VALÈNCIA. El pasado mes de enero, la Conselleria de Justicia constituía el Grupo de Coordinación Provincial de Valencia para implantar la Nueva Oficina Judicial. Un proyecto de la cartera de Gabriela Bravo "fundamental para la modernización de la administración de justicia" -en palabras del secretario autonómico, Ferrán Puchades- que pretendía optimizar recursos humanos y materiales, además de un uso generalizado de las nuevas tecnologías para agilizar el trabajo en los tribunales.
Dado que a partir de marzo, 31 juzgados contarían con el nuevo modelo de organización, la conselleria comenzó a formar a 50 funcionarios para que, a su vez, éstos iniciasen al resto de trabajadores de la Administración de Justicia –cerca de 4.500 personas- en el nuevo modelo y así familiarizarse con las herramientas organizativas.
Y es precisamente aquí donde ha surgido el punto de discordia. Si el proceso suscitaba recelo entre el personal funcionario, el material empleado para impartir los cursos de formación ha causado un fuerte malestar. Además de diversos power points explicativos sobre el nuevo sistema, el pasado 3 de mayo se proyectó en la Ciudad de la Justicia el vídeo Asterix y Obelix, la casa que enloquece.
Un fragmento de la película Asterix y Obelix. Las doce pruebas del César (1985), que muestra a los personajes principales acudiendo a una administración a pedir un modelo de solicitud que les permita registrar un bien. Una vez allí, se encuentran con personal que les atiende de forma ineficaz: una persona mayor que no escucha bien, mujeres tras la ventanilla haciendo punto de cruz, pintándose las uñas, comentando cuánto trabajan sus maridos, o una secretaria que columpia a su jefe, son alguna de las escenas que se muestran durante los 10 minutos que dura el clip.
Fue la la portavoz de Justicia del PPCV en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, la que alertó tanto a los sindicatos como a la Generalitat. El lunes presentó una inciativa en Les Corts pidiendo el video y, ante ello, al día siguiente la Generalitat llamo para la retirada, según explica la diputada. También lo puso en conocimiento de los sindicatos, algunos de los cuales se sumaron a la petición de retirada.
Ante el malestar generado, desde la Conselleria de Justicia alegan que se empleó para "amenizar la formación" y explicar la "imagen que quizá la ciudadanía tiene y que se quiere erradicar, además de que se circula hacia una administración moderna y eficaz". No obstante, después de mantener una reunión con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) este lunes con el subsecretario de Justicia, Francisco Cabo, trasladaron que no volverán a proyectarlo si alguien pudo sentirse ofendido.
El sindicato, por su parte, asegura que el "problema principal no es la predisposición del personal a trabajar", sino tener que hacerlo "con aplicaciones que fallan o con ordenadores que tienen más de 10 años". Por ello, subrayan que lo que necesitan para "ser ágiles son más medios que permitan modernizar de verdad las rutinas".
Además de denunciar estos hechos, María José Ferrer San-Segundo, pidió este martes la dimisión de la consellera Bravo por el "colapso informático" en los juzgados y solicitó "la paralización" de la implantación del programa Cicerone tal y como ya solicitó hace meses.
Cabe apuntar, que el nuevo sistema informático pretendía reducir el uso del papel en los tribunales, de manera que se pudieran presentar escritos de forma telemática y las pilas de papeles desaparecieran con la puesta en marcha de nuevos equipos informáticos de doble pantalla en las sedes judiciales. No obstante, la diputada popular recurrió a quejas que se han registrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de juzgados como el de Carlet el pasado 2 de mayo en el que denuncian que el sistema "falla todos los días".
Añaden, además, que hay "días en los que la mitad de la jornada el programa ha estado inoperativo", o que en una misma jornada "el programa se cierra, no graba los documentos, las páginas se quedan en blanco o el ordenador se bloquea más de cinco minutos por cada operación que realiza", por lo que pide que se adopten "las medidas oportunas para solucionar este problema".
"Tras las protestas de los trabajadores, Bravo no ha tenido más remedio que rectificar y se ha interrumpido su implantación en Valencia demostrando que cuando desde el PP denunciábamos el caos en la gestión de los Juzgados teníamos razón", aseveró San-Segundo tras solicitar la comparecencia urgente de la consellera.