VALENCIA. La Federación de Promotores Inmobiliarios y agentes urbanizadores de la Comunitat Valenciana ha pedido a la Generalitat poner en valor suelo estancado en la Comunitat que está destinado a Vivienda de Protección Pública (VPP), antes llamada Vivienda de Protección Oficial (VPO). Según explica su secretario general, Jesualdo Ros, han tenido varias reuniones con conselleria de Infraestructuras y Vivienda donde se les ha expuesto que existe suelo para entre 45.000 y 60.000 viviendas protegidas que no se utiliza desde hace años y piden que se pueda hacer de vivienda libre o al menos se flexibilicen sus condiciones.
¿El motivo de que no tengan demanda en esos suelos? Algunos no tienen vocación de primera residencia, como las zonas turísticas, o en el municipio no existe la necesidad de VPP. Reconoce que uno de los ejemplos más claros puede ser la reciente aprobación en Torrevieja del Plan Parcial La Hoya con la previsión de suelo, en primera línea de playa, para la construcción de cerca de 2.000 viviendas protegidas, que se unirá al resto de "suelos improductivos" de que dispone el Ayuntamiento.
Por otro lado, es posible que haya demanda de primera residencia pero no se ajusta a los requisitos establecidos por la legislación vigente para VPP. El ejemplo más habitual es que un porcentaje de los demandantes cumple con los requisitos exigidos pero el resto no puede acceder debido a que sus ingresos familiares exceden de los límites establecidos. Y es que, según la ley estatal, todas las construcciones en estos suelos deben tener un 30% de vivienda de protección oficial, por lo que los promotores no se arriesgan a no poder venderlas y en consecuencia no construyen en esas zonas.
¿Cómo solucionar los aspectos legales? Desde la federación proponen varias opciones. En primer lugar, acogerse al principio de equidistribución de beneficios y cargas. "La autorización para la construcción de viviendas libres en estas reservas de suelo sin ningún tipo de compensación supondría el incumplimiento de este principio. Como solución se propone una compensación económica al Ayuntamiento, a cargo del propietario, en función de la edificabilidad y del valor catastral del suelo", exponen.
La remodelación de la ley en 2014 impulsó la eliminación de la reserva obligatoria de VPP hasta el 28 de junio de 2017 con vistas a dar salida al stock actual, sin embargo era necesario un informe que lo justificara con carácter bastante restrictivo por lo que, según explica Ros, solo ha sido utilizado una vez en toda la Comunitat, en un edificio anexo a un campo de golf.
Por otro lado, proponen un Plan de Vivienda Valenciano, ya que la legislación vigente impide que las reservas de VPP puedan destinarse a otro fin. Entre sus propuestas, la limitación del precio máximo de venta y renta, aunque sin exigir el resto de requisitos actualmente exigidos para las promociones de protección y sin ayudas económicas salvo las que establezca GVA para supuestos de emergencia social.
Además, proponen que en la oferta pública de venta, durante el plazo de seis meses desde antes de iniciar la construcción, tenga preferencia el comprador que cumpla los requisitos exigidos por la vigente legislación de VPP. "Transcurrido el plazo de seis meses la única limitación será el precio máximo de venta o renta", señalan.
Los beneficios que destacan son los ingresos directos para el municipio como consecuencia no solo por la venta de suelo, sino por la compensación económica a cargo del propietario para cumplir con el principio de beneficios y cargas, además de atender las necesidades de compra y de alquiler de vivienda de un sector más amplio de la sociedad.
