Milagrosa Martínez y los condenados por Fitur entrarán en prisión el próximo 24 de mayo

VALÈNCIA. (EPVP).El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado varias providencias en las que cita a la exconsellera de Turisme en el Gobierno de Francisco Camps Milagrosa Martínez y al resto de condenados que se encuentran en libertad por el caso Fitur para que comparezcan en la sala el próximo 23 de mayo con el fin de comunicarles su obligación de ingresar en la cárcel al día siguiente.

En el caso de no comparecer a la práctica de esta diligencia, se les apercibe de que la sala acordará su detención y posterior ingreso en prisión por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los citados son: Cándido Herrero, Rafael Betoret, Jorge Guarro, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Ana Grau e Isaac Vidal, que tendrán que acudir a la sede del TSJCV entre las 9 y las 12 horas del próximo miércoles. Martínez, que también fue presidenta de Les Corts, será el segundo cargo de este rango del Gobierno de Camps que entre en prisión tras Rafael Blasco, en la cárcel por la primera de las piezas del caso Cooperación.

Esta citación se produce ocho días después de que el Tribunal Supremo confirmase las condenas a los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo de 13 años de prisión, de Álvaro Pérez 'El Bigotes' a 12 años y 3 meses, y de la exconsellera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez de 9 años en la primera de las seis piezas en las que se dividió el caso Gürtel, por la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009.

Así consta en varias resoluciones de la sala de lo Civil y Penal, facilitadas por el TSJCV, que ha iniciado los trámites para la ejecución de la sentencia de Fitur, recientemente confirmada por el Tribunal Supremo.

Francisco Correa; Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Pablo Crespo se encuentran en prisión por otros hechos relacionados con la trama (ya cumplen condena por esta causa en la prisión de Valdemoro) la sala acuerda librar exhorto a los centros penitenciarios para requerirles el cumplimiento de las penas impuestas.

En primer lugar, la sala ha dictado un auto en el que declara la firmeza de las actuaciones y, tras quedar anotada en los registros judiciales, forma pieza separada de cada uno de los penados para notificarles la comunicación de entrada en prisión y otra pieza más para la ejecución de la condena de indemnización de 271.636 euros a favor de la Generalitat, impuesta solidaria a la mayoría de ellos.

Asimismo, comunica a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y a la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat que los condenados están afectados por la prohibición legal de contratar con el sector público, según acordó la sentencia.

Plaza de cinco días para las multas

La sentencia ratificó también las condenas de 6 años para Isabel Jordán, la administradora de varias empresas de la trama Gürtel; de 4 años y 4 meses para Cándido Herrero, el exgerente de Orange Market (filial de la Gürtel en la Comunidad Valenciana), y de 3 años para Mónica Magariños, una exempleada de las empresas de Correa.

Además de los citados, la resolución confirma las condenas del ex jefe de gabinete de la consellera Martínez, Rafael Betoret, que ya fue considerado culpable en la "causa de los trajes", a 6 años de prisión, y los ex altos cargos de la Conselleria de Turismo Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, a 7, 4 y 3 años, respectivamente.

En la resolución, la Sala Segunda del alto tribunal ratificó íntegramente todas las condenas que recoge la sentencia del TSJCV relacionada con las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en Fitur en las ediciones del 2005 al 2009 a través de las empresas de la trama.

En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha dado a conocer este miércoles el contenido de once providencias de ejecutoria penal, una por condenado, en las que -salvo a los tres que ya cumplen condena- se les cita el próximo día 23 "para constituirse voluntariamente en prisión el siguiente día" y se les reclaman las correspondientes multas a las que fueron condenados, que deberán desembolsar en cinco días


A Cándido Herrero se le reclama 9.450 euros de multa por asociación ilícita y falsedad documental, a Isabel Jordán 17.250 euros por los mismos delitos, a Mónica Magariños 1.800 euros por asociación ilícita, y a Milagrosa Martínez 5.000 euros por cohecho pasivo y la entrega de un reloj marca Hublot que, de no entregar, supondrá el embargo de 2.400 euros de sus bienes.

A los extrabajadores de la Agencia Valenciana de Turismo Ana Grau e Isaac Vidal se les reclama, respectivamente, una multa de 900 y 2.700 euros por falsedad documental,mientras que a Jorge Guarro y Rafael Betoret no se le impuso multa alguna.

En concepto de responsabilidad civil, se requiere a Correa, Crespo, Pérez, Jordán, Martínez, Betoret, Vidal y Guarro el pago conjunto y solidario de una indemnización a la Generalitat Valenciana por 271.636 euros, un pago que es extensivo a Magariños hasta 265.056 euros y a Herrero hasta 10.120.

El TSJCV ordena, asimismo, el embargo de bienes de Orange Market en cuantía suficiente para cubrir 1.937.957 euros. Esta ha sido la primera causa relacionada con la Gürtel que ya tiene sentencia firme en el Tribunal Supremo tras haberse desestimado los recursos de casación de los once condenados por el TSJCV. 

Asociación ilícita y otros delitos

El TS confirma que Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo cometieron delitos de malversación de caudales públicos, cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita, más falsedad documental en el caso de este último. Según la sentencia, la exconsellera cometió malversación de caudales, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.

Sobre la asociación ilícita, considera el Supremo que son responsables Correa, Crespo, Pérez, Jordán, Magariños y Herrero, ya que entiende que en el relato fáctico se describen los elementos del tipo penal, es decir, un "entramado de sociedades, estructurado y jerarquizado, para participar en licitaciones públicas con vulneración de la legislación administrativa y los principios de transparencia que deben guiar la acción administrativa".

La sentencia expone que las relaciones del grupo de empresas con la administración eran tan fluidas, antes y durante la adjudicación de los contratos, que se produjo un "desembarco" y de hecho una 'sustitución' de la administración por las empresas de Gürtel, pues eran ellas las que confeccionaban y redactaban los contratos, siempre admitidos por la administración, realizaban los planos, e incluso diseñaban los criterios de valoración de las propuestas.

Esa situación fue posible por las relaciones personales de amistad surgidas entre Correa, Pérez y Crespo, con Milagrosa Martínez y funcionarios del departamento, "por el conocimiento personal derivado de la participación del grupo en anteriores campañas con el partido político que sustentaba el gobierno de la Comunidad autónoma, y sostenida, posteriormente, con los regalos que se realizaban por las fiestas de Navidad".