VALÈNCIA. La crisis sanitaria generada por la covid-19 hizo que desde distintos sectores volviera ponerse en tela de juicio el tamaño que tiene actualmente la Administración del Botànic II. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, instó al Consell de Ximo Puig a reducirla para ahorrar gastos y poder destinar más ayudas a sectores afectados por la pandemia. El propio president de la Generalitat anunció semanas atrás en una entrevista en À Punt que el próximo año las consellerias deberán hacer "más, con menos"; o lo que es lo mismo, que 2021 será un año austero, de contención del gasto. Sin embargo, lejos de reducirlo, el Consell va a aumentarlo porque tiene previsto sumar más altos cargos.
Los tres grupos parlamentarios que integran el tripartito -PSPV, Compromís y Unides Podem- y la consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez Garijo, presentaron este lunes la nueva Ley de Transparencia. Una normativa que se inspira en la de Gobierno Abierto iniciada por el primer gobierno del Botànic que no pudo ver la luz porque el adelanto electoral la hizo decaer y que introduce importantes cambios respecto a la norma en vigor. Especialmente, en lo que respecta a la composición, dedicación y salario de los miembros que componen el Consejo de Transparencia.
La ley elaborada por las formaciones que sostienen al Consell y la Conselleria de Transparencia propone que los consejeros pasen a ejercer su cargo con "dedicación exclusiva" y "tengan consideración de altos cargos con rango de director general". Es decir, el tripartito quiere profesionalizar este órgano y que sus componentes, que ahora compatibilizan el puesto con sus respectivas profesiones y reciben dietas por cada reunión a la que acuden -normalmente con periodicidad mensual-, perciban un salario de más de 58.000 euros brutos anuales.
Cabe apuntar que el pasado mes de junio la Conselleria de Participación y Transparencia sacó a exposición pública una modificación del proyecto decreto del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana para aumentar las compensaciones que recibían los integrantes de este órgano por cada encuentro celebrado. Citas por las que el presidente recibe una dieta de 400 euros al mes, mientras el resto de consejeros perciben 300 euros.
Actualmente, el Consejo de Transparencia está integrado por cinco miembros: Ricardo García Macho, a propuesta de Podem en la pasada legislatura, ocupa la presidencia; Carlos Flores, vocal a propuesta del PPCV, es Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia; Lorenzo Cotino también es vocal del órgano a propuesta de Ciudadanos; Sofía García Solís fue la candidata a vocal propuesta por Compromís en la legislatura pasada cuando Isabel Lifante abandonó el cargo; y Emilia Bolinches, a propuesta del PSPV, es la cuarta vocal del Consejo.
La Conselleria dirigida por Rosa Pérez Garijo proponía que el presidente incrementara su indemnización en un 50% y los vocales un 66%. Es decir, instaba a aumentar la cuantía en más de la mitad para que Macho percibiera 600 euros por cada cita y el resto de integrantes sumaran al menos 500 euros. Ahora, sin embargo, PSPV, Compromís y Unides Podem proponen que tengan rango de director general y, por tanto, pasen a cobrar casi 60.000 euros al año.
Pero no es el único cambio que proponen respecto a la ley en vigor. Socialistas, valencianistas y morados proponen reducir el número de consejeros para que pasen de los cinco que son actualmente, a tres. Integrantes que deberán ser elegidos por Les Corts Valencianes cada cinco años para evitar que su renovación coincida con citas electorales y, por tanto, su independencia política no quede en entredicho.
Asimismo, con ello también desligarán el número de consejeros de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara. Una cuestión que incomodaba a los miembros del Consejo, dado que en la legislatura pasada había cinco partidos en el Parlamento y la misma cantidad de representantes en el citado órgano porque cada formación designó a uno de ellos. Esta era una condición que irritaba a los miembros, que sentían que, de nuevo, se cuestionaba su independencia.
El recorte de número de integrantes, no obstante, no supondrá una reducción del gasto público. Todo lo contrario. Con este cambio propuesto resultará necesario que el presupuesto destinado a este organismo pase prácticamente a duplicarse, ya que en 2020 la partida que el Consell reservó para el Consejo de Transparencia fue de 100.000 euros. Sin embargo, el sueldo de tres directores generales per se suma en torno a 180.000 euros brutos anuales. Es decir, prácticamente el doble, que será destinado únicamente a nóminas, a las que habrá que sumar las cotizaciones sociales. A esto, además, deberá añadírsele el presupuesto reservado para el resto de capítulos, por lo que se prevé que los fondos para este ente aumenten de forma significativa.
Ahora bien, si bien es cierto que esta nueva ley conllevará un mayor coste de este organismo en el Presupuesto de la Generalitat, también lo es que con toda probabilidad el tripartito tendrá mayor dificultad para encontrar candidatos de gran nivel que quieran ocupar estos puestos. Esto es porque en la legislatura anterior el Botànic designó a profesores de distintas universidades valencianas que han podido compatibilizar el ejercicio del cargo de consejeros con la docencia, por lo que la percepción de dietas era conciliable con su salario.
Un sueldo que, en la mayoría de casos, es superior al de director general. Sin embargo, ahora deberían aplicarse un régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Consell y no podrían cobrar un sueldo universitario, por lo que a muchos de ellos no les compensaría económicamente este cambio.
El próximo mes de diciembre se cumplirán cinco años del nombramiento de los actuales consejeros, por lo que Les Corts Valencianes deberán renovar a los componentes de Consejo. Los candidatos propuestos deberán tener al menos diez años de experiencia profesional y sumar un apoyo de tres quintas partes de la Cámara, por lo que no basta con los votos del Botànic II. Deberán apoyarse al menos en un grupo más, por lo que parece lógico que los partidos del Consell propongan a dos de los tres candidatos y la oposición presente al tercero.