Julià Álvaro, secretario autonómico de Medio Ambiente. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. La Conselleria Agricultura y Medio Ambiente descarta constituir una mesa de trabajo con todos los agentes implicados en la implantación del futuro plan de devolución, depósito y retorno de envases (SDDR) tal y como piden la patronal autonómica Cierval y la valenciana CEV, pero sí está dispuesta a continuar con los contactos bilaterales para negociar cuestiones concretas de su aplicación. Eso sí, el departamento que dirige Elena Cebrián tiene bien trazada su línea roja: el SDDR es innegociable.
Así lo manifiesta el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, en referencia a la petición de "diálogo" lanzada este martes por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras inaugurar una jornada sobre el SDDR. El jefe del Consell, a la vista de que la inmensa mayoría de organizaciones empresariales exige la retirada de la propuesta, garantizó que no habrá imposiciones en este proyecto.
"No vamos a constituir una mesa de trabajo porque entendemos que ya está bastante debatido. El formato que hemos adoptado -el de las reuniones bilaterales- es bastante útil y no vamos a adoptar otro", explicó Álvaro a este periódico. El secretario autonómico insiste en que se han mantenido "incontables" encuentros, tanto antes como después de llevar el borrador de la Ley de Protección Adicional de Medio Ambiente al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAPMA) para que realizase aportaciones.
La CEV, tal y como publicó Valencia Plaza, denunciará el proyecto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por ser contrario a la Ley de Unidad de Mercado. Mientras, la autonómica Cierval continúa recabando adhesiones al manifiesto contrario al plan que las patronales hicieron llegar a Puig el pasado verano y ahora reclama un espacio de diálogo conjunto.
Pero empresarios y administración están en ondas muy distintas; mientras los primeros rechazan el SDDR y abogan por mejorar el sistema actual, Medio Ambiente cree que el asunto ya está en otra fase. El debate, a su juicio, no es si adoptar o no el plan de envases retornables, sino tratar de adaptarlo para que concite el mayor consenso posible.
Álvaro explica que, desde su concepción inicial, el proyecto ha experimentado "cambios menores y otros muy significativos" como la no obligatoriedad para el sector de la hostelería o la flexibilización de las posibilidades en la ubicación las máquinas de retorno. El secretario autonómico se agarra a ese argumento para defender que, mientras la administración ha realizado concesiones, las organizaciones contrarias insisten en su retirada. "Hasta ahora, de quienes tenemos noticia que no se han movido son ellos", añade Julià Álvaro, quien asume que las imposiciones no han de venir de ninguna de las partes.
Por ello, el representante de Medio Ambiente subraya que continuarán con el diálogo al que aludía Puig. Como muestra, la reunión que el propio Julià Álvaro mantendrá próximamente con Asucova, la organización de supermercados a la que pertenecen enseñas como Mercadona, Consum, MasyMas o Dialprix cuyo posicionamiento es determinante para la implantación del sistema. Hasta ahora, esta asociación se ha mostrado en contra del SDDR.
El representante de la Conselleria de Hacienda considera que los argumentos que manejan los opositores a plan son "débiles". Como la crítica por que se les dejase fuera de la jornada del pasado martes, a la que Medio Ambiente solo invitó a expertos y representantes institucionales favorables al plan y organizaciones ecologistas.
Si se hizo de ese modo fue, según Álvaro, porque el simposio Tornar el Casc 2.0 no era una jornada de debate para apoyar o no el sistema, sino una jornada para presentar los argumentos a favor del mismo, para "demostrar que todo encaja", manifiesta Julià Álvaro.
"Sirvió para escuchar voces y opiniones que se habían escuchado muy poco hasta la fecha. En estos meses, se nos ha escuchado a nosotros, al Gobierno, y a los sectores más poderosos económicamente que no están de acuerdo con nuestra propuesta. En cambio, se habían sentido poco otras voces. La sesión de ayer -por el martes- pretendía poner el foco sobre esas opiniones invisibles", reflejó el alto cargo en su blog.
En cuanto a la pretensión de la CEV de denunciar ante Competencia el proyecto por atentar contra la unidad de mercado, el secretario autonómico ironiza: "Como posición de diálogo no está mal". Pese a ello, considera "correcto" que cada parte actúe según sus intereses, aunque sostiene que no hay quiebra de la unidad de mercado con el SDDR.
Para argumentarlo, Álvaro asegura que los envases que se comercialicen en la Comunitat llevarán el mismo etiquetado que en el resto de España. El punto verde -el elemento indentificativo de los envases tratados con el actual sistema de recogida selectiva- va a seguir estando en las etiquetas. La diferencia será que el precio añadido que paguen los clientes por el tratamiento del envase, en lugar de ir a parar a Ecoembes -gestor del sistema actual- será para el gestor del SDDR.
Cuestionado sobre cómo se evitará entonces que los comercios de la Comunitat se conviertan en receptores y gestores de envases gestionados en provincias limítrofes, asegura que se establecerán topes máximos en la cantidad de envases que puede devolver un usuario y en los que puede recepcionar un establecimiento. También habrá inspecciones para perseguir la picaresca.
"No nos interesa hacer nada que se pueda volver judicialmente en contra. El problema de este sistema no es la implantación, sino que funcionase mal. Ahí es donde hemos de incidir", explica el secretario autonómico de Medio Ambiente, quien reitera que la conselleria cuenta el aval de informes jurídicos de expertos independientes y de sus propios abogados.
