VALÈNCIA. ¿Podemos mantener las autopistas sin pagar un peaje? ¿Se mantienen correctamente las autovías? ¿Puede la economía española soportar los costes de renovación de las infraestructuras viales actuales y futuras? El ministro de Fomento en funciones, el valenciano José Luis Ábalos, ha vuelto a reconocer que "es necesario buscar una fórmula que garantice el mantenimiento de las autovías", que tienen un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros para los20.000 kilómetros actuales (y subiendo). A los que habrá que incorporar los kilómetros de autopistas que está previsto "liberalizar" en los próximos dos años. Porque si el todavía ministro cuestiona los recursos del Estado para mantener las autovías, ¿cómo va a asumir el Gobierno las autopistas que quiere liberalizar, entre otros, los 373,84 kilómetros de la AP7 que teóricamente levantarán las barreras en enero de 2020?
Los retos de la financiación y la gestión de las infraestructuras viarias en España, tras la primera liberalización de una autopista el pasado enero y el final de otras dos concesiones en seis meses, ha llevado al Consejo General deEconomistas a publicar recientemente un documento con las conclusiones del encuentro "La inversión, financiación y gestión de infraestructuras de transporte", organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Su presidente, Valentín Pich, asegura en este documento que "se han subestimado los costes de mantenimiento" de las infraestructuras viarias y que hay que "actuar desde la responsabilidad colectiva, para sentar las bases de futuro de un modelo que garantice un funcionamiento de nuestras infraestructuras de transporte que resulte eficiente, sostenible en el tiempo y que cumpla con los estándares medioambientales y de seguridad".
El máximo dirigente del Consejo de Economistas se muestra muy contundente en sus manifestaciones publicadas en este documento: "No es momento de hacer demagogia (…) Hablar de infraestructuras es hablar de financiación". Y se hace la pregunta "del millón": "Ante una posible supresión de los peajes, ¿nos alcanzarán los recursos para financiar la conservación de las carreteras e invertir en nuevas infraestructuras?"
Llegado este punto, Pich compara el caso de España con el de otros países de Europa. "El caso español es excepcional; el pago por uso de vías de alta capacidad está generalizado en toda Europa". En concreto, añade, en España sólo se paga por el uso en el 23% de nuestra red, mientras que en la casi totalidad de países deEuropa lo hacen en el 100%. "La relación directa entre uso y pago prevalece en todos los países de nuestro entorno, lo que permite a sus ciudadanos interiorizar costes -con las implicaciones económicas, políticas y sociales que esto conlleva- y, a la vez, ser más exigentes con los servicios que reciben".
El director de la jornada que propició la redacción del documento y vicepresidente del Consejo General de Economistas, Pascual Fernández, reflexiona sobre la caída de la inversión en Infraestructuras. Recuerda la fuerte caída de la inversión pública de los últimos años. "Con datos de la Contabilidad nacional, en el año 2017 la inversión pública se situó en 23.188 millones de euros. Con anterioridad a la crisis, en el año 2007, la inversión pública se situó en 50.201 millones de euros", asegura.
"Algunos pueden pensar que ya se ha invertido bastante en infraestructuras en los últimos años, pero la realidad es que el porcentaje sobre el PIB actual es incluso insuficiente para el mero mantenimiento de las infraestructuras instaladas y hay una gran necesidad de ampliación en muchos ámbitos (agua, medio ambiente, etc)", asegura Fernández. E insiste: "La capacidad financiera de las administraciones públicas está muy limitada por el fuerte esfuerzo engasto social y la necesidad de consolidar nuestro déficit público en el marco del programa de Estabilidad".
Con respecto al modelo de financiación de la red viaria de alta capacidad, el vicepresidente de los Economistas asegura que "nuestro modelo de financiación y de gestión de la red no está suficientemente definido ni resulta coherente". Alo que añade que "la oportunidad de darle coherencia se produce en este momento: el vencimiento de la concesión de buena parte de las autopistas de peaje, así como la situación presupuestaria actual han reabierto el debate del pago por uso en las infraestructuras viarias. Pero también la necesidad de recuperar el ritmo inversor público, utilizando fórmulas de concesión que no impongan los costes de construcción y de mantenimiento sobre los Presupuestos públicos, sino que dichos costes se trasladen a los usuarios de las infraestructuras".
Para ello propone un "debate sosegado y participativo, que acabe con un acuerdo entre los principales partidos políticos que garantice Planes de Inversión alargo plazo estables y que nazcan con vocación de continuidad". "Por todo ello, sería muy deseable alcanzar un acuerdo institucional entre los principales partidos políticos en materia de financiación de infraestructuras", concluye.
