"Mantener el 'statu quo' sería una forma de cerrar en falso la reforma de la financiación"

VALENCIA. Francisco Pérez es el experto elegido por el Consell para representar a la Comunitat en la comisión de expertos convocada por el Gobierno central para reformar el sistema de financiación autonómica. El director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que ya fue portavoz de la comisión de expertos creada en Les Corts para esa reforma, considera que los valencianos tienen ante sí la oportunidad de recibir "un tratamiento justo de una vez".

Con la expectativa de que el nuevo modelo pueda tener efectos este mismo año, el experto se arma de argumentos para defender la necesidad de acabar con el statu quo, el origen de las "diferencias injustificadas" que existen en el tratamiento que reciben las distintas comunidades y que, en los casos más extremos, ha derivado en "inestabilidad institucional". 

¿La batalla por la financiación empieza ahí, aunque sea una comisión para asesorar?

De lo que no cabe duda es de que habrá puntos de vista distintos y que una parte de esas diferencias de perspectivas pueden venir influidas por el origen de cada comunidad. Esta comisión, al ser tan amplia respecto a otras anteriores, la conexión con las sensibilidades puede ser más directa, pero el sentido común dice que hay que buscar una solución que sea aceptable para el conjunto y que proporcione mejoras efectivas de la situación. Eso es lo que se espera de los técnicos, el equilibrio entre el reconocimiento del problema con la búsqueda de soluciones que puedan encajar a pesar de la dificultad.

¿Cuál va a ser su estrategia?

El análisis de la situación ha de ser lo más realista posible y partir del reconocimiento de problemas que vienen de lejos y no han sido solucionados y de problemas que han surgido en los últimos años como consecuencia de la crisis. Creo que el nuevo modelo de financiación tiene que tener en cuenta ambas cosas. Y hay razones para pensar que mucha gente es consciente de ambas cosas, que no existe justificación para mantener las diferencias de recursos que existen entre comunidades como tampoco la hay para mantener las disparidades de resultados financieros que dan los regímenes común y foral. Y por otro lado, que las comunidades autónomas han estado sometidas a una presión durante la crisis como consecuencia de la caída de los recursos tributarios que ha desembocado en ajustes de gasto muy importantes en servicios públicos fundamentales. El nuevo modelo debe buscar solución a los dos.

La actitud del Gobierno, ¿ha cambiado respecto al problema valenciano en los últimos meses?

Creo que la actitud del Gobierno sí ha cambiado en el reconocimiento progresivo de que la realidad valenciana es la que es y en que ello tiene que tener una respuesta, pero la demora en la respuesta ha mantenido a la Comunitat en una situación de discriminación a la que esperamos que ahora se le ponga remedio. El problema viene de muy lejos y en otras ocasiones no se le ha dado una respuesta satisfactoria. Hay que ser precavidos. Pero hasta hace poco tiempo el problema se negaba y ahora se reconoce. También ha sido un avance que exista una unanimidad interna en el diagnóstico que antes no había.

¿A qué pueden aspirar los valencianos realmente con el nuevo modelo? Se habla de retroactividad, deuda histórica...

A lo que hay que aspirar es a recibir un tratamiento justo de una vez, a que la discriminación desaparezca.Y creo que también es razonable poner encima de la mesa que hay que paliar las consecuencias de la discriminación padecida en el pasado, que han sido un elevadísimo endeudamiento. Esto plantea una situación de inviabilidad financiera de la comunidad autónoma, porque en el momento en el que se retirara el FLA la Comunitat no estaría en condiciones de acudir a los mercados a financiarse. Es cierto que, cuando se actúa en este terreno con un rescate o como se quiera llamar, surge lo que los economistas llamamos problema de riesgo moral, pero hay que analizar las causas: no es lo mismo que la deuda sea elevada por haber gastado mucho que a pesar de haber gastado poco. Entonces, creo que el argumento de asunción de deudas o de una quita de la deuda autonómica hay que sustentarlo con razones fundadas como cuál sería la deuda de la Generalitat si hubiera tenido la misma financiación que han tenido otras comunidades.
Una parte del problema del endeudamiento de las comunidades en este caso tiene que ver con el desplome de los ingresos y el tipo de gasto que tienen que asumir. Si prestan servicios sanitarios y educativos y, al día siguiente de aprobarse el nuevo modelo en diciembre de 2009, resulta que las liquidaciones de ese año obligaron a las comunidades a devolver mucho dinero. A partir de ese año, cuando se suponía que iba a haber más recursos para el Estado del Bienestar, los recursos para las comunidades cayeron. Frente a ese escenario, no se encuentran en la misma situación Cantabria, con ingresos un 30% superiores a los de la Comunitat Valenciana, que otras regiones como la valenciana o Murcia.
La Comunitat Valenciana ha tenido un doble ajuste, uno de naturaleza estructural, porque siempre ha tenido gastos bajos, y otro derivado de la crisis. Por lo tanto, esto no se puede encajar de la misma manera para todas las comunidades, como tampoco se pueden encajar de la misma manera los objetivos de déficit.

¿A cuánto asciende la deuda histórica generada por la infrafinanciación?

Una estimación prudente es partir desde 2001-02, cuando todas las regiones se ponen al mismo nivel competencial. En ese periodo, si los ingresos de la Comunitat Valenciana hubieran sido iguales a la media, con el mismo gasto, el resultado ha sido mayor deuda y mayores intereses. El último cálculo se sitúa en más de 14.000 millones de euros. Antes ya había infrafinanciación, pero la comparación se complica porque el nivel competencial no era el mismo...

¿Tiene sentido reclamar las cantidades anteriores?

Tiene sentido decir que el asunto viene de lejos e incluso hacer los números de lo que eso ha significado. Nosotros lo vamos a calcular como parte de la asistencia técnica que le prestamos a la Comunitat porque los números hay que ponerlos encima de la mesa. El origen del problema es que el Estado, antes de descentralizarse, no estaba desplegado al mismo nivel en todos los territorios, lo cual es una razón poderosa para no esperar gran cosa de la recentralización. Como la descentralización se llevo a cabo dando a cada comunidad el coste de los servicios que se transferían, allí donde el coste de los servicios era bajo porque el nivel de prestación era bajo, se transfirió poco. Además, en asuntos centralizados se siguen observando diferencias territoriales, como por ejemplo en las inversiones o en servicios judiciales. La idea de que la recentralización implica igualdad de trato depende de si las cosas se hacen bien o no.

¿Percibe disposición del Gobierno a condonar o a arreglar el tema de la deuda histórica?

No tengo información sobre eso. Anticipo que, en principio, la reacción será que cada palo aguante su vela. Pero si se ponen sobre la mesa argumentos de viabilidad financiera, de cómo retornar a la normalidad financiera, habrá que hablar del tema. La Autoridad Fiscal (Airef) ha elaborado documentos en los que se insinúan cosas en esta dirección.

Pero la Airef no ha tenido muy buena relación con el ministerio, al que no le ha hecho gracia que le señale este tipo de asuntos...

Se puede entender, pero desde una perspectiva técnica, se puede entender que el problema se señale. También organismos internacionales han señalado que este problema tiene difícil solución si no se habla de todo.

Y si no se incluye la solución de la deuda histórica, ¿la Comunitat debería rechazar el nuevo modelo?

La decisión de aceptar o rechazar le compete al Gobierno, que tendrá que ver de qué manera concreta se plantea la cuestión. Lo que sí puedo decir es que es difícilmente compatible la recuperación de la normalidad financiera sin abordar el tema del endeudamiento. Imaginemos un escenario con un tipo de interés del 3%, que sería bajo, y ello ya supondrían 1.200 millones solo de intereses sobre una deuda que es de más de 40.000 millones. Y para tener capacidad de reducir la deuda hay que tener superávit primario, es decir, después de descontar los intereses, y dedicarlo a amortizar el principal de la deuda...

Ocho comunidades lideradas por Galicia se han unido con un planteamiento opuesto a los intereses valencianos en asuntos como el statu quo o los recursos por habitante, ¿va a ser este el principal escollo de la negociación?

Ahora sucede que hay unas diferencias muy grandes de financiación por habitante. Los elementos que se utilizan para el cálculo de la población ajustada, teniendo en cuenta la demografía y añadiendo variables como la dispersión geográfica, la superficie y la insularidad, representan un 3% en el actual sistema. Parece poco, pero genera importantes diferencias porque están concentrados en pocas comunidades. Hay que discutir qué peso deben tener en la financiación estos factores no demográficos. Y hay que hacerlo con datos. La afirmación de que estos diferenciales de coste están infravalorados habrá que probarla.
Supongamos que nos ponemos de acuerdo en eso; la financiación por habitante ajustado debería ser la misma para todos y resulta que ahora no lo es por todo el lío de fondos que entran en el sistema. Hay un amplio reconocimiento de los especialistas de que esta maraña de fondos lo que hace es defender las posiciones de partida de quienes están en mejor situación, el statu quo. Puedo entender que las comunidades que están en ventaja quieran defender su posición relativa, pero eso no quiere decir que no haya que cuestionarlo. Porque hay argumentos de mucho peso para decir que eso no puede seguir así por muchas razones. Entre otras, que está siendo una fuente de inestabilidad en el modelo que ha derivado en inestabilidad institucional. Estoy convencido de que la deriva de Cataluña tiene mucho que ver con esto.

Pero Cataluña no está en principio tan mal financiada...

Cataluña ha llegado a situarse en la media después de haber estado tiempo por debajo. Pero hay otras regiones que están muy por encima de la media, del régimen común y por supuesto las forales. Cuando uno está en la media aspira a estar como los que están mejor. Para nosotros el objetivo es estar en la media, pero para otros es estar por encima. El mantenimiento de las diferencias es injustificado, tanto en las inexplicables diferencias en financiación por habitante ajustado entre las comunidades de régimen común, como las diferencias con las comunidades forales. El cupo es separable del convenio.

Cataluña y Baleares también han firmado una alianza para abordar este debate que tampoco coincide con los intereses valencianos...

No han puesto encima de la mesa su posición, pero Cataluña busca una relación bilateral. Hay diferencias entre ellas y la Comunitat porque su renta per cápita está por encima de la media y, por tanto, su capacidad fiscal es mayor. Mientras que la Comunitat Valenciana está claramente por debajo de la media española. Además, su posición en el sistema de financiación actual está en la media y la nuestra está por debajo. Es normal que haya puntos de vista e intereses diferentes, sin que ello quiera decir que no se pueda aspirar a compartir diagnósticos sobre salidas auténticas de los problemas, no salidas en falso.

¿Con las comunidades con las que más puede coincidir la Comunitat son Andalucía y Murcia?

En la situación en la que nos deja el modelo, claramente. A Castilla-La Mancha, tampoco le va bien.

Últimamente parece que Susana Díaz está en la línea de las peticiones de Ximo Puig, como la de romper el statu quo...

Creo que en ese punto se van dando pasos. El mantenimiento del statu quo es una forma de cerrar en falso las reformas. En ocasiones lo que se ha hecho es, además, respetar el statu quo de la forma más nociva posible en el sentido de que se han mantenido las posiciones relativas. Si los recursos adicionales se distribuyen de manera que las posiciones relativas se mantienen...

En cuanto a la Comunidad de Madrid y la polémica por le dumping fiscal, ¿qué solución podría tener esa competencia?

La competencia fiscal dentro de un país es un asunto muy delicado. Sobre todo cuando es a la baja. Una cosa es aumentar tipos para ofrecer más servicios, pero otra distinta es utilizar el margen de maniobra de comunidades como Madrid, con bases tributarias muy grandes, para rebajar tipos. Ese riesgo que se sabe que existe en abstracto, cuando se plantea en concreto existen razones de peso para ver cómo evitarlo. Esto no es nuevo, en el ámbito europeo ya hemos visto ejemplos de países relativamente pequeños que bajan los tipos de ciertos impuestos decisivos para atraer capitales.

¿Y cómo se resuelve? Porque las comunidades son contrarias a que se les reste capacidad normativa...

Efectivamente ahí puede haber tensión entre objetivos. Una fórmula es la armonización, pero con ello se reduciría el margen de las autonomías. Pero en economía se sabe que, si hay varios objetivos, difícilmente se resuelve un problema con un solo instrumento, se necesitan varios. En este caso, entre armonización y autonomía, hay que valorar los pros y los contras de primar una cosa u otra.

La armonización o la asimetría en la fijación de los objetivos de déficit, ¿puede ser materia de la negociación del nuevo sistema?

Podría considerarse definir un criterio para, mientras exista déficit, ver cómo se reparte. En el reparto que se ha hecho estos años, el porcentaje que se ha quedado la administración central ha sido mayor que su peso en el gasto público, lo cual le ha dado un mayor margen para proteger sus gastos frente a las comunidades, que al tener un margen de déficit menor no han tenido más remedio que ajustar sus gastos. La capacidad de proteger sus gastos de las administraciones centrales ha sido claramente superior a la de las administraciones territoriales. Después hay que ver cómo se distribuye entre comunidades, y en este caso tampoco se ha tenido en cuenta que los recursos del sistema de financiación con los que contaba cada una las colocaba en una posición distinta. Si la Comunitat Valenciana tuviera los ingresos de Cantabria, cubriría sus gastos sin problemas. Por lo tanto, parece razonable verlo de manera realista.
No es un elemento que típicamente se mete en los modelos, pero es cierto que el déficit no era un problema cuando se aprobaron los anteriores modelos. El porcentaje de déficit de las comunidades era insignificante hasta 2009. Creo que es un tema del que se debe hablar y debe haber acuerdos, pero si debe estar en el modelo o no, no sé decirlo.

¿Es factible que el modelo se aplique con efecto retroactivo?

Hay una razón para ponerlo encima de la mesa, ya que no haber revisado el modelo cuando se cumplieron los cinco años ha tenido consecuencias. Otra cuestión es que eso vaya a ser una propuesta fácilmente aceptada, pero ello no quiere decir que no se haya de poner encima de la mesa.

¿Y es factible aplicarlo al menos en 2017, si se aprueba en este ejercicio?

El modelo de 2009 se aprobó el 28 de diciembre con efectos de 2009. Precedentes existen.

La partida ficticia de 1.300 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat en 2017, ¿resta credibilidad a la hora de negociar?

El origen de esa partida es el statu quo y la permanencia del modelo de financiación durante más tiempo del que hubiera sido razonable. Es técnicamente heterodoxa, pero da respuesta a una situación que se decide no abordar. El modelo de financiación, que es un auténtico galimatías, es diabólico porque además del fondo de garantía, el fondo de suficiencia sirve para que les den más a las comunidades que ya tenían más y a la Comunitat para que devuelva 1.300 millones. Si no hubiera ese mecanismo, vendrían más recursos y no habría que pintarlos. No es ortodoxo, pero tiene una explicación razonable entre comillas por el mal funcionamiento del modelo.

Y si no tampoco se cuadra el presupuesto...

Esa es otra. Nos pueden decir que se reduzca el gasto, pero es que ya se gasta menos que los demás, ya se ha tocado hueso.

Pero en el último presupuesto ha habido un aumento de gasto en partidas que no son sanidad, educación y bienestar social como puede ser también la televisión pública, ¿puede perjudicar en la negociación?

El incremento del gasto en una situación tan delicada como esta, sea cual sea la dirección de ese incremento del gasto, pueden ser objeto de discusión. Desde luego, personalmente soy partidario de ser extremadamente prudente en el gasto. Dicho esto, el Gobierno puede ejercer sus prioridades como considere, pero creo que la prudencia en el gasto cuando hay problemas de recursos es una recomendación que hay que hacer.

¿Qué opina de la reforma fiscal para 2017?

No la he estudiado en detalle, pero la impresión es que persigue incrementar algo los ingresos, sin cambios espectaculares, y dar la señal de que la presión fiscal en la Comunitat Valenciana no está por debajo de la media a pesar de que el nivel de renta por habitante sí lo está. Y además de ese compromiso con el incremento de los ingresos hay un compromiso de redistribución de las cargas fiscales.

Su cargo de experto del Consell, ¿es retribuido o va dentro del convenio que firmó el Consell con el Ivie?

Ni una cosa ni la otra. El convenio con el Ivie, que no da pérdidas porque no se gasta nunca más de lo que ingresa, es para sostener los gastos derivados de la plantilla. Ni hay retribución ni se le espera.