Carmen Montón, consellera de Sanidad Universal. Foto: MARGA FERRERVALENCIA. La investigación judicial sobre el presunto cobro de comisiones en la compra de prótesis por parte de Ribera Salud, desvelada por Alicante Plaza el pasado lunes, se inició hace más de seis meses por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia pero se había mantenido en secreto, según la información facilitada este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Tan en secreto, que la propia consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, se vio sorprendida por uno de los datos aportados por el TSJCV: "El Juzgado abrió diligencias el 13 de mayo en un auto en el que acordó requerir un informe a la Conselleria de Sanidad. El juez aún no ha recibido ese informe, del que dependen la determinación de los posibles delitos y de las personas a las que se les atribuirían".
Seis meses después, nadie sabía nada del informe en Sanidad Universal. Tras el estupor y la indignación en la cúpula de la Conselleria al conocer estos hechos, el departamento que dirige Montón abrió un expediente de investigación interna para averiguar a qué funcionario o funcionarios les llegó la solicitud del juzgado y por qué razón no se le dio curso ni se informó a las más altas instancias.
La falta de diligencia en la Conselleria ha paralizado varios meses la instrucción de una causa que el pasado 4 de noviembre fue declarada "compleja", lo que significa que puede alargarse hasta 18 meses en lugar de los seis que estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las causas normales. Según el TSJCV, fue declarada compleja "al estar a punto de expirar los seis meses iniciales y estar aún pendiente la práctica de las diligencias anteriormente citadas (testificales e informe de la Conselleria de Sanidad)".
Según fuentes de la Conselleria de Sanidad Universal, la información requerida por el juzgado no se refiere expresamente a las operaciones de compra de prótesis, motivo de la investigación al sospecharse del posible cobro de comisiones por parte de B2b Salud a los proveedores en un producto que paga la Conselleria. La información solicitada es más general, relativa a la actividad de Ribera Salud con la Sanidad pública –controla tres concesionarias de áreas de salud (La Ribera, Elche-Vinalopó y Torrevieja) y participa en una cuarta (La Marina)–, las liquidaciones y sistema de funcionamiento. No se refería a relaciones con proveedores ni preguntaba por el asunto de las prótesis, según estas fuentes.
El fiscal ha solicitado que, cuando se reciba el informe requerido a la Conselleria el pasado mes de mayo, se tome declaración a dos personas en calidad de investigados, que serían los administradores de la sociedad B2b Salud, central de compras de Ribera Salud: Alberto de Rosa y Pablo Gallart, a la sazón, consejero delegado y director financiero del grupo, respectivamente.
Almacén de la central de compras B2b Salud. Foto. RIBERA SALUDEl TSJCV explicó que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia recibió el pasado mes de mayo un atestado de Policía Nacional. En el atestado se relataban unos hechos relativos al supuesto pago de comisiones por parte de los proveedores a la central de compras dependiente de Ribera Salud.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, en su atestado, que nace de la denuncia del sindicato Simap que a su vez parte de una denuncia anónima, considera que los hechos son constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
En el atestado policial remitido al Juzgado se cita a una decena de personas, especificando la responsabilidad que tenían en las empresas investigadas. Según el TSJCV, desde que se abrió la causa se ha tomado declaración a varios testigos y hay otras testificales pendientes pendientes de practicar.
No obstante, "en este momento ninguna de esas personas tienen la condición de investigado (imputado) judicial", asegura el TSJCV.
