MADRID (EP/VP). La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que Murcia y la Comunitat Valenciana pueden ser las regiones españolas que antes se vean afectadas por la no actualización de las entregas a cuenta, un problema que podrían sufrir entre finales de octubre o principios de noviembre cuando las demás se verían afectadas a final de año.
Montero ha asegurado en el Pleno del Congreso que estas dos autonomías están más lejos de cumplir con el objetivo de déficit y tienen un "peor" trato del sistema de financiación autonómica, por lo que es posible que afronten problemas antes que las demás.
La ministra ha respondido a una pregunta sobre este problema de la diputada de Unidas Podemos Aina Vidal. Ha insistido en que el dinero pendiente de transferir equivale a 15 días de tesorería de las comunidades, en conjunto, y en que no tienen por qué aplicar ajustes por este motivo.
Son unas cantidades que están incluidas en sus respectivos presupuestos autonómicos, ha expuesto Montero, por lo que pueden gastar, aunque tengan problemas para pagar la factura y empeore el periodo de pago a los proveedores.
La diputada Aina Vidal ha exigido al gobierno una solución si no puede pagar estando en funciones y con el Presupuesto del Estado prorrogado. En concreto, ha planteado un crédito a través del FLA (Fondo de Liquide Autonómica) sin intereses o la reforma exprés de la Ley de Gobierno para conceder al Ejecutivo en funciones la posibilidad de pagar este dinero.
La ministra le ha respondido que busca una solución, pero que "la más sencilla" es que Unidas Podemos apoye la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y que el resto, se abstenga.
El conseller valenciano de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, aseguraba este martes que tenía la confirmación de Hacienda de que recibirán los fondos antes de fin de año y reclamaba que sea cuanto antes, porque se trata de 450 millones "que son imprescindibles para acabar el año adecuadamente".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
