Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Foto: PoolLas comparaciones son odiosas, pero inevitables. La sentencia de los ERE de Andalucía nueve días después de las Elecciones Generales —¿casualidad? No lo creo— ha dado lugar a un sinfín de comparaciones entre este caso y los del PP, una competición absurda entre los dos grandes partidos y sus comparsas ya que ser el segundo más corrupto no es algo de lo que se pueda presumir.
Una cosa está clara: el PP en la Comunitat Valenciana y el PSOE en Andalucía acudieron 'dopados' durante muchos años a las urnas y ganaron elección tras elección gracias a la malversación de dinero público. Dopados, eso sí, de diferente forma.
Dicen los socialistas que en el caso de los ERE no ha habido financiación ilegal del PSOE, pero es una falacia por que sí la hubo, a su manera: mientras los populares lo hicieron vía empresas a las que regalaban contratos y sobrecostes cuyos beneficios en parte iban al partido para financiar ilegalmente macrocampañas electorales, los socialistas usaron fraudulentamente dinero público para comprar la voluntad de muchos ciudadanos andaluces.
Ambos métodos, que fueron eficaces hasta que llegó el escándalo, tenían sus pros y sus contras. Desde el punto de vista de la eficiencia parece más efectiva la fórmula socialista porque no hay intermediarios y todo el dinero malversado se aprovecha para regar la red clientelar. No obstante, comprar voluntades una a una es, sin duda, menos eficiente para captar votos que invertir lo robado en mítines espectaculares, propaganda, carteles y anuncios en medios de comunicación.
Por otro lado, lo del PSOE andaluz repugna más porque el dinero era en teoría para gente necesitada, lo que sitúa la acción muy cerca del abominable latrocinio de dinero para el Tercer Mundo cometido por Rafael Blasco y su banda.
Tenga por seguro el lector que al día siguiente de conocerse la sentencia de los ERE de Andalucía había políticos que seguían robando, igual que los había al día siguiente de estallar el caso Gürtel (febrero de 2009) o la operación Taula (enero de 2016). Con más cuidado, a menor escala, pero sin parar. España es así; Cataluña, también, no se vayan a pensar los independentistas que en eso somos diferentes.
La política de transparencia implantada por las Administraciones y la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor en 2018 lo han puesto más difícil, pero no hay barrera que el ingenio español no pueda superar. Ante la dificultad de dar grandes palos, la picaresca se ha centrado en corruptelas de baja intensidad, a veces tan baja que ni siquiera son percibidas como tales por sus ejecutores ni por algunos jueces y fiscales que en su día pasaron por alto la gran estafa y ahora piensan que solo la gran estafa es perseguible. Sin ánimo de dar ideas, sino con ánimo de llamar la atención, veamos algunos ejemplos:
Empecemos por ese político que cree encontrar en el amigo o el cuñado el profesional ideal para ejecutar un contrato que es peccata minuta, el chocolate del loro, aunque con los años vas sumando euros y te salen un puesto fijo a dedo para aquellos a quienes no has podido incluir en la creciente lista de cargos públicos y asesores. Sigue ocurriendo a pesar de la ejemplarizante detención de Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Ontinyent con el 66% de los votos porque para dos de cada tres ontinyentins Rodríguez no se ha llevado dinero a casa y por lo tanto es inocente.
Los contratos prorrogados es otra manera de favorecer a determinadas empresas en perjuicio de todas sus competidoras y de la propia Administración. La nueva Ley de Contratos es muy restrictiva para prevenir el fraude en los nuevos concursos, pero ha servido como excusa a los altos cargos para retrasar la convocatoria de los preceptivos concursos, que es otra forma de fraude.
Como los servicios públicos no pueden dejar de prestarse, cuando termina el contrato se prorroga la prestación del servicio con la misma empresa, situación que a veces dura años, lustros, hasta que se adjudique un nuevo concurso cuya licitación, ¡vaya por Dios!, no ha empezado a tramitarse a pesar de conocerse el día de finalización del contrato desde el día que se firmó. Y así te encuentras a centenares de empresas prestando un servicio público y cobrando por el denominado procedimiento de enriquecimiento injusto, que hace años era excepcional y ahora es el pan nuestro de cada día.
La mayoría de estos casos no son por corrupción sino por incompetencia o insuficiencia de recursos públicos, situación que favorece a los corruptos porque a ver cómo distingues a unos de otros. De hecho, algunos casos han sido denunciados ante la Fiscalía o los juzgados, que los archivan sin más a no ser que se aporten pruebas incontestables de la connivencia entre el político y el empresario; mejor si hay una foto fumándose un puro, pero ni así te garantizan que vayan a entrar a investigar.
Y qué decir de las concesiones gratis que el político de turno promete sacar a concurso para que las empresas que no pagan paguen pero va tan liado que nunca tiene tiempo para el dichoso concurso, y ahora aún menos con la que está cayendo, y las empresas mientras haciendo caja sin pagar lo que toca o pagándolo donde no toca.
Podría extenderme con los contratos menores, los miles de contratos a dedo con un presupuesto que antes era de 17.995 euros y ahora, con la nueva ley, es de 14.995, justo en el límite para poder darlo a dedo. Y si cuesta más lo fraccionamos y lo repartimos con el resto de amiguetes, que aquí hay para todos. O sobre el delito del artículo 406 del Código Penal, el de enchufismo, que debe de ser el menos aplicado por los tribunales en relación al número de casos.
Pero para no hacerlo largo, constataré que nada impide a los gobiernos y alcaldes aumentar en sus presupuestos los fondos de libre disposición para ser, literalmente, más liberales. Una liberalidad que cuando va en beneficio de amigos, conocidos y saludados es fácil de disimular porque la manguera alcanza a otros que no lo son. En ello están ahora porque han descubierto que, encima, es legal.
Muy de acuerdo con la Unió de Periodistes Valencianas en su comunicado sobre la treintena de becarios periodistas de la Generalitat en situación ilegal, según una sentencia que obliga a respetar sus derechos y no abusar de su condición. La reacción del Consell de anunciar que ya no convocará más becas de Comunicación es un pataleo de niño pequeño que cuando le pitan penalti se lleva el balón a casa. No se le ha exigido que deje de tener becarios sino que cumpla la ley.
