Reunión de la plataforma con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes. Foto: VPVALÈNCIA. Este martes se cumplían dos meses de que se aprobara en el Congreso la moción presentada por el diputado de Compromís, Joan Baldoví, respecto a la necesidad de la reforma del sistema de financiación que viene planteándose desde el Gobierno valenciano desde años atrás, concretamente desde que en 2014 caducara el modelo actual, que perjudica notablemente a la Comunitat, sin que se haya producido la revisión.
En aquel momento, PSOE y Unidas Podemos lograron diluir a través de una enmienda transaccional la propuesta de la coalición valencianista, que se conformó al considerar que, por primera vez, quedaba constancia en el Congreso del compromiso de las fuerzas vinculadas al Gobierno de instar al Ejecutivo a presentar "antes del final de 2021 la propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica". Una prórroga de ocho meses más para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentara un primer documento que, sin embargo, parece que no llegará.
Esto es lo que se desprende de la reunión entre la ministra y los representantes de la plataforma Per un Finançament Just, compuesta por fuerzas sindicales como UGT-PV y CCOO-PV, organizaciones empresariales como la CEV y los partidos políticos PSPV, Compromís, Podemos, Esquerra Unida y Ciudadanos. Así, distintas fuentes presentes en el encuentro aseguraron que la ministra, no solo no dio fecha para el primer informe al que se había comprometido en el Congreso, sino que vino a admitir que es más bien probable que no lo haga.
Según los asistentes, Montero esgrimió la "crispación" existente en el Congreso, la negativa del PP a abordar la cuestión e incluso las discrepancias entre autonomías, algunas de ellas gobernadas por su partido, el PSOE, emplazando los avances a futuras reuniones bilaterales del Gobierno con distintas autonomías, acuerdos parciales que pudieran beneficiar a la Comunitat Valenciana e incluso la recomendación de encuentros entre Ximo Puig y otros presidentes autonómicos.
Una sinceridad que causó sorpresa y estupor en varios de los asistentes, al evidenciarse que la reforma del modelo está, probablemente, igual de lejos que cuando llegó Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018.
Así, el secretario general de UGT-PV, Ismael Saéz, calificó de "baño de realidad" el encuentro con Montero. Lo único positivo de la reunión, en su opinión, fue "la franqueza" de la ministra, que confesó que no veía factible sacar adelante un acuerdo de reforma a partir de la varias veces prometida propuesta del Gobierno. "Lo deseable sería una propuesta inicial del ministerio", señaló Sáez, pero lo que la ministra transmitió es que no habrá propuesta porque sería rechazada en el Congreso.
Según el líder sindical, Montero, que "conoce la realidad de nuestra infrafinanciación desde que era consejera de Hacienda de Andalucía", dio a entender que ha mirado para otro lado con los 1.300 millones de ingresos ficticios o reivindicativos que cada año se incluyen en el Presupuesto de la Generalitat para poder cuadrarlos, y que está dispuesta a corregir la situación por vías alternativas, no con una reforma integral.
En esta línea, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, confirmó que la ministra no dará una fecha para la reforma de la financiación y su intención es ir sacando adelante "acuerdos parciales" que vayan corrigiendo las grandes diferencias de financiación entre CCAA. Dada la brevedad de la reunión, de 45 minutos, Montero no desarrolló en qué consiste su idea de acuerdos parciales.
En declaraciones a Valencia Plaza, Navarro destacó "lo positivo" de la jornada de este martes, que es "la incorporación del PPCV" a la Plataforma Per un Finançament Just. El líder in pectore de los populares valencianos, Carlos Mazón, estuvo en la foto de la mañana pero no en la reunión en el Ministerio de Hacienda porque formalmente el partido aún no es miembro de la Plataforma, algo que se materializará después del congreso del PPCV en el que será ratificado como presidente.
La otra buena noticia para Navarro es que los 13.500 millones de euros que el Gobierno transferirá este año a las CCAA como financiación adicional por la covid-19 se repartirán por criterio de población y no de PIB, según confirmó Montero. Este criterio, aunque sea de población ajustada que reduce el peso poblacional de los valencianos, favorece a la Comunitat Valenciana más que el de PIB.
Más dura se mostró la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, cuya formación fue la artífice de la última promesa del Gobierno para presentar un primer informe de la reforma este año. "Desde Compromís pensamos que la plataforma debe estar más viva que nunca después de esta reunión, donde no nos ha parecido que la ministra tenga la voluntad de poner una propuesta antes de que acabe el año", recalcó, para mostrar su rechazo a la idea de iniciar reuniones bilaterales con las CCAA. "Eso no es lo que se pactó en el Congreso. Debe ser más valiente: llevan tres años gobernando y es el momento de que presenten soluciones al problema. Así que deben presentar una propuesta abierta y que la debatamos", comentó Micó.
Por su parte, el representante socialista de la plataforma en la reunión, Manolo Mata, recalcó el reconocimiento de la ministra del problema de financiación de la Comunitat Valenciana y su voluntad para continuar con las medidas paliativas que se han venido aplicando en los últimos meses, si bien admitió las dificultades para sacar adelante en el Congreso un nuevo modelo por la oposición del PP, especialmente desde algunas autonomías. "La polarización y un clima político de enfrentamiento nunca van a facilitar un modelo de financiación justo para el pueblo valenciano", comentó Mata, quien puntualizó que si el Gobierno valenciano actúa "como si estuviera bien financiado" -en referencia a los 1.300 millones 'reivindicativos' del Presupuesto- y los nuevos fondos que se transfieren a las CCAA por la covid "tienen en cuenta nuestra infrafinanciación y se distribuyen por los criterios con los que actúa el Gobierno de España, nuestros servicios públicos se pueden acercarse a la media nacional en sanidad, educación y políticas sociales".
En cuanto a la líder de Podem, Pilar Lima, admitió que no se había concretado una fecha para el primer informe pero mostró su "compromiso" en que se cumpla el acuerdo para la reforma del sistema y emplazó a próximas reuniones de cara a los mencionados "acuerdos parciales" que permitan avanzar en esta cuestión. "Lo conseguiremos, llegaremos a un acuerdo global. Por ahora serán acuerdos parciales que beneficiarán a la Comunitat Valenciana como los pasados Presupuestos", recalcó.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
