VALÈNCIA. La Entitat Valenciana d'Habitatge i Sól (EVha), el antiguo Eige, presentó este jueves el primer concurso, destinado a cooperativas sin ánimo de lucro, para la construcción de viviendas protegidas de alquiler en siete parcelas públicas. Los terrenos que se cederán en este primer concurso permitirán la creación de alrededor de 180 residencias.
Así lo explicaron el secretario autonómico de Vivienda, Josep Vicent Boira; la directora general de la EVha, Helena Beunza; y la directora general de Vivienda, Rebeca Torró; que precisaron en la rueda de prensa que los solares en los que tendrán lugar estos primeros desarrollos por parte de cooperativas se encuentran en las localidades de Gandia, Alzira, Torrent, Alicante, Alcoi, Sant Joan y Torrevieja.
La cesión de los solares a las cooperativas sin ánimo de lucro que resulten adjudicatarias será por 75 años en régimen de derecho de superficie. Transcurrido este periodo tanto las viviendas construidas como el suelo formarán parte, de pleno derecho, del parque público de la Generalitat. Los pliegos "saldrán próximamente en el DOGV", según explicaron.
Como ocurre con la construcción de cualquier complejo residencial a manos de una cooperativa, el procedimiento para acceder a una vivienda de estas promociones será hacerse socio de la sociedad que construya el edificio, en este caso con la particularidad de que los socios serán inquilinos, no propietarios.
Se trata, según explicó el Consell, de un modelo poco explotado en España pero habitual en determinadas ciudades europeas como Amsterdam o Hamburgo, donde las personas se asocian para la construcción -a su gusto- del complejo residencial en el que vivirán como inquilinos.
En el caso del concurso que lanza el Consell, el proceso está ideado para hacerlo con viviendas protegidas, de modo que la renta de las viviendas deberá ser asequible para permitir a los socios cooperativistas pagar alquileres inferiores a los precios de mercado.
El fondo de reserva que se le exigirá a los socios será de seis meses, y el 50% de los integrantes deberá pertenecer a colectivos preferentes, tales como víctimas de violencia de género, mayores de 60 años o menores de 35 años. Para acceder a unas de estas viviendas, no se podrá disponer a una renta superior a 4,5 veces el IPREM y la cuota mensual a abonar a la cooperativa no podrán superar el 30% de sus ingresos.
Josep Vicent Boira explicó que la cesión de suelo a cooperativas era uno de los compromisos que el Consell adoptó en el Seminari de Govern-Hivern 2018 y que representa "un paso hacia la colaboración entre el sector público y el privado para afrontar la necesidad de alquiler asequible, sin que se pierda patrimonio público".
El secretario autonómico insistió en que el cooperativismo está viviendo un nuevo impulso bajo la etiqueta de cohousing y en países como Francia y Austria permiten dar respuesta a la necesidad de vivienda. "Esta fórmula introduce instrumentos para ayudar el problema del alquiler a determinados grupos como el de los jóvenes ", dijo.
La directora general de la EVha, Helena Beunza, explicó que un comité de expertos analizará las propuestas, en las que se valorará especialmente "la calidad del proyecto desde el punto de vista arquitectónico y de integración urbanística, su adecuación medioambiental y tipología de las viviendas y del edificio a los colectivos a los que va destinado". También se valorará la propuesta colaborativa o de vida en comunidad, teniendo en cuenta los servicios y actividades que la cooperativa preste o posibilite en los espacios comunes.
La directora general de Vivienda, Rebeca Torró explicó que se trata de un proyecto piloto para ver cómo responden las cooperativas, pero el objetivo "es poder ampliar este modelo a otros municipios en los que la Generalitat disponga de suelo y que también se puedan sumar los ayuntamientos". "Ofrecemos una política de vivienda que dé respuesta a diferentes colectivos", indicó.