Marzà no tiene un 'plan B' por si persiste la suspensión del plurilingüismo

VALÈNCIA . Tres son las veces que los el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha suspendido cautelarmente el decreto de plurilingüismo redactado por la Conselleria de Educación. Y tres veces han respondido lo mismo desde el departamento que dirige Vicent Marzà: recurriremos. La Abogacía de la Generalitat intentará revertir las medidas decretadas por el órgano judicial, a tenor de las denuncias presentadas por la Diputación de Alicante, la Asociación en Defensa del Castellano y el sindicato USO apelando a derechos fundamentales. Sin embargo, de no conseguirlo, en Campanar no saben lo que van a hacer y ni siquiera se plantean empezar a trabajar en base a futuribles. 

Así se infiere de las respuestas de Marzà durante la sesión de control de Les Corts que tuvo lugar este jueves. Interpelado por la oposición sobre cuál sería su plan alternativo en caso de que se mantuviera suspendido el decreto, lo que podría obligar a reiniciar el proceso de admisión escolar como solicita la Asociación en Defensa del Castellano, el conseller daba la callada por respuesta. Su defensa ha sido esgrimir un informe de la Fiscalía, cuya opinión es eminentemente favorable al decreto, al entender que el texto "no lesiona ningún derecho fundamental", pues "no se prohíbe ni se excluye" la enseñanza en castellano "ni se impone" la del valenciano. Ahora bien, la argumentación del fiscal responde a una demanda del sindicato CSIF, pero no a ninguno de los tres procedimintos mencionados.

La misma actitud manifestaba el propio president de la Generalitat, Ximo Puig, quien en la misma sesión afirmaba que confía en que la resolución judicial sobre el decreto de plurilingüismo "sea favorable", ya que cuenta con el informe en positivo de la Abogacía, del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el "aval" del Ministerio de Educación. Lo hacía en respuesta al hostigamiento de la portavoz del PP, Isabel Bonig, quien insistía en los "tres varapalos judiciales" a lo que la oposición se ha dado en llamar "decreto de chantaje lingüístico".

Por su parte, Escola Valenciana revelaba que ha interpuesto otro recurso contra el auto del TSJCV que paraliza el decreto, al considerar que las alegaciones de la Asociación para la Defensa delCastellano y las de la Diputación de Alicante son "idénticas", dando a entender una estrategia de desprestigio desde un mismo sector ideológico. En opinión del colectivo, que siempre ha mostrado su respaldo a Marzà y al director de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, ambos militantes de sus filas, los recursos interpuestos no se basan "en el interés general del alumnado", sino a cuestiones de corte político.

Sobre el uso del valenciano en la Administración

Paralelamente a este proceso, la política lingüística de la Generalitat tiene otro frente abierto: el de los usos administrativos del valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso del CSI·F contra el decreto del Consell y ha pedido al Ejecutivo que se pronuncia sobre la suspensión cautelar que solicita el sindicato. De finalmente darse, supondría una grave amenaza por parte de la Justicia al impulso que pretende darle la Generalitat al uso del valenciano.

Según ha informado la central sindical, el recurso es consecuencia de "no haber  negociado con los representantes de los trabajadores, como es preceptivo". También porque, en opinión de CSI·F, establecer el valenciano como lengua destacada "la sitúa en posición de prevalencia que vulnera lo establecido en la Constitución".