VALÈNCIA. El Ministerio de Hacienda, no sin cierto oscurantismo, dio este miércoles el primer paso para retrasar –un año más– la reforma del sistema de financiación que lleva caducado desde 2014 y que resulta vital para la Comunitat Valenciana, una de las peor paradas de toda España en el actual reparto. De hecho, si como todo parece indicar Cristóbal Montoro cumple su propósito del aplazamiento a 2018, el retraso implicará que los valencianos dejarán de percibir 741 millones de euros, según el cálculo que realizó Fedea basado en el informe de los expertos sobre el nuevo modelo.
Así, este miércoles se sucedieron las intervenciones tanto en el Congreso, pasillos de la Cámara Baja y a través de teletipos procedentes de fuentes ministeriales acerca de la reforma de la financiación, que se ha situado en el foco del debate también a consecuencia de la reforma exprés del Cupo vasco que se votará este jueves y de la propia necesidad que tiene el Gobierno de Mariano Rajoy de recabar apoyos para los Presupuestos de 2018. Todo está relacionado y, al mismo tiempo, ninguna de las tres cuestiones tiene relación alguna: depende de a quién se pregunte.
En cualquier caso, esos tres asuntos parecen mostrarse como una suerte de 'tormenta perfecta' para Montoro, que ha visto –ya casi como si de un reto personal se tratara– una nueva oportunidad de aplazar la reforma del sistema de financiación por la que miles de valencianos se manifestaron el pasado sábado, algo que no conmovió ni lo más mínimo al ministro.
Primero, fuentes del Ministerio de Hacienda, a través de declaraciones a la agencia Europa Press, admitieron que el nuevo sistema de financiación no podría cerrarse este año 2017 justificando este retraso con una simple frase: "Se han cruzado muchos temas".
Al margen de este aplazamiento deslizado desde Hacienda, se introdujo en el debate desde el departamento de Montoro una nueva variante referida a incluir la reforma de la financiación dentro de la nueva Comisión Territorial del Congreso de los Diputados que fija este jueves su plan de trabajo. Una iniciativa que se atribuyó por parte de fuentes ministeriales al PSOE y que habría sido aceptada por el Gobierno.
No tardaron los socialistas en evidenciar las discrepancias existentes en este punto: así, el partido de Pedro Sánchez considera la Comisión Territorial como la antesala de los trabajos para reformar la Constitución y admiten que se hable de los principios básicos que deben regir el modelo de financiación autonómica pero en ningún caso, señalaron fuentes socialistas, se afrontará la negociación desde este órgano porque la vía para ello "es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde están presentes las comunidades".
El propio Montoro, finalmente, fue quien al salir de la comisión de Presupuestos del Congreso fue preguntado por la convocatoria del CPFF para abordar la reforma del sistema de financiación. El ministro enfrió los plazos y rechazó que fuera a reunirse antes de Navidad: "Lo que se está reuniendo es el comité técnico dentro del CPFF, ahora lo que tenemos que hacer es sobre los trabajos de ese comité técnico pasar a una negociación política, pero antes de convocar al Consejo hay que contrastar con los gobiernos autonómicos sus prioridades y su disposición", señaló, lo que a todas luces indica que el ministro de Hacienda no tiene intención alguna de sellar la reforma antes de que concluya el año.
Conviene recordar que el propio Mariano Rajoy se comprometió en la Conferencia de Presidentes celebrada este año a aprobar -y aplicar- en este ejercicio la citada reforma, una voluntad que reiteró en la visita del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a La Moncloa el septiembre pasado.
La fecha del acuerdo es muy relevante, ya que si se aprobara este año se podría aplicar con efectos a 1 de enero de 2017, como ocurrió en la última reforma, la de 2009, que se aprobó la última semana del año. Si se deja para 2018, con efectos desde el 1 de enero, la Comunitat no aprovechará este año el aumento de financiación del primer ejercicio, cifrado por Fedea en 741 millones de euros si el nuevo modelo fuera como el que propone el comité de expertos.
En la otra orilla, el PSOE de Sánchez continúa también en un prolongado ejercicio de funambulismo. Si bien es cierto que el líder socialista se plantó en València el lunes para aprobar una resolución que exige de inmediato la financiación autonómica y contempla la deuda histórica, también lo es que la formación del puño y la rosa se ha plegado sin ningún problema a la reforma urgente del Cupo vasco que el PP ha puesto sobre la mesa y que este jueves saldrá adelante en el Congreso con los votos también del PSOE.
Es decir, para Sánchez la financiación del resto de autonomías puede esperar pero la de Euskadi se resuelve con su apoyo por la vía rápida. Una cuestión por la que el líder socialista tuvo que llamar este miércoles a barones como la andaluza Susana Díaz o el propio Puig para tratar de apaciguarles, dado el malestar en estos Gobiernos autonómicos por el distinto trato aplicado con el resto de las CCAA.
Sobre el Cupo vasco, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y experto representante del Gobierno para la reforma de la financiación, Ángel de la Fuente, decía este miércoles en un informe que la manera actual de aplicar la Ley del Cupo "no es la mejor forma de avanzar hacia un diseño coherente y equitativo" del modelo de financiación territorial.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
