Antonio Olmedo. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El concurso presentado la semana pasada por el Consell para la construcción de viviendas en suelo público no ha gustado a los promotores valencianos. ¿La razón? que solo puedan concurrir entidades cooperativas sin ánimo de lucro, quedando excluidas el resto de sociedades mercantiles. Así lo explica a Valencia Plaza el presidente de la Federación de Empresas Promotoras y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana (Feprova), Antonio Olmedo, que considera que “debería haber libre concurrencia”.
“Creo que es un error aplicar una restricción previa en función del tipo de sociedad. Debería primar la libre concurrencia y la transparencia”, afirma el dirigente, que considera que la exigencia de concurrir como entidad cooperativa “no tiene sentido”. “És comprensible que el Consell busque un determinado tipo de producto y un rango de precios, pero no que marque el camino para llegar a ese propósito. ¿Y si hubiera fórmulas de entidades de otro tipo que pudieran lograrlo? ¿por qué apartarlas?”, se pregunta el empresario.
Como informó este diario, el concurso, presentado el pasado jueves por la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sól (EVha), el antiguo Eige, persigue la construcción de viviendas protegidas de alquiler en siete parcelas públicas. Los terrenos, que se encuentran en las localidades de Gandia, Alzira, Torrent, Alicante, Alcoi, Sant Joan y Torrevieja, permitirán la creación de alrededor de 180 residencias.
La cesión de los solares se hará únicamente a cooperativas sin ánimo de lucro, si bien cabe la posibilidad de que concurra cualquier firma antes de haberse constituido como tal. Las cooperativas que resulten adjudicatarias explotarán los activos por un periodo de 75 años en régimen de derecho de superficie. Transcurrido este periodo tanto las viviendas construidas como el suelo formarán parte, de pleno derecho, del parque público de la Generalitat. Los pliegos "saldrán próximamente en el DOGV", según explicó la EVha.
Como ocurre con la construcción de cualquier complejo residencial a manos de una cooperativa, el procedimiento para acceder a una vivienda de estas promociones será hacerse socio de la sociedad que construya el edificio, en este caso con la particularidad de que los socios serán inquilinos, no propietarios.
Se trata, según explicó el Consell, de un modelo poco explotado en España pero habitual en determinadas ciudades europeas como Amsterdam o Hamburgo, donde las personas se asocian para la construcción -a su gusto- del complejo residencial en el que vivirán como inquilinos.
En el caso del concurso que lanza el Consell, el proceso está ideado para hacerlo con viviendas protegidas, de modo que la renta de las viviendas deberá ser asequible para permitir a los socios cooperativistas pagar alquileres inferiores a los precios de mercado.
El fondo de reserva que se le exigirá a los socios será de seis meses, y el 50% de los integrantes deberá pertenecer a colectivos preferentes, tales como víctimas de violencia de género, mayores de 60 años o menores de 35 años. Para acceder a unas de estas viviendas no se podrá disponer a una renta superior a 4,5 veces el IPREM y la cuota mensual a abonar a la cooperativa no podrá superar el 30% de sus ingresos.
El secretario autonómico de Vivienda, Josep Vicent Boira, defendió al respecto que el cooperativismo “está viviendo un nuevo impulso bajo la etiqueta de cohousing” y que “en países como Francia y Austria permite dar respuesta a la necesidad de vivienda”. "Esta fórmula introduce instrumentos para ayudar el problema del alquiler a determinados grupos como el de los jóvenes", dijo.
La directora general de la EVha, Helena Beunza, explicó que un comité de expertos analizará las propuestas, en las que se valorará especialmente "la calidad del proyecto desde el punto de vista arquitectónico y de integración urbanística, su adecuación medioambiental y tipología de las viviendas y del edificio a los colectivos a los que va destinado". También se valorará la propuesta colaborativa o de vida en comunidad, teniendo en cuenta los servicios y actividades que la cooperativa preste o posibilite en los espacios comunes.
La directora general de Vivienda, Rebeca Torró explicó que se trata de un proyecto piloto para ver cómo responden las cooperativas, pero el objetivo "es poder ampliar este modelo a otros municipios en los que la Generalitat disponga de suelo y que también se puedan sumar los ayuntamientos". "Ofrecemos una política de vivienda que dé respuesta a diferentes colectivos", indicó.
