MADRID. (EP) La cacereña Magdalena Valerio, hasta ahora secretaria ejecutiva de Seguridad Social y Pacto de Toledo del PSOE, será la nueva ministra de Trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez, según han confirmado en fuentes del entorno del nuevo jefe del Ejecutivo.
Entre los retos de Valerio al frente de Trabajo se encuentran seguir reduciendo el paro, la reforma de las pensiones y qué hacer con la reforma laboral del Gobierno del PP: si derogarla, mantenerla o 'retocarla'.
Nacida en 1959 en Torremocha (Cáceres), Valerio es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y es funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM y en sus inicios profesionales trabajó como profesora preparadora de oposiciones.
Valerio es actualmente la secretaria ejecutiva de la Seguridad Social y Pacto de Toledo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y, hasta ahora, ejercía como secretaria general de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha.
Valerio, que forma parte del 'núcleo duro' del equipo de Sánchez, ha sido concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara entre 1999 y 2005 y desde 2011 a la actualidad. De hecho, ha desarrollado la mayor parte de su carrera política en Castilla-La Mancha, como consejera de Trabajo y Empleo (2005-07); consejera de Turismo y Artesanía (2007-08) y consejera de Justicia y Administraciones Públicas (2008-10).
Diputada de las Cortes de Castilla-La Mancha (2007-10), también ha sido secretaria general de la Agrupación Local de Guadalajara de 2008 a 2012. Anteriormente fue delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara (1999-2003).
También fue diputada nacional en la X legislatura, desde 2011 hasta 2016, y antes ejerció como portavoz adjunta del Grupo Socialista del Congreso desde el septiembre de 2014 a octubre de 2015, y como portavoz adjunta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo entre enero de 2012 y septiembre de 2014.
Además, ha sido vocal de la Diputación Permanente entre 2014 y 2016; ha estado adscrita a la Comisión Constitucional, ha sido vocal de la Comisión de Justicia y Segunda de dicha Comisión y ha estado adscrita de la Comisión de Interior, además de haber sido vocal de la Comisión de Empleo y Seguridad Social y de la Comisión de Reglamento.
Igualmente, ha sido vocal de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad entre enero de 2012 y noviembre de 2014.
El paro y la reforma de las pensiones son los retos más importantes de la sustituta de la 'popular' Fátima Báñez. Aunque el desempleo se ha reducido en los últimos años, en España aún se encuentran en paro 3.252.130 desempleados, su nivel más bajo desde diciembre de 2008, de acuerdo con las cifras de paro registrado publicadas el pasado lunes.
Desde los máximos alcanzados en febrero de 2013, el paro se ha reducido en casi 1,8 millones de personas. En términos EPA, Valerio llega al Ministerio con 3.796.100 desempleados y una tasa de desempleo del 16,74%, frente al 22,56% del último trimestre de 2011, cuando Fátima Báñez asumió la cartera.
El Gobierno del PP se había marcado como meta llegar a los 20 millones de ocupados en esta legislatura y se marcha con 18.915.668 cotizantes, su mayor nivel desde octubre de 2008, tras un mayo de récord, en el que se ganaron 237.207 afiliados. Según cálculos de los 'populares', se ha recuperado ya el 82% del empleo destruido en la crisis.
Con la marcha del Ejecutivo del PP se ha quedado en el aire la reforma de los distintos programas de ayudas a parados de larga duración para unificarlos en lo que el Ministerio de Báñez había bautizado como Renta Complementaria de Desempleo (RED).
Báñez estaba trabajando con los agentes sociales y las comunidades autónomas para poner en marcha esta renta, dado que el Plan de Activación para el Empleo (PAE) y del Prepara expiraron el pasado 30 de abril. Así, a Valerio le tocará sacarla adelante.
Está por ver también si el presidente socialista derogará la reforma laboral que llevó a cabo Mariano Rajoy en 2012 como le piden los sindicatos o si la mantendrá, como demandan las patronales CEOE y Cepyme.
La ministra de Empleo saliente, Fátima Báñez, ya ha advertido a Sánchez de que si revierte la reforma laboral, la senda de creación de empleo podría "truncarse" y que "lo inteligente" sería conservarla, máxime cuando otros países de izquierdas "han copiado" la reforma española.
El otro gran reto de Valerio será la reforma de las pensiones. El Pacto de Toledo lleva meses negociando para intentar alcanzar un acuerdo, en medio de las protestas y movilizaciones de los pensionistas.
El colectivo reclama cambios en la actual fórmula de revalorización de las pensiones para ligarla al IPC, así como la desaparición del llamado 'factor de sostenibilidad', que debía entrar en vigor el próximo año pero que los Presupuestos han retrasado hasta 2023. Habrá que ver que hacen los grupos parlamentarios de la Comisión del Pacto de Toledo ante el cambio de Gobierno.
Con el Fondo de Reserva en unos 8.000 millones de euros (cantidad inferior a lo que le cuesta al sistema pagar una nómina mensual) y un déficit de la Seguridad Social de 18.000 millones de euros, el nuevo Gobierno tendrá que conseguir traducir a acuerdos los consensos que alcance el Pacto de Toledo, si es que finalmente los hay.
Y todo esto en medio de las movilizaciones de los sindicatos, que ya han avisado de que mantendrán la presión en la calle para conseguir sus objetivos.
En esta línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró ayer que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tiene que entender que hay mucha gente que "no tiene tiempo" porque no tiene donde vivir por los precios de la vivienda, porque no tiene empleo o porque las pensiones son "absolutamente miserables". "Todos somos conscientes de que mantener la tensión será un elemento clave para que los temas se resuelvan", ha añadido.
Por su parte, el líder de CC.OO., Unai Sordo, ha hecho hincapié en que la razón de estas movilizaciones tiene que ver con el mantenimiento de una senda sindical que tiene "dos patas muy claras".
Concretamente, ha explicado que las movilizaciones tienen la voluntad de que las organizaciones empresariales negocien y lleguen a acuerdos para subir los salarios y también de que se pongan en marcha medidas que atajen la "enorme temporalidad y precariedad que existe" en el mercado laboral español.
