El ministro de Hacienda apuesta por la "dignificación" de la Función Pública y los sindicatos muestran su rechazo a la subida salarial del 1%
MADRID, (EP). El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha firmado este miércoles con los sindicatos el acuerdo de empleo público para reducir la interinidad en las administraciones del 25% actual al 8%, lo que implicará la convocatoria de una oferta de empleo público (OEP) para 2017 que será aproximadamente de entre 260.000 y 290.000 plazas, según cálculos sindicales.
Montoro ha suscrito en la sede del Ministerio el acuerdo para la mejora del empleo público con representantes de las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, como paso previo a la reunión oficial de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de esta tarde, a las 16.30 horas, a la que asistirán sindicatos, comunidades autónomas y la FEMP, y en la que se fijarán las cifras definitivas de la OEP y el salario público para 2017, que previsiblemente será del 1 %.
El ministro ha celebrado la firma del primer acuerdo de esta legislatura entre los sindicatos y Función Pública, y ha destacado que el objetivo del mismo es mejorar la calidad del empleo público y reducir la interinidad a lo largo de los tres próximos ejercicios.
El acuerdo supone que en estos tres años se sacarán a concurso el 90% de las plazas interinas, alrededor de 250.000 puestos de trabajo, principalmente en Sanidad, Educación y Justicia, según CSIF, mientras que CC.OO. estima entre 270.000 y 300.000 el número de personas que podrían acceder a un puesto de trabajo fijo en las administraciones en este periodo. La media estimada por el conjunto de sindicatos oscilaría entre los 260.000 y los 290.000.
Montoro ha destacado que desde el gobierno hacen una apuesta por la "dignificación" de la Función Pública y de los servicios públicos, que "tienen que ser una prioridad esta legislatura", ya que sin la mejora de este aspecto no habrá una recuperación "completa".
Para ello, ha marcado la necesidad de contar con una Administración "moderna, bien preparada y con profesionales como los que afortunadamente cuenta con diferentes ámbitos muy comprometidos".
Así, ha subrayado que lo importante "no ese el acuerdo", sino "materializarlo", y ha afirmado que el Gobierno procederá a ello en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Consejo de Ministros aprobará este viernes y el Ejecutivo remitirá al Congreso el próximo martes.
En este sentido, ha asegurado que el Gobierno aprobará un real decreto ley para facilitar la oferta de empleo público en los ámbitos más urgentes, como el de la Educación.
Así, ha agradecido la "disposición" de los sindicatos para el acuerdo, lo que constituye un "gran referente" y un "gran ejemplo" para la sociedad española, y ha mostrado la "mejor disposición" del Gobierno para que haya continuidad en la negociación en diferentes ámbitos.
Por su parte, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado que hay "un antes y un después" en el ámbito del empleo público tras la rúbrica del acuerdo, si bien ha mostrado su disconformidad con la subida salarial del 1% que podría fijarse, y ha anunciado que desde este jueves iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios
A su vez, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, ha valorado que el acuerdo va a permitir poner fin a la tasa de temporalidad y constituye un "primer paso" en las negociaciones, si bien ha insistido en que la "prioridad" sigue siendo la recuperación del poder adquisitivo, aunque la postura está "muy alejada" de las pretensiones del Gobierno.
De su lado, el secretario general de FSC-CCOO, Javier Jiménez, ha celebrado la firma del acuerdo porque supondrá la "estabilización de centenares de miles de empleos públicos", y conlleva la devolución a cada administración pública de su responsabilidad respecto a tener que negociar en el ámbito que le corresponda.
Jiménez ha valorado también que el acuerdo incorpora a sectores prioritarios más allá de los recogidos en el proyecto de PGE y supone "cerrar una etapa muy triste, muy negra, de cómo la cómo la reducción de empleo como consecuencia de la crisis ha llevado a la privatización de servicios".
"El acuerdo ha sido posible por la voluntad del Gobierno que ha escuchado a organizaciones sindicales, ha tenido disposición y ha permitido que hoy tras muchos años podamos firmar acuerdo con nuestro empleador", ha agregado.
En materia salarial, el titular de Hacienda ha mostrado su deseo de que el acuerdo suscrito para la mejora del empleo con los sindicatos se extienda también al tema salarial, y ha asegurado que "inmediatamente entraremos en la negociación de otros ámbitos, el primero el retributivo, para que tenga sus consecuencias ya en los PGE de 2018", una vez está "encauzada" la reducción del déficit público.
En esta línea, ha apuntado que el Gobierno aprobará a finales de junio el techo de gasto para 2018. "No tenemos mucho tiempo, tenemos que ponernos a ello, manos a la obra", ha insistido Montoro, quien ha dicho tener la vista puesta en el horizonte de los Presupuestos de 2018 en el aspecto de la retribución salarial.
Por su parte, los sindicatos han mostrado su rechazo total a la propuesta de subida salarial del 1%. Borra ha mostrado su disconformidad con la subida salarial del 1% que podría fijarse, y ha anunciado que desde este jueves iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios
Para Lacuerda, la subida del 1% salarial planteada por el Ejecutivo significaría una nueva pérdida de poder adquisitivo para este año, por lo que ha ofrecido un pacto de legislatura en materia de empleo público. "Celebramos de muy buena gana este acuerdo, pero hay muchas materias que están por resolver", ha añadido.
También Jiménez de CC.OO. ha mostrado su disconformidad con la propuesta de subida salarial del 1%, por lo que ha emplazado a seguir negociando para lograr mejoras en este aspecto y otros derechos de los funcionarios.
Desde CSIF reclaman que se recupere la pérdida de poder adquisitivo registrada desde la reducción del 5% que decretó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy, hasta el año pasado, cuando ya se aprobó un incremento del 1%.
De su lado, tanto UGT como CC.OO. consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser, como mínimo, superior al IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.
Según fuentes sindicales, el acuerdo conllevará una tasa de reposición del 100% en Sanidad, Justicia y Educación. En detalle, la cifra de empleados públicos interinos que podrían pasar a ser fijos sería de 19.700 en Sanidad, 98.807 en Educación y 8.564 en Justicia, con ese objetivo incorporar en la OEP hasta el 90% de las plazas interinas.
Como nuevos sectores prioritarios se incluirán los servicios de atención más próximos a la ciudadanía, en el caso de la Administración General del Estado, que incluye a colectivos como los de tramitación del DNI, Servicios Públicos de Empleo, Tráfico, Fogasa y Seguridad Social, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.
