El secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Montiel. Foto: EVA MAÑEZVALENCIA.
Podemos ya avisó. La apuesta del líder del PSPV, Ximo Puig, por la abstención a favor de Mariano Rajoy iba a dar un vuelco en su línea de socio crítico del Consell. No iban a romper el Pacto del Botànic, pero sus exigencias serían mayores como se plasmó con la renovación del acuerdo hace ya dos meses. Si en los presupuestos ya consiguieron arrancar de los socialistas la reforma del IRPF, ahora los morados pretenden hacer lo mismo con la Sindicatura de Comptes.
Si la elección del nuevo Síndic Mayor pudo resolverse en tres días de negociaciones -PSPV y Compromís llegaron a un acuerdo con el PPCV-, parece que no será tan sencillo hacer lo propio con la reforma de la ley de la Sindicatura. No será flor de un día llegar a un entendimiento sobre la modificaión que planteó Montiel en febrero del año pasado. Una reforma de la norma de 1985 que recoge un amplio número de limitaciones para poder ser designado Síndic "que al PSOE le irritaba y que seguro que ahora será motivo de disputas", señala el secretario general de Podemos en la Comunitat.
Con 2017 recién estrenado, el portavoz parlamentario de los podemitas en Les Corts traslada a Valencia Plaza que en el debate sobre esta proposición de ley que se debe "retomar en las próximas semanas, Podemos no piensa ceder en ninguna de sus exigencias". Una tesis que ya avanzaron antes de que se aprobaran los presupuestos para este año cuando exigieron al Consell que se respetaran las leyes e iniciativas que elaboraban "en tiempo y contenido". "No entienden que no gobiernan con mayoría absoluta. Todos decidimos" manifiesta Montiel a este diario.
El líder de Podemos en la Comunitat, que asegura que a su partido –que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera política- le está costando que se "respeten las iniciativas" que elaboran y llevan a los plenos, recalca que con sus propuestas pretenden acometer "cambios importantes como este" que resultan "especialmente molestos porque son muy exigentes". En este caso concreto, de hecho, las limitaciones "superan la dureza de la propia ley de incompatibilidades al impedir a los políticos jubilados acceder a la Sindicatura al dejar su actividad hasta cinco años después".
La ley actual fija un año como plazo mínimo para incorporarse a la Sindicatura si se proviene de la administración, mientras que con la modificación que quiere acometer Podemos se pasaría a reclamar un período mínimo de cinco años. Una condición que no sólo afectaría a miembros del gobierno o "cargos electos en instituciones representativas", sino también a miembros de consejos de administración públicos y autoridades o funcionarios "que hubieran desempeñado funciones de dirección, gestión, inspección o intervención de ingresos o gastos en entidades del sector público valenciano".
En su apuesta por mejorar la transparencia en las instituciones y la lucha contra la corrupción, los podemitas planteaban aumentar el control que ejerce este organismo al conjunto del sector público valenciano, estrechar el vínculo de la Sindicatura a Les Corts y realizar cambios significativos como que sean tres los máximos responsables del órgano, y cuyo cargo será válido por un período de seis años con opción a ser renovado una única vez.
