SANTANDER (EFE). La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha confiado este sábado en poder lograr "un clima de consenso y de generosidad" para abordar la financiación autonómica y que no haya diferencias "significativas" entre ciudadanos para recibir servicios esenciales, vivan donde vivan.
"Que podamos entre todos, crear un clima de diálogo, un clima de consenso y de generosidad, en definitiva, para que ningún ciudadano tenga diferencias significativas a la hora de recibir los servicios públicos esenciales, con independencia de su lugar de residencia", ha sentenciado la ministra.
Montero lo ha señalado así este sábado en el Parlamento de Cantabria, al intervenir en el acto de toma de posesión como presidente de Cantabria del líder del PRC, Miguel Ángel Revilla.
Revilla va a gobernar en Cantabria con un gobierno de coalición con el PSOE, el cuarto que va a dirigir en un bipartito con los socialistas después de los de 2003-2007, 2007-2011 y 2015-2019.
En su discurso, Montero ha destacado que la historia de las autonomías es "de éxito" y ha apostado por la coordinación y la colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas y por un "reparto equitativo" de los recursos para poder atender así a las necesidades.
Ha apostado por la recuperación de los derechos para los ciudadanos, la revitalización del Estado de Bienestar y el ejercicio de las competencias administrativas "en las mejores condiciones".
Además, en su intervención en este acto, la ministra en funciones ha reivindicado la necesidad de que la política sirva realmente a los intereses globales de los ciudadanos.
De este modo, ha abogado por que la confianza que depositan los ciudadanos cuando votan se convierta "en una política de gobierno o de oposición constructiva", porque, a su juicio, los votos deben servir para que el país avance.
"No se entiende que esos votos no se utilicen para algo que no sea avanzar, que no sea estimular, que no sea construir", ha dicho.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
