Ximo Puig, tras la reunión de la Comisión Mixta Consell-Corts sobre financiacón autonómica. Foto: GVAVALÈNCIA. La quita a la deuda autonómica provocada por la falta de financiación del Estado se ha convertido en uno de puntos de desacuerdo más importantes de la reforma del sistema de financiación autonómica. La Comunitat Valenciana ha liderado esta reivindicación desde la época del Gobierno de Fabra, pero al actual presidente, Ximo Puig, empiezan a fallarle los apoyos en Les Corts, empezando por el propio PPCV.
En estas circunstancias, la batalla se presenta complicada sin la unanimidad en Les Corts porque, al contrario que otras reivindicaciones valencianas, la mayoría de la comisión de expertos que elaboraron el informe sobre financiación autonómica está en contra, "sin excepción alguna", de perdonar un solo euro de los préstamos, "con independencia de su volumen acumulado y de las causas que hayan motivado su solicitud".
Ante ello, el experto designado por la Comunitat Valenciana, Francisco Pérez, defendió en un voto particular la necesidad de una quita. El director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) no se limita a justificar la necesidad de la quita, sino que propone "orientaciones" de distinto alcance para la reestructuración de la deuda pública autonómica. Y aporta cifras.
Frente esta opinión, los expertos designados por Madrid y Canarias emitieron a su vez un voto particular exclusivamente destinado a reforzar la negativa de la comisión de expertos a cualquier quita. El motivo, que en el mismo informe se recoge la opinión de la minoría según la cual sería necesaria una quita que "debería evitar, en todo caso, cubrir la parte del endeudamiento diferencial de las CCAA derivada de una mayor propensión relativa al gasto, pues en esta parte se concentra claramente el problema de riesgo moral".
El más contundente es el experto de la Comunidad de Madrid, Jorge Onrubia Fernández, profesor del Departamento de Economía Aplicada (Hacienda Pública y Sistema Fiscal) de la Universidad Complutense de Madrid. "Mi posición es totalmente contraria a la aprobación de planes de reestructuración que incluyan cualquier tipo de condonación, quita o amortización del principal de los pasivos financieros asumidos originariamente por las Comunidades, así como a la bonificación o subvención de las cargas financieras por debajo del coste medio de la deuda emitida por el Estado", afirma en su voto particular.
Onrubia cree que "además de no recomendable desde un punto de vista económico, por los múltiples problemas de riesgo moral y comportamiento estratégico que comporta, incluidos los costes de reputación en los mercados financieros para los países que optan por ese tipo de soluciones, resulta completamente injusta". Añade que, a su juicio, se invoque la equidad como una justificación "de manera oportunista".
El experto, asociado a Fedea, pone como ejemplo de comunidad perjudicada por una eventual quita a Madrid, que goza del efecto capitalidad. "Si se terminasen condonando esas deudas, los ciudadanos de una Comunidad Autónoma que, como Madrid, destina anualmente a la solidaridad interregional vía nivelación más de 3.400 millones de euros y afronta pagos de intereses de su endeudamiento por encima de 800 millones de euros, tendrían que asumir nuevos pagos de intereses por las deudas que el Estado pudiese absorber de ciertas Comunidades. Sinceramente creo que esta posibilidad no parece un paradigma de equidad al que debamos aspirar", concluye.
Onrubia propone como solución para las CCAA con "una deuda insostenible un programa de ayuda financiera extraordinaria, que debe operar de forma complementaria con el plan de reestructuración del endeudamiento que se acuerde". Y pone como ejemplo el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), "creado por el Consejo Europeo en 2011 para hacer frente a este tipo de situaciones dentro de la zona euro", que se está aplicando a Portugal y Grecia, aunque el experto solo cita el caso del país luso.
El experto canario, Arturo Melián González, profesor titular del Departamento de Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es menos beligerante con una posible quita, y de hecho admite que podría ser necesaria para facilitar la vuelta de las CCAA a los mercados financieros.
Sin embargo, rechaza de plano el tramo de la quita que, según la propuesta minoritaria de los expertos, "cubriría los incrementos de deuda derivados de las insuficiencias de financiación relativas padecidas por algunas comunidades y que, pese a que sus gastos primarios homogéneos han sido inferiores a la media por habitante ajustado, debido a esa infrafinanciación tengan mayores dificultades para volver a los mercados".
En su opinión, si se hiciera así "se podría incurrir en una penalización a aquellas CCAA que, a pesar de tener una financiación inferior al promedio, han registrado un menor aumento de su deuda pública por haber implementado medidas de mayor alcance ya sea en el ajuste de sus gastos o para la elevación de sus ingresos tributarios".
Melián pone el ejemplo de comunidades como Canarias, que siendo una de las CCAA con financiación por habitante por debajo de la media entre 2009 y 2015 aumentó su ratio de deuda sobre el PIB un 11,9%, frente al 28,8% de la Comunitat Valenciana o el 29,9% de Castilla-La Mancha, que se sitúa casi en la media en cuanto a financiación por habitante.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
