pasa con otros ayuntamientos del PP, o de Compromís, o de PSOE; una relación correcta en lo institucional, no hay relación personal, ni de partido, por tanto no hay problema
-Tras dos intentos fallidos, sigue vigente en Valencia la libertad horaria que estableció el PP. ¿Llevan un año perdido en materia de horarios comerciales?
-Al contrario. El informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) nos confirma lo que estábamos diciendo desde el principio: la declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) del PP se hizo de forma irregular. Eso lo constata el Jurídic. El único 'pero' que nos pone es que el error que cometió el PP en 2013 al decretar estas zonas sin someterlas a audiencia pública no es de tal entidad como para decretar su nulidad -lo que nos habría permitido eliminarlas mañana mismo-. Pero el informe sí nos abre la puerta para solicitar la anulabilidad en los tribunales, aunque lo que implica esta vía es un procedimiento Contencioso Administrativo que puede durar varios años y que no es la fórmula más eficiente para conseguir el objetivo. Nos da la razón sobre que se hizo mal, y eso es importante. Obviamente, no lo hace exactamente como nosotros pensábamos y preferíamos. De hecho consideramos que el informe del CJC contiene errores en algunas consideraciones.
-¿Hay errores en el informe del CJC?
-Hay hechos que relata el Jurídic que no se corresponden con la realidad. En el caso de Alicante dice que no consta que se realizaran alegaciones a la liberalización del PP, cuando fueron 21 las entidades que alegaron, tal y como nosotros mismos le trasladamos. Sucede lo mismo en el caso de Valencia a pesar de que también les remitimos las alrededor de 100 alegaciones, con todas las entidades del pequeño comercio en contra. Si la justificación que da el Jurídic de que se produjeron irregularidades "pero no de la entidad suficiente para otorgar la nulidad" se basa en que no hubo alegaciones, se estarían basando en un error por no haberlas considerado en su informe. En cualquier caso, la situación queda de un modo muy extraño. Porque aseveran que es una norma anulable pero no otorgan la nulidad, de modo que perpetúa una situación que ellos consideran ilegítima.
-¿Su 'Plan C' era el gran pacto que busca Compromís en el Congreso para tumbar la imposición de las zonas liberalizadas en las grandes ciudades?
-Siempre hemos tenido esta vía abierta. Compromís ya presentó la PNL la anterior legislatura. Es verdad que ahora cobra fuerza porque se ha formado ya el Gobierno, que es del PP pero no cuenta con mayoría en el Congreso. Si el PSOE vota en ese sentido y se adhieren los partidos que pensamos que pueden adherirse puede salir adelante. Además, yo creo que sería la fórmula ideal, porque acabaría de raíz con el problema. Si las ZGAT dejan de ser obligatorias y los ayuntamientos pueden revocarlas -tal y como establece la PNL o la enmienda a los presupuestos que se quiere presentar con esta misma petición- Valencia y Alicante lo tendrían mucho más fácil que de ninguna otra forma.
-¿Disponen de más opciones todavía?
-Tenemos varias alternativas. Una de ellas es valorar si iniciamos el proceso de la anulabilidad. Sabemos que es un camino largo, pero, por otro lado, no hacerlo sería una irresponsabilidad, porque tenemos un informe del CJC que dice que se hizo mal y del que se desprende que la situación de ahora es ilegítima, que los centros comerciales que están abriendo todos los domingos y festivos en Valencia y Alicante lo están haciendo de forma ilegítima.
-¿No contemplan, simplemente, reeditar el pacto de dos zonas liberalizadas que ya se alcanzó con el sector en Valencia?
-Pactar con el sector será siempre el camino a seguir cuando se aclare la situación. Pero un pacto con el sector, evidentemente pasa por que exista voluntad real. Ha habido una empresa que ha presentado alegaciones ante el Jurídic 4 días antes de su resolución. Hay gente que dice que quiere negociar pero que combate hasta el último momento. Cuando se tengan que volver a modificar las zonas habrá que hacerlo con el sector, eso está claro. También deberemos crear un mecanismo autonómico de revisión de las zonas antes que hacerlo, que en la actualidad no existe.
-El informe del CJC dice que la falta de audiencia pública con la que actuó el PP no es suficiente para anular el proceso de liberalización, mientras que la Abogacía instó a rectificar al actual Consell precisamente por falta de audiencia ¿Le parecen informes contradictorios?
"FUIMOS MÁS PAPISTAS QUE EL PAPA AL ESTIMAR EL RECURSO que presentó EL CORTE INGLÉS"
-Yo creo que sí que hay una contradicción en este sentido. El Jurídic desmonta lo que dijo la Abogacía, que nos dijo que no haber dado audiencia invalidaba el procedimiento, y ahora resulta que el procedimiento no puede declararse nulo por no haberse dado audiencia. Esto implica que nuestras resoluciones de Valencia y Alicante seguirían estando vigentes hoy en día y que fuimos más papistas que el Papa al estimar el recurso de El Corte Inglés. Debimos haberlo desestimado, tal y como propusimos el conseller Rafael Climent y yo mismo. Ahora tendríamos el riesgo de acabar en un Contencioso en unos años, pero actualmente estarían restringidas las zonas tal y como se pactó con el sector.
-¿Teme no poder cumplir con su propósito de acabar con la libre apertura en domingo en toda la legislatura?
-No. Yo creo que lograremos restringir los horarios comerciales del PP. Ya veremos con qué fórmula y en qué medida. Pero yo creo que lo lograremos. Yo no me doy por vencido. Tenemos la razón. Ya contamos con un informe que subraya que la situación actual es ilegítima. El CJC no nos ha dado la herramienta que queríamos, pero nos ha dado la razón.