Almuerzo VP con la candidata de Compromís a la Generalitat, Mónica Oltra (Fotos: KIKE TABERNER)
VALÈNCIA. La vicepresidenta del Consell y también candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, fue la protagonista días atrás de la ronda de encuentros electorales que está organizando Valencia Plaza con el objetivo de conocer las propuestas y prioridades de los distintos partidos y candidatos a alcanzar la jefatura del Consell. El formato del encuentro que se utilizó en esta ocasión fue un almuerzo en el emblemático restaurante Café Madrid en el que participaron redactores del periódico y colaboradores que plantearon cuestiones de actualidad.
El encuentro se produjo apenas unas horas antes de iniciarse la campaña electoral, y en él expuso cuál es el proyecto de Compromís para la siguiente legislatura. Pero también sirvió para que Oltra marcara distancias con su todavía socio de gobierno, el PSPV. No solo por las diferencias programáticas que ambas formaciones guardan, por ejemplo, en materia de matrículas universitarias, también por la escasa celeridad con la que han trabajado algunos departamentos del Ejecutivo valenciano ocupados por los socialistas y la repercusión que ello ha tenido en la gestión de otras áreas de gobierno como la suya. A modo de ejemplo citó a la Conselleria de Hacienda, que a día de hoy sigue sin autorizar las plazas para poder revertir el centro de enfermos mentales de Bétera, o la Dirección General de Infancia, que tenía encomendada la modificación de la "obsoleta Ley de Igualdad que aprobó el PP con mayoría absoluta y que se ha quedado pendiente". "Igual en lugar de anunciar esa Ley de Igualdad Salarial, la Dirección General hubiera podido promover la modificación de la Ley de Igualdad, que era uno de los objetivos que teníamos en esta legislatura", encajó.
Con sus intervenciones demostró una gran habilidad para ajustar mensajes a los socialistas con una buena dosis de sarcasmo. Una muestra de que a pesar de haberse levantado y sacudido después de la zancadilla que supuso el adelanto electoral, la maniobra sigue escociendo. El hecho de que su socio en el Gobierno decidiera hacer coincidir los comicios autonómicos con los estatales podría perjudicarles al ser una fuerza eminentemente autonómica. Un factor que aunado al festivo en el que se produce la cita en las urnas podría tener consecuencias negativas en la participación. No obstante, no se mostró preocupada por la posible desmovilización, y para reivindicar el voto útil que supone Compromís respecto al PSPV resumió las diferencias esenciales que existen entre ambas formaciones: "De forma esquemática, nuestros ejes son el cambio modelo productivo, la lucha contra el cambio climático, la cultura como motor, e I+D+i. La diferencia con el PSOE, es que el PSOE es mucho de chapa y pintura, de arreglar los golpes para que quede bonito el coche. Pero nosotros miramos el motor e incluso valoramos si debe ser diésel o gasolina".
Pese a todo, es partidaria de repetir el mestizaje. Y lo haría repitiendo la fórmula actual en la que socialistas y valencianistas están combinados en consellerias, secretarias autonómicas y direcciones generales de manera que ninguna área de Gobierno sea unicolor. Eso sí, si a partir del 28 de abril entrara Podem en el Consell "se debería redistribuir el reparto". Pero considera que esta es una metodología de "éxito" para evitar que los enfrentamientos entre consellerias se terminen convirtiendo en "conflictos entre partidos". Y se explicó: "Medio Ambiente e Infraestructuras siempre tendrán diferencias. Si cada una es de un partido completamente y no estamos mezclados, lo que quedaría al final es que PSPV y Compromís se enfrentan por...".
No se pronunció sobre si desearía en un Botànic II volver a ocupar la complicada cartera de Dependencia, pues su intención es "ser presidenta de la Generalitat", por lo que descartó sin matices encabezar cualquier proyecto de Compromís a nivel estatal: "Mi ámbito de actuación política es la Comunidad Valenciana. No me sentiría cómoda en un espacio tan grande. Me sentiría muy desarraigada; la política autonómica está mucho más cerca de la gente".
Ahora bien, si hubo una cuestión sobre la que Oltra se mostró tajante fue en la de la financiación autonómica; el punto irrenunciable que Compromís pondrá como condición sine qua non a cualquier aspirante a presidente del Gobierno si los votos de la coalición resultan indispensables para que el candidato sea investido. Esto es porque la última macroencuesta del CIS indicaba que Pedro Sánchez podría llegar a La Moncloa con el apoyo de Podemos, PNV y Compromís sin la ayuda de Bildu o los partidos catalanes. Con solo un diputado, los valencianistas harían, según el sondeo, a los socialistas sumar mayoría absoluta.
"Para que el futuro Presidente de la Generalitat tenga el apoyo de Compromís debe haber un compromiso calendarizado para reformar el sistema de financiación; mientras tanto, una reparación singular a un maltrato singular; el tema de la deuda provocada por la infrafinanciación tiene que pasar a la Administración General del Estado; y hasta que todo eso se produzca debe haber una moratoria en el pago de la deuda a la Administración General del Estado correspondiente a los intereses. Eso debe plantearse ya al día siguiente. Si eso no está encima de la mesa, que no cuenten con nosotros. Aparte de que se cumpla el Estatuto respecto a las inversiones, apoyo al sector citrícola, etcétera", enumeró.
En este sentido, aunque reconoció que Compromís no ha sido palanca para cambiar cosas en el Congreso de los Diputados, sí quiso recalcar que la coalición fue "decisiva en la moción de censura". "La primera fuerza política que decidió apoyarla porque se decidía entre corrupción o democracia fuimos nosotros. Y detrás de nosotros echaron todos", explicó. Si bien lamentó que posteriormente el PSOE les haya "ninguneado" en algunas ocasiones por no ser "voto bisagra".
Una de las cuestiones principales que ha abordado el Consell del Botànic en esta legislatura han sido las reversiones sanitarias -aunque de momento tan solo se ha acometido una, la del Hospital de La Ribera- debido a la apuesta del Ejecutivo de Ximo Puig por la vuelta a lo público. Sin embargo, también existían otros servicios privatizados como la gestión de residencias de mayores, un asunto dependiente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la propia Oltra, pero que se ha mantenido mayoritariamente.
En este sentido, la candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat aseguró que desde su departamento establecieron desde el inicio un "sistema subsidiario": "Primero, centro público de gestión pública; después, público de gestión a través de entidades de tercer sector como ONGs, que no tienen fines lucrativos; y en tercer lugar, donde no llegáramos con las dos opciones anteriores, gestión privada para cubrir el servicio". Además, explicó que el punto de partida no era el mismo en Sanidad que en Dependencia, ya que el mapa general en cada cartera es distinto de origen: en la primera, lo minoritario es la administración privada, mientras que en la segunda, es a la inversa. "No son ámbitos comparables".
Sin embargo, Oltra sostuvo que a lo largo de la legislatura se han revertido residencias, como la de enfermos mentales de Albocàsser y otros, como el de Bétera, no se han podido revertir aún "a pesar de que debía haberse hecho efectivo en julio de 2018, Hacienda no ha autorizado todavía las plazas". En cualquier caso, mostró su preferencia por anunciar que un centro gestionado de forma privada vuelve a la gestión pública, ya sea departamento de salud o dependencia, "cuando ya tienes el conejo en el saco, no cuando te compras la escopeta". "Si lo anuncias antes de hacerlo, lo has hecho antes de hora", espetó en una clara alusión a los avisos reiterados de Puig de que rescataría el Hospital de Dénia que, tres años después del primer anuncio, sigue en manos de la empresa privada.
Aunque PSPV y Compromís coinciden en que la sanidad debe volver a la gestión pública y en ello han centrado sus esfuerzos (y anuncios) durante estos cuatro años, no ocurre lo mismo con el sentido que quieren darle a las ayudas que ofrece la administración autonómica a aquellos que quieren cursar estudios universitarios. Como medida estrella de su programa, los socialistas anunciaron días atrás que los universitarios que aprobasen todas las asignaturas tendrían la matrícula gratis. Explicaron entonces que era una iniciativa para premiar el talento que costaría en torno a los 30 millones de euros; "No hacemos apología de la pereza", explicó Puig en el almuerzo con Valencia Plaza que será publicado en los próximos días.
Sin embargo, en Compromís no comparten que las ayudas destinadas a pagar las tasas universitarias deban concederse bajo ese significado. Entienden que no son un "premio" por aprobar, sino que estas deben ir dirigidas a permitir el acceso universitario a las personas de clase social más baja de manera que se eviten desigualdades. "Nosotros planteamos que las tasas sean progresivas en función de la renta. El sistema educativo debe ser, además de transmisor de conocimientos y valores, un instrumento que equilibre las desigualdades de origen. No es lo mismo el rendimiento de un chico o chica con una familia con poder adquisitivo medio alto, que el de uno de las 1.000 viviendas, que además tiene muchas menos posibilidades de llegar a la universidad", explicó Oltra.
"Decir que van a tener matrícula gratis todos los que aprueben es ahondar en las diferencias y no lo contrario, que es lo que nosotros entendemos que debe paliar el sistema educativo: las desigualdades. No es lo mismo un chaval que tiene su habitación para poder estudiar, que el que estudia en la cocina mientras el hermano juega con el camión y su madre cocina", añade. "Esa propuesta, además, no tiene en cuenta por ejemplo a las personas que tienen discapacidades. Me parece una propuesta propia de aquellos que quieren perpetuar desigualdades cuando el ascensor social se rompió hace mucho tiempo", zanjó en esta cuestión.
Por lo que respecta a la nueva radiotelevisión autonómica, la candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat consideró que se está haciendo "un trabajo muy digno con el presupuesto que hay", aunque estimó que a los informativos "quizá les falta un poco más de empaque". "Si hace falta más inversión, hará falta, porque la televisión pública es un motor también del que depende el sector audiovisual. Se calcula que con el cierre de Canal 9 no sólo se fueron a la calle el personal contratado en RTVV, sino que también se destruyeron 6.000 puestos de trabajo por todo lo que tenían subcontratado y de las productoras que se nutrían", dijo.
Conviene señalar que Compromís fue la única formación que en la negociación de los Presupuestos de la Generalitat de 2019 planteó la posibilidad' de aumentar los fondos de À Punt para adecuarlos a lo que estipula la ley de creación del ente que dirige Empar Marco y preside Enrique Soriano. Esto es, actualmente la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) recibe 55 millones de euros, pero la ley Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico estipula que el presupuesto no podrá contar con una partida inferior al 0,3% ni superior al 0,6% de las cuentas anuales de la Generalitat Valenciana. Los 55 millones entran dentro de estos porcentajes si el cálculo se hace tomando como referencia el gasto no financiero -deuda-, que es de 16.708 millones para 2019; si por el contrario se tomaba los 22.096 millones de euros de Presupuesto de la Generalitat que incluían la parte de la deuda, el porcentaje destinado a À Punt era del 0,25%.
Por lo que respecta a la gestión del área de Cultura, Oltra puso en valor que se haya tratado de descentralizar con medidas como la inauguración de la subsede del IVAM en Alcoy. Reconoció que no son de "grandes proyectos megalómanos de grandes contenedores pero poco contenido", a pesar de que la Conselleria que dirige Vicent Marzà comprara la nave de Sagunto por 3,5 millones de euros, una inversión considerable para el área de la que se trata para la que todavía no hay marcada una hoja de ruta clara que defina qué se hará con ella.
La candidata de Compromís a presidenciable subrayó los cambios experimentados, por ejemplo, por el Centro del Carmen, que a pesar de haber sido objeto de críticas por parte de la oposición, a su juicio "se ha convertido en un espacio polivalente y de vanguardia que ha hecho que las visitas se dupliquen y que puede ser exportable a Alicante y Castellón y gestionado por el Consorci de Museus". Órgano que no ha podido ampliar su plantilla todavía porque Hacienda no le ha aprobado todavía la nueva RPT "como ocurrió con el IVASS -Instituto Valenciano de Atención Socio-Sanitaria-, que la última aprobada era de 2003" y, explicó, tuvo que irse con las trabajadoras a la Conselleria de Hacienda hasta que se la firmaron.
Con estos exámenes, no es de extrañar que una de las principales carteras en las que a Compromís le gustaría ocupar algún puesto de responsabilidad fuese en la de Hacienda, pues consideran que podrían haberse hecho las cosas "de otra manera". "No se trataría de que Compromís tuviera la Conselleria, sino al menos algunas direcciones generales", puntualizó Oltra, ya que es el cargo que se encarga de firmar cada una de las órdenes de pago para validarlas. "¿Dónde está la Ley del Sector Público? ¿Cuántas veces se ha anunciado?", preguntó.
A través de este departamento del Consell, si Compromís ostentara esta cartera plantearía incentivos para las empresas en la próxima legislatura dirigidas a reducir la jornada laboral a 32 horas semanales: "No tenemos competencias para regular el Estatuto de los Trabajadores como algo obligatorio, pero a través de subvenciones o incentivos queremos conseguir que las empresas se sumen a una reducción paulatina de aquí a 2025". Y ante una de las posibles críticas que podría despertar una iniciativa de este tipo entre los empresarios, la candidata valencianista aseguró que a "partir de las 4 horas de trabajo cae la productividad en picado, con lo cual la reducción de jornada sin reducir salario, incluso podría aumentar la productividad porque el horizonte de terminar antes hace que produzcas más".
En materia de impuestos, Compromís es partidario de que cuando se negocie un nuevo gobierno, cuestiones como la tasa turística o el impuesto a las bebidas azucaradas deben estar presentes. "No seremos inflexibles porque se deben incorporar todas las visiones, pero el objeto tiene que estar y salir en la siguiente legislatura; tanto esas dos como el vaciamiento de las diputaciones. En la medida en que seamos necesarios en Madrid, lo plantearemos", adelantó Oltra.
No en vano, la tasa al azúcar en origen era una propuesta de la coalición valencianista. Sin embargo, la oposición de los empresarios a esta propuesta hizo que el PSPV se negara a sacarla adelante y regular los tramos del pretendido gravamen -la Conselleria de Hacienda la ocupan los socialistas- cuyo objetivo era que los ciudadanos disminuyan el consumo de bebidas azucaradas. Esto hizo que Podem asumiera la medida como propia cuando Compromís tuvo que modificar el texto original de manera drástica en el trámite parlamentario para buscar la aprobación de su socio en el Gobierno valenciano. Tanto que el texto que finalmente se aprobó no pedía directamente la creación de un impuesto, sino la elaboración de un estudio previo sobre la necesidad de que este entrara en vigor.
