Manolo Mata: "Es imposible que el SDDR pueda aplicarse antes de 2019"

VALÈNCIA. Manuel Mata (València, 1959) pasó de rebuscar entre leyes para defender a sus clientes a elaborarlas. Como abogado, consiguió ganar el famoso proceso del caso Maeso y otros conflictos legales relacionados con la Hepatitis B. Sin colgar las toga, empezó con 30 años su aventura política con cargos de peso. Asesor en el Parlamento Europeo y en Presidencia durante la etapa da Joan Lerma y concejal con Clementina Ródenas, se convirtió en referencia para un determinado sector del socialismo valenciano. Especialmente, en el ámbito local. 

Socio de la actual vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en el bufete de abogados, Mata se enfrentó a Joan Calabuig en 2010 para ser el candidato a derrocar a la popular Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València. La batalla, no obstante, la perdió por 159 votos. 

Apartado de la política durante la última legislatura del PP al frente del Consell, el entonces candidato del PSPV, Ximo Puig, lo repescó para su lista. Cuando la izquierda desbancó a los populares, Mata fue escogido síndic de la formación del puño y la rosa en Les Corts. Su habilidad dialéctica y su experiencia le han llevado a convertirse en uno de los apoyos del jefe del Ejecutivo valenciano. Aunque no hayan compartido sector en el PSPV en algunos procesos orgánicos. 

Alicante Plaza conversa con él sobre estos dos años de legislatura del Botànic, las leyes pendientes que debe tramitar el parlamento valenciano, el proceso independentista catalán, y la tensa relación con Podemos a cuenta de los Presupuestos de la Generalitat de 2018. 

-Apartado de la primera línea política cuando le llamó Ximo Puig para ocupar un puesto relevante en las listas socialistas, ¿Cómo han sido estos dos primeros años cómo síndic parlamentario del PSPV-PSOE? 
-A nivel personal, han sido los dos años más felices de mi vida. Yo siempre he pensado que la política en estado puro es acercarte al espacio de decisión. Se produce una combinación: estoy en el espacio central de decisión de la política valenciana, que son Les Corts, y en el espacio central de decisión, porque al ser síndico tengo mucha relación con el Gobierno.

-Pero presentó su dimisión... aunque Puig no la aceptara.
-Ahí hubo un momento muy delicado. La persona a la que yo le debo toda la lealtad, mi amistad y mi confianza política, hizo una apuesta personal en el que compiten dos personas. Él lo hace por una persona y yo lo hago por otra. A mí me parecía muy desleal estar aplicando mis convicciones en contra de la persona a la que le debo ser síndic. 

-¿Comparte la aplicación del 155 en Cataluña con las medidas que ha adoptado Rajoy? Sus socios en el Botànic se han manifestado en contra de la suspensión de la autonomía catalana.
-No. Creo que la aplicación del 155 es una situación tan excepcional como la previsión de la Constitución del estado de alarma. Otra cosa son que las barbaridades que ha hecho Carles Puigdemont y el laberinto en el que se ha metido, pudiera tener alternativas. La alternativa real era convocar elecciones. Y si no las convocaba, no quedaba otro camino que aplicar el 155...

-Como jurista, ¿qué valoración hace de la encarcelación de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart? ¿Ve proporcionada la medida decretada por la juez?
-Creo que no se dan los requisitos para determinar la prisión provisional. Espero y confío en que cuando lo vea la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, revise esa situación. No creo que haya riesgo de fuga de unas personas que quieren proclamar la independencia, con lo cual no querrán moverse de su casa; no creo que haya riesgo de destrucción de pruebas porque la policía hizo una labor eficaz y tiene lo que tiene. Tampoco creo que haya riesgo de reiteración delictiva, porque declarar la independencia no se hace todas las semanas. Eso se hizo en algún momento. Valorando el fondo del asunto, creo que no deberían haber entrado en prisión.

-Podemos advirtió esta semana que no aceptaría los Presupuestos de 2018. Cuando usted respondió que se prorrogarían, ¿contemplaba de verdad ese escenario?
-En primer lugar, las exigencias de nadie están en los presupuestos. Ni las mías, ni las de los consellers, ni las de los ciudadanos que tienen los presupuestos y las posibilidades limitadas. Me parece muy bien que ellos marquen su territorio, pero eso no puede ser el eje alrededor del cual gire la cuestión de que el presupuesto se apruebe o no. Hay un escenario que no es el deseable, que es el de la prórroga. Quien provoca la prórroga es quien no aprueba el presupuesto, y ellos tendrán que explicar por qué no bajan las tasas universitarias, por qué se bloquea el plan Edificant, por qué se bloquean determinadas ayudas... Lo único que quise es poner de manifiesto quién va a tener la responsabilidad final. Si a mi me amenazan con que no van a aprobar los presupuestos, pues digo que la sociedad funcionará con cuentas prorrogadas. Pero que sepan las consecuencias que tienen.

-Podemos plantea medidas como la aplicación de la tasa turística. ¿Aceptaría un gravamen, como se habló en principio, que tuviera flexibilidad municipal para poderse aplicar?
-Una tasa municipalizada podría ser viable. Nosotros tenemos un problema de paquetización. Cuando Benidorm negocia noches de hotel con touroperadores ingleses, como los precios son tan ajustados, especialmente, en época invernal y el margen de beneficio es muy corto, la tasa turística podría distorsionar. Con un impuesto municipalizado, Benidorm igual decide no aplicarlo. València, sin embargo, podría tener un ingreso extra para solucionar algunas de las disfunciones que crea el turismo. En limpieza, en seguridad, ruido... Siempre pongo como ejemplo Zurich. Cuando vas allí, te dan un billete de autobús. Si aquí se pagara una tasa turística y el Ayuntamiento en contrapartida les diera un billete de autobús, como eso no supone ni incremento de líneas, ni más gasto, ayudaría a reducir el déficit que tiene la EMT.

-El sector empresarial alega que ahuyentaría el turismo. ¿Usted ha dejado de ir a algún destino europeo por pagar la tasa turística?
-En absoluto. 

-¿Hay voluntad de incluirla en la ley de Turismo en la que trabaja Francesc Colomer? 
-No necesariamente. Si hablamos de una tasa municipal, podría contemplarse en la ley de Haciendas Locales, hay muchos mecanismos. Estañ dijo que harían una propuesta con la que todo el mundo estaría cómodo, y creo que se refiere a la municipalización. Pero es muy difícil aplicarla ya, porque si es municipal con un margen de maniobra municipal, lo lógico sería que una ley de haciendas locales permitiera que los ayuntamientos pudieran establecer sus propias ordenanzas, y entonces ya depende del ritmo que cada consistorio llevara. 

-Podemos exige la instauración del sistema de reciclaje de envases SDDR. En el Debate de Política General el PSPV rechazó la propuesta de resolución. ¿Cree que será posible implantarla antes de las elecciones de 2019?
-No. Es imposible que el SDDR pueda aplicarse antes de 2019. Y con rotundidad digo que no porque para eso hace falta una ley de desarrollo de extraordinaria complejidad, con mucha contestación tanto de asociaciones de consumidores como de empresarios del sector, y que, sinceramente, yo que he intentado analizar mucho el tema y conocerlo, no creo que sea una buena opción. Hay otras muchas. Estuve la semana pasada en una planta de reciclaje en Alcántara del Xúquer y vi que tecnológicamente es cada vez más posible que los desechos se acerquen más al 40% que al 80%. Además de que la propia consellera, Elena Cebrián, lo ve complicadísimo.

-¿Qué opinión le merece que Podemos quiera utilizar los 300 millones resultantes de las liquidaciones de las concesiones sanitarias para cubrir sus exigencias en los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2018?
-Eso supone para ellos renunciar a la reversión de las concesiones que podrían empezar a ejecutarse, sobre todo la de Dénia. Si ellos prefieren tener privatizada la sanidad en detrimento de otras cosas, es un tema suyo. Pienso que cuando hablan de mayor inversión en Educación, Sanidad y Servicios Sociales el compromiso es absoluto. Hay que ver hasta dónde podemos llegar y lo vamos a estirar todo lo que podamos. No creo que sea un problema de 300 millones, sino igual, por ejemplo, de 100. Ellos, por ejemplo, proponen incrementar los beneficiarios de los que no pagan copago farmacéutico, pero hay que estudiar qué supone eso. El año pasado se hizo un avance importantísimo para la gente que ganaba menos de 600 euros, pero si quieres trasladarlo a los que cobran menos de 1.000, tiene un coste muy elevado. Y es verdad que muchos de los tratamientos son cantidades muy pequeñas. Esas cantidades pequeñas, todas sumadas, nos darían para revertir el hospital. O para construir más colegios. 

-Usted medió en el reciente conflicto del IVO con la Conselleria de Sanidad, que parece que no está resuelto del todo... 
-Las negociaciones llevaron a que el IVO firmara el contrato. Y la Conselleria va a cumplir lo prometido que es que en tres días, cualquier ciudadano o ciudadana que esté enfermo de cáncer, pueda pedir la derivación al IVO. Y si no le contestan en tres días, irá al IVO. ¿Por qué? Porque creo que este centro de referencia internacional es como la joya de la corona sanitaria. Es verdad que la sanidad pública está en condiciones de suministrar las mismas prestaciones en la inmensa mayoría de los cánceres, pero como es una cuestión de fe, creo que lo que hemos hecho con el IVO es reconocer su labor histórica y reconocer que los ciudadanos tienen derecho a apostar por algo. Costará entre 55 y 58 millones al año, pero resolverá muchos problemas.

-¿Se atreve a mediar en el conflicto con Ribera Salud? Los pacientes no parecen descontentos con la gestión privada, ¿es una cuestión ideológica?
-Yo intento mediar en todo, hasta conmigo mismo. Pero el problema de Ribera Salud no es un conflicto ideológico ni de posicionamiento político. Ahí se les ha acabado la concesión. Cuando Llombart dijo que no se iba a renovar, Fabra dijo que tampoco, y entiendo que Ribera Salud dé una batalla mediática, política y social. Pero sinceramente creo que eso no tiene vuelta atrás. No cabe mediación. Lo que habría que hacer es rescindir el contrato con dignidad y que piensen que al final van a tener que ser un operador sanitario en el ámbito de la Comunidad Valenciana no vinculada a la Generalitat.

-Los empresarios, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), finalmente se han sumado a la manifestación por la financiación. ¿Cree que este movimiento puede cambiar la posición de PP y Ciudadanos?
-Deberían por lo menos pensárselo porque, al final, cuando estamos todos, no sólo los partidos políticos, sino también las asociaciones sociales y económicas, quedarse fuera no es bueno. Es un grito que debe ser atendido, y si ellos no gritan, igual no les oyen. A mí me gustaría que se sumaran.  

-¿Entiende que se sumen ambos partidos a los manifiestos pero sin embargo no acudan ninguno a la movilización y que, el PP en concreto, fuera a Cataluña con pancartas el pasado 8 de octubre y aquí diga que no solucionarán el problema?
-Es muy incoherente. Al final, todos necesitamos altavoces, los grupos sociales o la gente que tiene necesidades. A mí me parece muy bien que ellos se manifiesten para prohibir el matrimonio gay, o para pedir que haya más concertada cuando nos la quitaban, cosas que yo nunca asumiría. Pero cuando hablamos de una financiación justa para toda la Comunidad Valenciana, independientemente del gobierno que esté al frente, estamos reivindicando algo que todo el mundo tiene asumido. Esto no es una pelea de ricos. Somos una comunidad que ellos empobrecieron y que ahora necesita recuperar sus recursos.

-La manifestación, además, se produce cuando, según el president Ximo Puig, Cristóbal Montoro, le ha garantizado la reforma del sistema de financiación. ¿Tiene esperanza en la palabra de Montoro?
-Sí, he hablado con Montoro. La vez que hablé con él, salí con la convicción de que la condonación de la deuda estaba sobre la mesa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la deuda del Reino de España, incluyes la deuda de las comunidades y la cuantificación de eso te permite relacionarte con Bruselas diciendo: "mira, el déficit de mis administraciones es este, y la deuda que tengo es esta". Si a nosotros nos condonaran nuestro déficit histórico que puede ser del orden de 20.000 millones de euros, seríamos una comunidad que podría acudir a los mercados y que podría reestructurar financieramente su deuda. Ahora bien, cuando fue Puig la semana pasada no fue gratuito. Él le llamó. Y a los pocos días en el Congreso de los Diputados se comprometió a reformar el sistema, porque si no se hiciera, este es un Estado que revienta por las costuras. No puede ser que un ciudadano vasco sepa que va a tener mejores bibliotecas, jardines, aire, sistema sanitario, etc. que un valenciano. Cuando los socialistas abandonaron la Generalitat en el año 1995, cada ciudadano debía 600 euros al Estado. Después del Gobierno del PP, debemos 9.000 cada uno. Eso es impagable. 

-Con el acto de intimidación que realizó la extrema derecha y las amenazas a boicotear actos como el Aplec del Puig, ¿cree que la ultraderecha ha pedido el miedo a actuar, por el clima de cierta complicidad que puede existir con el desafío independentista?
-La ultraderecha española seguro que tiene unos porcentajes de respaldo popular parecidos a los de Austria, Alemania... El margen ese del 9%, sociológicamente está. Lo que pasa es que han estado muy cómodos en el PP, por lo que sea.  Creo que es la gran aportación a la tranquilidad democrática española, es que esa gente se ha sentido cómoda en el PP. Y digo que el Partido Popular es un partido democrático, de derechas y homologable a los europeos. Pero hay sectores que siempre han querido salirse de esa comodidad. Ahora, con  la situación catalana ha subido la tensión en la sociedad, y estos sectores reivindican esa posición con esperanzas de tener una plataforma electoral. Confiemos en que eso no pase.

-¿Hay peligro de que se pueda canalizar electoralmente?
-Claro que lo hay. Lo estamos viendo en Europa al darse una suma perversa: el empobrecimiento debido a la crisis que genera que sectores de la población se revelen ante el sistema. Esos, por ahora, se han refugiado en Podemos. Pero hay un problema, además, vinculado a la xenofobia, que realmente es la aporofobia, el odio a la pobreza. Si tú en la urbanización que vives hay un ciudadano mendigo extranjero, te genera un rechazo. En cambio, si va un jeque árabe, no. Eso hay que resolverlo. La suma de desesperación por la crisis puede articular una protesta social que tenga respaldo electoral por parte de algún movimiento xenófobo. Todos tenemos que hacer lo posible por frenarlo a tiempo, porque eso sí que pone en riesgo nuestra convivencia.

-¿Y con la bajada del listón electoral? 
-Nosotros intentamos resolver problemas como, por ejemplo, que el electorado de IU se haya quedado fuera sistemáticamente por no haber alcanzado el 5%, aun corriendo el riesgo de que la rebaja del listón puede contribuir a que fuerzas indeseables entren en el parlamento. Pero sí que creo que es necesario rebajar el listón, porque al final no puede ser que sectores de la población no estén en el parlamento y estén en otros ámbitos.

-Fran Ferri, síndico de Compromís, afirmó en una entrevista a este diario que estaría vigente para 2019. ¿Está a favor de bajar el listón al 3% y confía en que se aplique ya en 2019? 
-Creo que sí. Necesitamos el respaldo de algún grupo político y por lo que sé, Ciudadanos estarían dispuestos a aceptarlo. A lo mejor no con las expectativas que tenemos los demás, pero sí que sería un avance. Compromís era el encargado de hacer el borrador, que apostaban por la rebaja al 3% provincial, listas cremallera. Si esto último no está en el Estatuto y es la condición que pone Cs, habrá que ver cómo lo gestionamos. Aunque creo que llegaremos a un acuerdo.

-Otro debate abierto, a cuenta de la ley de coordinación de policías locales, es la creación de un cuerpo propio de la policía autonómica. ¿Que posición va a mantener el PSOE, ante la intención de Compromís de iniciar dicha cuestión?
-Vivimos realidades que son complejas. Hay municipios que solo tienen tres policías locales, o Yátova por ejemplo, que no tiene ninguno. Los mecanismos de cooperación entre policías locales con una autonómica que fuera fuerte, exigiría un cuerpo con mucha mayor coordinación que al final beneficia más a los ciudadanos. Eso es una propuesta que no es tan cara como nos están diciendo. 

-¿Comparte el diagnóstico que hizo Fran Ferri la semana pasada en Alicante Plaza de que habían cosas con las que no estaba de acuerdo que se habían hecho en la CVMC?

-Totalmente. Hay algunos temas vinculados con la contratación laboral o el no tener emisiones provisionales, son cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pero la apuesta del parlamento fue darles toda la independencia. Y pelearé hasta el final para que sean independientes. Así que cualquier insinuación de "vamos a criticarles, que vengan a Les Corts" u obligarles a hacer algo es intentar marcarles un camino por el que no hemos apostado.

-La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) rechazó los recursos de la Unió de Periodistes y de la Asociación de Prensa de Alicante. ¿Teme una imposible impugnación del proceso, por la paralización de la puesta en marcha de  Punt?
-Son decisiones que toman ellos en el marco de las atribuciones que les hemos dado. A mí me hubiera gustado que se hubiera abierto la puerta a gente más joven, que tiene otros perfiles... Pero también la ley, y fue una apuesta personal de Montiel, blindaba determinadas situaciones. Y los demás le votamos. La culpa no es de Montiel. Se trataba de resolver esa salvajada que fue el cierre ilegal y poner en marcha una nueva televisión. El baremo, en algunos aspectos, no me parece equilibrado. Ahora, también me parece muy bien que la Unió tome sus decisiones y defiendan sus derechos y que si no pueden llegar a un acuerdo, deban decidirlo los tribunales. Creo que se puede paralizar el proceso, pero también creo que cualquier tribunal que suspenda cautelarmente no frenará que continúe la televisión, sino que pondrá determinadas medidas cautelares que puedan ser revertidas en el futuro si prosperara el recurso.