ALICANTE. La Cámara de Alicante y la patronal CEV Alicante han querido visualizar la unidad empresarial, con Uepal, como un miembro más, con un documento que recoge las 10 infraestructuras prioritarias para la provincia de Alicante, y que, a su juicio, cualquier diputado o partido con representación en esta circunscripción, debería atender y respaldar en futuro presupuestos tanto del Estado como de la Generalitat Valenciana. Las reivindicaciones son de sobra conocidas, pero como han apuntado tanto el presidente de la Cámara, Juan Riera, como el de la CEV Alicante, Perfecto Palacio, han querido establecer una prioridad a la hora de reclamar su posible ejecución. De todas ellas, hay una que tras las elecciones será prioritaria: cuál debe ser el futuro de la autopista AP7, la que consideran como la joya de la corona. Y para ello proponen que se establezca una Mesa de Diálogo, tras las elecciones, y en la que participen tanto los partidos políticos, los empresarios y los principales representantes de la sociedad civil tanto de Alicante, como de la Comunitat Valenciana.
Los empresarios no han aventurado una solución, pero sí que parecen avalar las tesis del estudio que realizó Ineca en abril de 2018. No en vano, el técnico que ha elaborado el decálogo de las inversiones prioritarias es el mismo, el profesor Armando Ortuño, de la Universidad de Alicante. Ese estudio describía varios escenarios, desde la liberalización total, que es lo que ocurrirá a partir de enero de 2020 si no se corrige esa decisión, a los peajes blandos para descongestionar la N-332 y con el dinero que se recaude, destinar a la construcción de otras infraestructuras claves para todo el territorio de la Comunitat. Además, ese informe parte de que el peaje de la segunda circunvalación de Alicante -que es una de las autopistas rescatadas- debería desaparecer para aliviar la actual autovía A-70.
Informe Ineca: un 'peaje blando' en la AP-7 a partir de 2020 liberaría 270 millones para inversiones
Ahora bien, los empresarios son partidarios de un debate sosegado y no contaminado por la actual contienda electoral. A su juicio, se debería de convocar a todos los agentes afectados por la decisión, tomar una decisión consensuada e intentar que las instituciones, tanto la Generalitat Valenciana, como el Ministerio de Fomento la aplicaran. En su opinión, la autopista AP7 puede ser una generadora de recursos que puede paliar la falta de inversión, necesaria para otras infraestructuras, que harían de Alicante un territorio más competitivo.
Y es que una de las conclusiones de las que parte el estudio Alicante Horizonte 2020-2030. Necesidades de Infraestructuras en la provincia de Alicante -elaborado por un equipo de trabajo encabezado por Armando Ortuño, director de Ineca, con Jairo Casares Blanco y Vicente Mateu Valero como colaboradores, y patrocinado por La Caixa- es que la provincia de Alicante acumula un déficit inversor, tanto por la Administración General del Estado como de la Generalitat Valenciana. El estudio cifra en 2.896 millones de euros lo que la provincia ha dejado de recibir en inversiones y, propone, como alternativa, una inversión de casi 4.000 millones, para la ejecución de esas 10 obras consideradas prioritarias.
El proyecto del Tren de la Costa València-Alicante asumiría más de la mitad de esa posible inversión al aglutinar 1.648 millones de euros. Además, se habla del eje Alicante-Elche, con una conexión con el aeropuerto y con un coste de 295,4 millones. Para el Alcoi-Xàtiva se habla de una necesidad de inversión de 22 millones de euros, y de 216 para finalizar el Corredor Mediterráneo. Finalmente, en materia ferroviaria se reclaman 105 millones de euros para el Intercambiador ferroviario de mercancías del Sur de la Comunitat Valenciana en San Isidro.
En cuanto a las inversiones en carreteras, se apuesta por el tercer carril de la Autovía A-70 entre Alicante y Elche con un coste de 105,4 millones; la duplicación de la Carretera CV-95 Orihuela-Torrevieja por 446 millones; el tercer carril A-31 Elda-Monforte del Cid, por 162 millones; y la duplicación de la variante de Torrevieja, con 30,5 millones previstos.
Pese a que el informe detallas los costes de éstas 10 obras, también se recogen, de forma pormenorizada, las 319 infraestructuras físicas necesarias para alcanzar el nivel de bienestar social y el desarrollo socioeconómico que corresponde a la Comunitat Valenciana, en función de su población ajustada y PIB.
Y se basa en el trabajo Alicante Horizonte 2020, de la Cámara de Alicante, presentado en el año 2009, donde se planteaban un análisis de la situación basado en corredores y, diez años después, se ha analizado la situación actual, que en algunos casos no ha variado.
El presidente de la Cámara, Juan Riera, ha expuesto que la provincia tiene la circunstancia de repartir su actividad "a lo largo de todo el territorio, de todas sus comarcas, con una riqueza productiva que nos coloca entre las primeras de nuestro país". Por este motivo, ha considerado que "las infraestructuras deben responder a esa idiosincrasia y por tanto a las demandas de los sectores y de la sociedad para facilitar el desplazamiento de personas y mercancías".
Por su parte, el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, ha recordado que "un déficit de inversión en infraestructuras puede suponer un importante cuello de botella, un lastre para aumentar la productividad y los niveles de competitividad de las empresas alicantinas, y un hándicap para alcanzar un crecimiento económico sólido y la ansiada generación de empleo".