VALÈNCIA. El juicio por la presunta financiación irregular del PP de Valencia comienza este lunes después de casi nueve años de investigación. En el banquillo, además de varios empresarios y miembros del partido de la gaviota, el ex vicepresidente del Consell Vicente Rambla; el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa -absuelto junto a Camps en el juicio de los trajes-; la mano derecha de éste en el PPCV, David Serra, y la exgerente del partido Cristina Ibáñez que se enfrentan a más de siete años de prisión.
El problema para ellos es que el principal cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, dio la última vuelta de tuerca la semana pasada con su confesión ante Anticorrupción dentro de esta pieza que juzga desde hoy el presunto ‘dopaje’ electoral del PP de Francisco Camps, lo que daría validez a las confesiones ya prestadas por varios empresarios que han admitido haber financiado irregularmente al PP que hizo presidente a Camps, en las autonómicas de 2007, y a Rajoy en las generales de 2008. Su idea es conseguir una rebaja de las penas solicitadas, 24 años de cárcel, dentro de la pieza que afecta a la financiación irregular del PP valenciano para que no haya ninguna superior a los tres años.
Pero esa confesión no es baladí, ya que se supedita a una posible rebaja de los seis años que le cayeron por malversación en la pieza de Fitur, pues Correa deberá cumplir el triple de la mayor de las penas que reciba y no todos los años a los que sea condenado en las diferentes causas judiciales que tiene abiertas. Eso querría decir que, por ahora, su pena a cumplir es de 18 años, pero por si consigue una rebaja en el Supremo no quiere arriesgar otras penas de cinco o seis años.
Sin embargo, tal y como ha podido saber Valencia Plaza y salvo un cambio de última hora, los principales investigados del PP valenciano han decidido seguir con su estrategia primigenia de solicitar la absolución, todo ello pese a que todos los empresarios salvo uno han confesado y, además, Correa con su asunción de responsabilidades pone a los imputados al borde de un precipicio. Todos ellos siguen pensando que tienen suficiente defensa para conseguir ser absueltos y, junto a sus estrategias, confían en la declaración del empresario que niega haber participado en la presunta financiación irregular, un empresario que está acusado por la acusación popular ejercida por el PSOE pero no por la Fiscalía.
Por el contrario, las acusaciones no creen que la declaración de ese empresario les sirva de ayuda, ya que el resto de trabajadores de ese empresa sí que han llegado a un pacto con Anticorrupción y ha declarado haber financiado al PP. Las respuestas comenzarán a saberse a partir de esta mañana, cuando a las diez de la mañana comience uno de los juicios más esperados del año.
El juicio
El juicio que comienza esta mañana tendrá 22 sesiones repartidas en tres meses y es la tercera de las piezas referidas a Valencia dentro del caso Gürtel que será juzgada. Las dos anterior son la conocida como el caso de los trajes, en la que Camps y Costa fueron absueltos -Víctor Campos y Rafael Betoret fueron condenados mediante conformidad-, y Fitur, que supuso la primera gran condena para los cabecillas y que terminó con la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez condenada a nueve años de cárcel y el también popular Rafael Betoret, a seis.
En el banquillo se sentarán, además de los políticos anteriormente mencionados, otras 16 personas, entre las que destacan los empresarios que han admitido el 'dopaje' electoral del PP. Las penas a las que se enfrenta van desde los 27 años de prisión que se piden para Álvaro Pérez o los 24 años y 6 meses a los que se enfrentan los otros dos cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo, todos ellos en prisión tras la condena en la pieza de Fitur, a los 7 años y nueve meses que piden para Ricardo Costa, Rambla, Ibáñez y Serra.
Foto: EFE
