VALENCIA. Las liquidaciones de las concesiones sanitarias de estos últimos años han sido una incógnita respecto al Hospital de Dénia, y más desde que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, realizó el anuncio en Pedreguer de su reversión con la intención de ejecutarla con la compra de las acciones a la empresa DKV, quien tiene el 65% del accionariado. Nueve meses despues de lanzar el mensaje, poco se ha avanzado.
Alicante Plaza calculó la reversión en unos 60 millones, y ahora, las cuentas de Marina Salud correspondientes a 2015 desvelan que la partida a proveedores de la gestora del Hospital de Dénia incluye un saldo a pagar a la Generalitat de 36,3 millones por las liquidaciones calculadas entre 2009 y 2015.
"Estamos en fase de reversión en función de las posibles compensaciones de deuda que esta empresa tenga con la Generalitat", aseguraba la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell del pasado viernes. Previamente señalaba que todavía están calculando la deuda con la concesionaria. El dato al que remite las cuentas de Marina Salud son provisionales, ya que se aprobó en Comisión Mixta en marzo de 2015.
En el mes de noviembre, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, señalaba a Dénia, Elche y Manises como responsables de una deuda de 260 millones. Cabe recordar que las liquidaciones de la última, a la que se le reclamaban 181 millones, los tiene judicializados.
Las cuentas de Marina Saludarrojan unas pérdidas de 3,6 millones, algo que ya adelantó DKV en el mes de marzo al achacarle la responsabilidad de bajar un 7% de beneficios los resultados de la aseguradora. La cifra de negocio de Marina Salud también se vio aminorada en 2015, reduciéndose desde los 116 millones de 2014 a 96 millones en 2015, probablemente por el decreto de libre elección.
Según pudo saber Alicante Plaza tras consultar diversas fuentes públicas y privadas, la Generalitat todavía no ha encargado ninguno de los dos informes necesarios para abordar la operación.
En el caso del informe económico, el IVF no lo ha realizado por falta de medios, ya que sería necesaria una auditoría –due dilligence– de la empresa Marina Salud, aunque no fuera muy exhaustiva, para tener una idea aproximada de su valor. Desde la Conselleria de Hacienda se ha sugerido encargar la auditoría a una empresa externa, pero de momento no se ha hecho. Esa auditoría probablemente no podrían realizarla ninguna de las big four del sector –PwC, EY, Deloitte y KPMG– porque todas ellas tienen vinculación con la propia Marina Salud o con alguno de sus accionistas.
En cuanto al informe jurídico, en la Abogacía de la Generalitat sólo se recibió, muy al principio, la petición de un informe sobre si Ribera Salud debería pedir permiso a la Conselleria de Sanidad en el caso de comprar el 65% de Marina Salud que tiene DKV. Según la empresa que dirige Alberto de Rosa, bastaría con comunicarlo según el contrato, pero la Abogacía sostuvo en su informe que el cambio de titularidad del socio mayoritario requiere la autorización previa de Sanidad.
El informe sobre las repercusiones jurídicas de la hipotética reversión no lo está haciendo la Abogacía de la Generalitat. Cabe la posibilidad de que se encargue a un bufete externo, pero fuentes de la Conselleria de Sanidad aseguran que desde ese departamento no se ha solicitado porque están pendientes del informe económico-financiero.
